Los compañeros de un detenido evitaron una tragedia. Las denuncias de los familiares.
“¡No pasó nada! ¡Estamos todos bien!”, gritó desaforado uno de los
presos mientras era requisado en la entrada de la Alcaidía de la Dirección
General de Investigaciones. Horas antes, un compañero intentó realizar una
protesta que pudo haber terminado en tragedia.
Cerca del mediodía, mientras pintores le daban una lavada de cara al
deteriorado edificio de Junín al 800, en el interior se estaba por desatar un
infierno. En uno de los pabellones, un recluso intentó quemar un colchón para
protestar porque le habían dictado la prisión preventiva en una causa de
tentativa de homicidio. Los otros detenidos apagaron el fuego, pero no pudieron
evitar que el revoltoso se cortara el brazo. Por esa herida, fue trasladado al
Centro de Salud.
Una fuente judicial confirmó que en el momento en el que se desató el
principio de incendio en el lugar estaba ocupado por unos 79 hombres, a pesar
de que la capacidad de los dos calabozos que funcionan allí es de 42. También
se informó que, luego de este incidente, unos 15 arrestados fueron reubicados
en diferentes seccionales de la capital y que en ese lugar quedaron finalmente
alojados 64.
La ruidosa esquina de Junín y Sarmiento, con el correr de los minutos,
se transformó en el punto de encuentro de los familiares de los detenidos. Iban
de un lado a otro esperando encontrar una respuesta sobre el estado de salud de
sus seres queridos. “Ellos nos dicen que la están pasando muy mal. No dicen que
no tienen camas, sino que no hay colchones y duermen tirados en el piso y las
cucarachas les pasan por el cuerpo”, comentó María Laura Díaz, esposa de uno de
los hombres que allí estaban alojados.
“Está bien, se mandaron una macana y ahora la están pagando, pero no
los pueden tratar como perros. No sólo que no tienen dónde dormir, sino que
además muchas veces ni siquiera les llega la comida que les llevamos
diariamente”, se quejó Soledad, pareja de un detenido que participó de los
incidentes.
Vieja polémica
Los fiscales Adriana Gianonni y Diego López Ávila habían logrado que
se dictara un hábeas corpus correctivo a favor de todos los detenidos en
dependencias policiales y del personal que los custodia, luego de que dos
presos fallecieran en junio del año pasado en un intento de motín en la
comisaría de Yerba Buena. La Corte Suprema de Justicia de la provincia instó al
PE que paulatinamente vaya trasladando los reclusos al penal de Villa Urquiza,
planteo que no se cumplió totalmente. Sí se iniciaron obras que ya deberían
haber sido inauguradas. La capacidad del presidio, que actualmente es de 1.140
reclusos, pasará a casi 2.000, según confirmó Regino Amado, ministro de
Gobierno, Justicia y Seguridad.
Los fiscales también elaboraron un informe de la situación de cada una
de las comisarías. En diciembre pasado pidieron la clausura de las seccionales
5ª y 10ª -días antes de este planteo se habían fugado tres detenidos en la
dependencia que está en Villa 9 de Julio- que se su sumaron a la de Marti Coll
y a la 11ª.
Sin embargo, en una acordada del 4 de diciembre, la Corte decidió
quitarles el control del avance del hábeas corpus a los fiscales y otorgárselo
a la Oficina de Derechos Humanos y Justicia para que realice un seguimiento más
exhaustivo de la situación.
En abril pasado, Lourdes Bascary, encargada de esa oficina, señaló a LA GACETA que el número de detenidos en dependencias policiales bajó de 700 a 400, pero a su criterio, seguía siendo alto, en relación a la orden que partió de la Justicia el año pasado para que todas las personas alojadas en comisarías sean trasladadas a penales.
Fuente: http://m.lagaceta.com.ar/nota/689352/policiales/motin-ex-brigada-donde-habia-espacio-para-42-presos-habia-79-detenidos.html
