En la localidad de Casilda, Santa Fe, todas las personas que cometan delitos viales podrán cumplir sus condenas realizando controles de alcoholemia, participando en charlas sobre conducción responsable de vehículos o realizar tareas administrativas y de asistencia técnica vinculadas a la gestión de trámites del área de Tránsito o del Tribunal de Faltas.
El intendente de la localidad de Casilda, Juan José
Sarasola, y el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA),
Julio De Olazábal, firmaron un convenio para que todas las personas que cometan
delitos viales paguen sus condenas participando de controles de alcoholemia u
otras actividades desarrolladas por el municipio destinadas a crear conciencia
para la prevención de accidentes.
Por lo tanto, todos los imputados en hechos
culposos vinculados a faltas viales podrán desarrollar, a través del sistema de
probation o suspensión del juicio a prueba, trabajos comunitarios no remunerados
a favor del Estado o de instituciones públicas. Esta modalidad se trata de una
medida sancionadora por la cual se debe cumplir una regla de conducta.
Puntualmente, esta resolución prevé que los
imputados puedan intervenir en controles de alcoholemia, participar en charlas
o jornadas sobre conducción responsable de vehículos o realizar tareas
administrativas y de asistencia técnica vinculadas a la gestión de trámites del
área de Tránsito o del Tribunal de Faltas.
"Los imputados por siniestros viales reciben
condenas que no son de cumplimiento efectivo por la cantidad de tiempo que la
ley establece para ese tipo de delitos, por lo que con ese tipo de iniciativa
se busca que quienes están sindicados como responsables de haber causado
lesiones leves, graves, o gravísimas puedan cumplir con tareas que les sirvan a
ellos y a la sociedad en su conjunto", expresó Sarasola.
Por su parte, De Olazábal puntualizó en la
importancia de este convenio ya que contribuye a "optimizar las
respuestas" contra el delito, y aseguró que "la elaboración de estrategias comunes
favorecen al esclarecimiento del hecho y después la punición en (beneficio) de
toda la población"
"La posibilidad de tener a los imputados en
delitos culposos trabajando en el territorio y que podamos estar enseñando o
mostrando como el gobierno local se preocupa en evitarlos nos parece una
oportunidad única para el infractor y un mensaje claro para la sociedad sobre
cómo queremos trabajar en el restablecimiento de los vínculos y para que los
familiares de las víctimas tengan la posibilidad de abordar el duelo permanente
desde otra perspectiva", afirmó Patricia Ferraretto, subsecretaria Legal y
Técnica del municipio.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/75417/noticias/los-imprudentes-no-van-presos.html
