Gandur rechazó expresiones del ministro fiscal sobre el funcionamiento del poder judicial. Por medio de un parte de prensa, el titular del alto tribunal rechazó que la Justicia sea responsable de la seguridad.
Lo primero que hicieron los vocales de la Corte
Suprema de Justicia de Tucumán después del receso de invierno fue sentarse a
hablar sobre los últimos comentarios de Edmundo Jiménez, titular del Ministerio
Público Fiscal y Pupilar. El resultado de ese diálogo entre Antonio Gandur
(presidente), René Goane y Antonio Estofán -Claudia Sbdar está de licencia
mientras que Daniel Posse no asistió al alto tribunal- es un parte de prensa
firmado por la presidencia del cuerpo que sugiere que el jefe de los fiscales
distorsiona la realidad y confunde.
La respuesta de Gandur actualiza las tensiones
existentes con Jiménez desde hace más de un año. La semana pasada, el ministro
público designado por el alperovichismo en 2014 convocó a los periodistas para
decirles que había regresado antes a trabajar debido a que la situación de la
Justicia se había agravado y que advertía “un cambalache”.
“Las declaraciones de Jiménez podrían instalar en
la opinión pública una distorsionada imagen del funcionamiento del Poder
Judicial en cuanto invoca una situación de colapso que es ajena a la realidad
de la Justicia local”, expresó Gandur. Tras manifestar que reconocía el trabajo
de jueces, funcionarios y empleados, precisó que la tasa de resolución de
conflictos era positiva en los fueros civiles. En cambio, Gandur admitió que la
relación entre los asuntos ingresados y terminados era baja en el fuero penal,
en parte por las características propias de este ámbito, donde basta una simple
denuncia para iniciar un expediente. El jefe de los Tribunales locales reiteró
que se habían tomado medidas para atender esta situación, como reformas legales
en vías de implementación, incremento de personal y adquisición de tecnologías
requeridas por el propio Jiménez.
Gandur refutó al ex ministro de Gobierno y Justicia
de José Alperovich en cuanto a la función de la Justicia respecto de la
seguridad. “En el diseño de un modelo republicano y democrático de gobierno, el
Poder Judicial asume la investigación y el juzgamiento de los delitos recién
cuando ellos se producen. Por ello, la pretensión de que el Poder Judicial se
ocupe íntegramente de la seguridad pública excede las competencias
constitucionales y puede confundir a la sociedad sobre las responsabilidades
institucionales que corresponden a cada poder del Estado”, opinó el magistrado.
Desproporción
presunta
“No tenemos elementos suficientes para dar una
respuesta, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: la Justicia está
enferma y esto lo vemos a través de muchos hechos que se manifiestan como ser
la justicia por mano propia (...). Mientras la Justicia no funcione, no va a
haber seguridad”, había expresado Jiménez el martes pasado, en su despacho. El
jefe de los fiscales y de los defensores oficiales había añadido que la Corte
debía tomar decisiones para salir de la crisis y que él venía trabajando en esa
dirección desde su llegada al Ministerio Público.
Jiménez reprochó que hubiese sólo tres juzgados de
Instrucción cubiertos en la capital (los otros dos están vacantes) y nueve
camaristas para revisar lo que aquellos hacían. Gandur desmintió esa
información y dijo que había pedido tres juzgados más: “no existe la supuesta
desproporción entre ellos y las tres salas de la Cámara de Apelaciones -sólo
funciona una-, cuyo reciente fortalecimiento resulta clave para el mejor
funcionamiento y la transparencia del sistema penal”.
Fuente: http://m.lagaceta.com.ar/nota/691893/politica/presidente-corte-niega-justicia-este-colapso.html
