Impulsado por el diputado
kirchnerista Héctor Recalde,
y con el voto afimativo de la mayoría de los bloques parlamentarios –con
excepción del PRO–, un proyecto de ley para crear una "Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la
Reparación y el Fortalecimiento de las instituciones de la Democracia"
fue aprobado en septiembre pasado por la Cámara de Diputados con el objetivo de
determinar los "actores económicos y técnicos que contribuyeron o se
beneficiaron" con la dictadura militar y le dieron "apoyo económico,
técnico, político, logístico o de otra naturaleza".
Desde la UIA, IDEA y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, rechazaron el proyecto que dispone que la comisión deberá publicar un informe dentro de los 180 días desde su constitución para lo que los legisladores podrán requerir información tanto al Poder Ejecutivo y a sus organismos dependientes, como a entidades autárquicas, empresas, organismos no gubernamentales y fuerzas armadas y de seguridad.
El proyecto sostiene que entre las atribuciones de la comisión se encuentra "formular propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices, y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas". Además, podrá "instar a quienes determine como cómplices económicos de la última dictadura militar a reconocer voluntariamente su participación, formular disculpas y desagravios a los afectados por sus acciones y a ofrecer mecanismos de reparación de daños causados (...), lo que en ningún caso extinguirá las acciones judiciales que por derecho pudieran corresponder".
El directorio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), expresó su "preocupación" pues "a juicio de IDEA, el contenido del referido proyecto resulta inconstitucional en tanto y en cuanto le otorga a una Comisión Bicameral del Congreso, facultades y funciones jurisdiccionales reservadas exclusivamente al Poder Judicial de la Nación".
Mediante un comunicado de prensa, la Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su rechazo al señalar que el Poder Judicial "es el único poder con facultades constitucionales para administrar Justicia". Para la central industrial, "cualquier investigación sobre el particular que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden". "El derecho de defensa y la independencia de quienes deben juzgar los eventuales ilícitos solamente pueden ser garantizados mediante procesos realizados por el Poder Judicial, ya que éste es el único Poder con facultades constitucionales para administrar Justicia".
También el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires consideró que el proyecto "violenta expresas disposiciones constitucionales". Según el comunicado, "si bien la potestad legislativa para crear comisiones investigadoras ha sido reconocida desde los orígenes de nuestra organización institucional, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, con la finalidad de dilucidar cuestiones relacionadas con el objeto específico de su mandato constitucional, éstas en ningún caso pueden usurpar funciones que han sido constitucionalmente otorgadas a otros poderes del Estado. En particular, aquellas asignadas al Poder Judicial, a quien corresponde, en forma exclusiva, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes de la Nación".
Fuente: http://www.infobae.com/2015/10/05/1760276-abogados-y-empresarios-preocupados-un-proyecto-aprobado-diputados
