El nuevo sistema digital Lex100 ya se encuentra en pleno funcionamiento en el ámbito de la Justicia Federal. Sin embargo sigue siendo objeto de duras críticas. Desde el fuero Laboral señalan que atrasa el trabajo y ya hubo varias denuncias por el hackeo del sistema. El Consejo de la Magistratura tomó cartas en el asunto.
El futuro ya no es lo que solía ser, decía el
escritor y científico Arthur Clarke. La frase puede ilustrar un poco la
actualidad del sistema digital Lex100, que funciona para la gestión de
expedientes en el Poder Judicial. Es que el expediente electrónico, pensado
para que los Tribunales finalmente lleguen al siglo XXI y terminen con aquella
sentencia de que “la Justicia lenta no es Justicia”, se transformó en una
quimera para abogados y funcionarios judiciales.
El Lex 100 da un paso adelante y dos atrás. Hoy en
día, notificar una resolución simple como una constitución de domicilio es un
trámite que no tarda más de cinco minutos, cuando antes podía tardar semanas
entre la confección de la cédula y el diligenciamiento. La nota electrónica le
soluciona la tarea a los abogados que los martes y viernes se encontraban en un
frenesí de Juzgados para evitar que se les notifique una resolución “ministerio
legis”. El adjuntar un escrito en formato PDF permite que los letrados no
tarden tiempo en una mesa de entradas esperando ver o retirar un escrito
presentado por la contraparte.
Pero del otro lado, el sistema aparece lento, se
sobrecarga e impide que los usuarios "suban" información al instante,
lo que implica un mayor cúmulo de tareas. El fuero de Trabajo es testigo y
víctima del mismo: se encuentra colapsado y el sistema electrónico le duplica
las funciones. Los Juzgados tardan tres meses en sacar un despacho simple, lo
que se traduce en una mayor extensión de los juicios y el consiguiente retardo
de Justicia que afecta a los justiciables, que tienen que esperar, con este
ritmo, un año más hasta cobrar una sentencia, y a los propios letrados, que
deben aguardar para cobrar sus honorarios.
El resultado: tras varios reclamos e incluso
peticiones formales por parte Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, la Corte Suprema tomó cartas en el asunto y ordenó que el fuero se
intervenga, disponiendo la creación de 91 nuevos cargos y exhortando al Consejo
de la Magistratura a que apure los concursos para los Juzgados del Trabajo. El
fuero Civil, con menos problemas, tampoco es ajeno a la problemática.
Sin embargo, sobre el problema del uso del Lex 100,
la Corte no se pronunció, aunque en el último tiempo el sistema se puso en el
ojo de la tormenta, gracias a que se denunciaron hackeos a bases de datos y
fallas en los sorteos de causas, como ocurrió cuando la causa Nisman arribó al
fuero federal.
Un poco de
historia
La implementación de medios electrónicos y
digitales es un proyecto que tuvo su paso inicial en 2011, con la sanción de la
Ley 26.685, que autoriza “la utilización de expedientes, documentos, firmas,
comunicaciones, domicilios electrónicos y firmas digitales en todos los
procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de
la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus
equivalentes convencionales”, y le da a la Corte y al Consejo de la
Magistratura la facultad de hacer las reglamentaciones pertinentes.
Poco tiempo, después, la Corte dictó la Acordada
31/2011 en la que dio el primer paso a la digitalización, anunciando la
instalación de un Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE),
exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. El
proceso inicialmente sólo abarcó los expedientes en trámite ante el Máximo
Tribunal y en 2013 se extendió a toda la Justicia Federal.
En ese tramo, la Corte dictó las acordadas 3/2012,
8/2012, 29/2012, 14/2013, 15/2013, 24/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 43/2013,
2/2014, 6/2014, 11/2014 y 3/2015 que continuaron con la reglamentación del
sistema. La última fue objeto de críticas porque fue el paso definitivo para la
digitalización del sistema.
La última, la Acordada 3/2015, que puso en pleno
funcionamiento el expediente digital, fue impugnada en distintas ocasiones
tanto desde la Unión de Empleados del Poder Judicial de la Nación y del Colegio
Público de Abogados de la Capital Federal. La institución que comanda Jorge
Rizzo recibió una avalancha de quejas por las fallas del sistema, fue por ello
que la Acordada, prevista para mayo de 2015, no se puso en funcionamiento sino
hasta mayo último.
Las críticas se escuchan con sólo caminar
tribunales, especialmente en lo referido al fuero del Trabajo. Los letrados
denuncian que el fuero, colapsado ya por el cúmulo de expedientes, se encuentra
atrasado por la implementación del sistema. Incluso en Facebook se creó una
cuenta “decile no al Lex100 en el Poder Judicial de la Nación”.
Las quejas también se oyen desde el propio gremio
de judiciales. Claudio Sciolini, Secretario General de la Comisión Interna del
Fuero del Trabajo, le señaló a Diario Judicial que el sistema “no está pensado
para el fuero Laboral, ya que la Justicia del Trabajo funciona de oficio, lo
que implica un mayor cúmulo de tareas para los juzgados”.
Entre otros problemas, Sciolini mencionó las fallas
en la conectividad, lo que implica que el sistema “se cuelga”, lo que dificulta
la tarea de todos los operadores de la Justicia.
“El sistema no es malo en sí, sino que funciona con
dificultades, nosotros solicitamos que en el fuero del trabajo se haga una
prueba piloto con tres Juzgados, para probar cómo funciona, pero se decidió
implementarlo a todos los Juzgados”, expresa Sciolini, quien reconoce que hubo
avances en el funcionamiento del sistema y
que, bien implementado, el Lex 100 ayudará al servicio de Justicia, pero
que ello no ocurre en la actualidad.
Denuncias de
hackeo
En abril, luego de que se resolviera que la causa
en la que se investiga el fallecimiento del ex fiscal Alberto Nisman pasara al
fuero Federal, hubo un extraño error al momento de sortear que juzgado tenía
que tramitar el expediente, lo que originó la realización de una denuncia por
parte del titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun.
Fue gracias a que la secretaria General de la
Cámara, Susana Echevarría, puso en conocimiento de Martín Irurzun de que hubo
una falla en el Sistema de Gestión al designar el Juzgado de Sebastián
Casanello,
Sin embargo, Echavarría denunció que al momento de
realizar el sorteo la máquina en la que se operaba el registro “sólo mostró que
el sistema estaba en proceso para luego indicar ‘fallo en la transacción’, sin
dejar de señalar que se hallaba en proceso de asignación en la oficina actual”.
La secretaria puntualizó luego que “el sistema de
gestión del expediente judicial nunca indicó la asignación de ningún juzgado
del fuero en las circunstancias en las que debió hacerlo”, por lo que procedió
a un segundo sorteo, en el que resultó designado para tramitar la causa el
juzgado de Julián Ercolini.
Irurzun, en el entendimiento de que la falla
acontecida en el Sistema de Gestión de Expediente Judicial pudo significar “una
alteración que configure un delito de acción pública” realizó la denuncia.
Pero no fue un hecho aislado, otros dos casos de
posible hackeo ocurrieron en el ámbito de la Justicia Federal de Corrientes. En
la localidad de Paso de los Libres, se detectó que el sistema era monitoreado
externamente. No sólo eso, también se borraron registros de sueldos de
magistrados y empleados del Poder Judicial de la Nación.
Esa circunstancia
fue oportunamente denunciada por la magistrada que subroga el Juzgado
Federal de esa localidad, Lucía Pozzer Penzo, quien puso en conocimiento de la
situación a la Cámara Federal de Corrientes. Según informó la agencia Télam,
Gendarmería se está encargando del asunto y se encuentra analizando desde qué
dispositivos externos se accedió al sistema.
En principio, estos dos casos le costaron el cargo
al Coordinador Técnico de la Dirección General de Tecnología, Gabriel Mehlman,
el último 13 de junio. El Administrador General, Juan Carlos Cubría fue quien
lo echó por la "gran cantidad de inconvenientes técnicos en los diferentes
sistemas",
La resolución de la Administración General n°
1652/2016, a la que accedió Diario Judicial lo explica en duros términos “en
fecha 6 de mayo del corriente año, la Dirección General de Tecnología tomó conocimiento, mediante correo
electrónico remitido por la responsable del Centro de Cómputos de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes, que la computadora utilizada por la titular de dicho Juzgado había sido
vulnerada, hecho que quedó comprobado mediante una pericia realizada por
agentes de la Gendarmería Nacional”.
Pero además “en
la semana del 6 al 10 de
junio del corriente año han ocurrido gran cantidad de inconvenientes técnicos en los diferentes sistemas que utilizan las
distintas dependencias que se encuentran en el
ámbito de la Administración
General Poder Judicial de la Nación, los
que ocasionaron la pérdida de valiosa información y horas de trabajo de los
recursos humanos pertenecientes a las mismas”.
Sin embargo, finalmente Mehlman logró volver al
cargo gracias a que el Consejo de la Magistratura – con voto de la mayoría-
sostuvo que Cubría no tenía facultades para despedirlo sin antes poner en
consideración al pleno del órgano.
Lo que viene
Hubo varias reuniones en el Consejo para tratar el
tema. En febrero el presidente del Cuerpo, Miguel Piedecasas, recibió a
directivos de las empresas que ganaron la licitación para implementar el
sistema, entre los que se destacó el empresario Eloy Gómez Gutiérrez, cabeza de
la empresa Base 100.
La licitación que ganó la empresa de Gómez
Gutiérrez es un capítulo aparte. Existe una denuncia en la Justicia Federal por
“irregularidades” en la licitación, que costó 70 millones de pesos, cifra que llega
a 200 millones más si se tiene en cuenta el gasto de insumos y material
tecnológico. Al parecer el software de gestión judicial que se compró ya
pertenecía al Poder Judicial. La causa tramita ante el Juzgado Criminal Federal
n° 4, a cargo de Ariel Lijo.
A raíz de las irregularidades en el sorteo de
causas, se puso en marcha una investigación interna dentro del ámbito del
Consejo y también hubo nuevas reuniones en el Cuerpo para tratar el tema.
La primera fue el 19 de mayo, donde Mehlman dio
explicaciones sobre el funcionamiento del Lex 100, la segunda fue el 21 de
junio, luego del despido del director de tecnología. En esta última oportunidad
Mehlman “prosiguió respondiendo las inquietudes
sobre el funcionamiento del
mencionado sistema y todos los presentes estuvieron conformes en la mejora que
se había producido desde el 19 de mayo próximo pasado en que se celebró el
primer encuentro”, según detalla la web del Consejo, y que tras ello “se
estableció que frente a cualquier otra dificultad específica, se convocaría a
la celebración de una próxima reunión para satisfacer las necesidades de todos
los actores que son usuarios del sistema en cuestión”.
Hubo otra reunión realizada el último jueves, donde se discutieron alternativas para la mejora del sistema. Fuentes del Consejo le indicaron a Diario Judicial que en la misma se hizo hincapié en la necesidad de implementar la fibra óptica para que el sistema funcione adecuadamente, lo que implicaría a priori un gasto cercano a los 10 millones de pesos. Parte de este gasto lo costearía el Ministerio de Justicia de la Nación. En la reunión no se habló de los plazos para que el proyecto se ponga en marcha.
Fuente: http://www.diariojudicial.com/nota/75544
