La Jefatura de Gabinete suscribió un convenio con ANSES para acceder a la base de datos del organismo previsional y estalló la polémica. Desde el Gobierno señalan que es para “estrategias de comunicación” y que no se usará información “sensible” pero desde la oposición denuncian que viola la Ley de Habeas Data. Un grupo de legisladores ya inició una presentación judicial.
Una resolución de la Jefatura de Gabinete de
Ministros publicada esta semana encendió un debate sobre la información del
Estado en las vidas de las personas y denuncias de totalitarismo. La cartera
que encabeza Marcos Peña aprobó un Convenio Marco de cooperación entre la ANSES
y la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de
Gabinete. El objeto del convenio: el intercambio de datos de las bases de cada
uno de los organismos.
Según la Resolución 166 - E/2016, suscripta por
Peña, pone de resalto las funciones de la Secretaría de Comunicación Pública,
la que mediante sus unidades orgánicas, “debe mantener informada a la población
a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros
medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la
conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un
contacto individual e instantáneo”.
Ese norte es el que persigue, de acuerdo con la
resolución, el Convenio, cuyo anexo publica Diario Judicial. La Jefatura de
Gabinete se esfuerza en aclarar que el texto se adecúa a los principios
sentados en la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales – o Hábeas Data-
en tanto el inciso 3°, apartado “C”, en su artículo 11, “específicamente
establece que en el caso que la cesión de datos se realice entre dependencias
de los órganos del Estado en forma directa y en cumplimiento de sus específicas
competencias no se requerirá el consentimiento previo del titular de los
mismos”.
“Los datos a intercambiar se encuentran regulados y
resguardados por la Ley N° 25.326 y su Decreto Reglamentario N° 1.558/2001, no
tratándose la información a transferir en ningún caso de datos clasificados
como ‘datos sensibles’” detalla el texto, publicado el último Lunes en el
Boletín Oficial.
Los puntos centrales del Convenio
Diario judicial analizó el anexo al Convenio, cuyo
objeto es crear el “marco técnico jurídico" para el intercambio de
información entre las partes, contenidas en sus bases de datos. En su objeto,
nuevamente, las partes se encargan de poner de resalto que la información
obtenida estará destinada “a informar a la población” y para “identificar y
analizar las problemáticas o temáticas de interés de cada localidad que permita
incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.
Los datos que ANSES remitirá a la Jefatura de
Gabinete información como el nombre y apellido, fecha de nacimiento, DNI,
CUT/CUIL, domicilio, teléfonos, correo electrónico, estado civil y estudios.
Los datos serán transferidos por medio de un sistema denominado de
“Transferencia, Almacenamiento y Control de Información” (SITACI).
Los “cuidados” en relación a las disposiciones de
la Ley de Habeas data son un tema recurrente a lo largo de todo el texto del
Convenio. La cláusula octava impone a las partes el deber de confidencialidad
de toda la información a la que accedan como consecuencia del Convenio, y los
obliga a utilizar la información de acuerdo a los objetivos del mismo. Además,
hace hincapié en que cualquier incumplimiento de la misma “será considerado
falta grave” y facultará a la ANSES a denunciar el Convenio, sin perjuicio de
las penales que las conductas podrían acarrear.
Las partes también se comprometen, de acuerdo con
el anexo, a “garantizar la seguridad de los datos adoptando todas las medidas
técnicas y organizativas tendientes a prevenir la adulteración, pérdida,
consulta, o tratamiento no autorizado de los mismos”. Además, la cláusula
decimotercera impone que las partes responderán como por cualquier vulneración
al deber de confidencialidad que implique la difusión de datos.
En ese sentido, el convenio fija la responsabilidad
civil de las partes, al señalar que serán responsables “por los daños y
perjuicios y de las responsabilidades administrativas” previstas en la Ley de
Habeas Data y su Decreto Reglamentario. Responsabilidades que se generen “por
el repudio injustificado de la información suministrada y/o el desconocimiento
de las firmas electrónicas del personal autorizado a tales fines.
Qué dice la Ley de Habeas Data al respecto
El Convenio hace foco en un artículo central de la
Ley de Habeas Data, que es el 11, y que versa sobre la cesión de los datos.
La norma establece que los datos personales objeto
de tratamiento en la Ley “sólo pueden ser cedidos para el cumplimiento de los
fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente y del
cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se
le debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o
los elementos que permitan hacerlo”.
El inciso 3, citado por ANSES y la Jefatura de
Gabinete, fija las excepciones a la exigencia de prestar consentimiento, y es
cuando la cesión de datos “Se realice entre dependencias de los órganos del
Estado en forma directa, en la medida del cumplimiento de sus respectivas
competencias”. De esta última expresión es de dónde se justifica el intercambio
de datos.
Impacto político y judicial
Desde el gobierno se trató de desdramatizar el
asunto y hacer foco en que se trata de una forma de comunicar mejor las
políticas públicas. Hernán Iglesias Illa, coordinador de políticas públicas de
Jefatura de Gabinete, sostuvo en una entrevista que “la Secretaría de Medios
necesita esos datos para hacer el bien”, ya que con ello “se puede tener una conversación
con los ciudadanos". El funcionario resaltó que el uso de los datos
"no es una violación de derechos”, sino que hay que tener en cuenta para
qué se usan, y en ese sentido, reconoció que sería delito si se usaran “para
hacer proselitismo”.
Emilio Basavilbaso, titular de ANSES, continuó por
la misma senda al declarar ante el portal Infobae que no se utilizarán “datos
confidenciales de las personas”. El director del organismo previsional aclaró
que ANSES “no va a utilizar datos económicos” y explicó que la información “se
utilizará sólo para datos de contactos, y no para datos confidenciales como
información fiscal, de aportes a la seguridad social de las personas o
económicos”.
“Este acuerdo marco respeta la Ley de Habeas Corpus
(sic), inclusive, en el convenio en ningún caso se habla de información
confidencial que se pueda compartir”. Basavilbaso detalló, por ejemplo, que los
datos se pueden utilizar para agregar beneficiarios al programa de asignación
familiares o asignación universal por hijo, ya que se agregó recientemente a
más de un millón de niños y para poder considerarlos “hubo que contactarlos ya
que tenían los documentos en malas condiciones y no tenían asignado un padre”.
Pese a todas esas aclaraciones dispuestas en el
Convenio, el acceso de la Jefatura de Gabinete a esas bases de datos generó
resquemores en el arco político opositor al gobierno de Cambiemos. La crítica
más fuerte provino de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien en
su perfil de Facebook denunció que “con todos los datos que figuran en la base
de ANSES y un buen software se puede elaborar una plataforma de metadatos que
permitan a quien lo maneje, conocer: tus costumbres, tus gustos, tus contactos,
tus inclinaciones, tus actividades etc. No sólo van a saber todo lo que hacés.
Te van a vigilar. Te van a controlar”.
La ex mandataria incluso llegó a calificar esto
como “un estado policial” y hacer una alegoría a la película alemana “La Vida
de los Otros” que relata una historia centrada en el aparato de espionaje del
gobierno de la República Democrática Alemana, y cómo un agente observa todos
los movimientos de una pareja de artistas “disidentes” al régimen comunista en
las postrimerías de la caída de la cortina de hierro. Cristina fue más allá
cuando deslizó la posibilidad de que, con esos datos en poder de la Secretaría
de Comunicación, se pueda “orientar” el voto de la población.
Este miércoles, un grupo de Legisladores del Frente
Para la Victoria-PJ hicieron una presentación judicial contra la Resolución de
la Jefatura de Gabinete. Se trata de los diputados nacionales Héctor Recalde,
Teresa García y Carolina Gaillard quienes presentaron una acción de amparo
colectivo pidiendo la nulidad de la Resolución 166/16. Los legisladores
solicitaron también el dictado de una medida cautelar para suspender su
aplicación y, en el caso de haber habido transferencia de datos, que se prohíba
a la Secretara de Comunicación Pública utilizarlos.
Los demandantes sostuvieron que se estaba violando
la ley 25.326, ya que establece que los datos “no pueden ser utilizados para
finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”,
y que con la resolución, que habilita al acceso de datos suministrados, por
ejemplo, para el acceso a alguna de las prestaciones otorgadas por ANSES, la
Secretaría Comunicación Pública pueda usarlos para otros fines, lo cual “puede
provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su
teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de
un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por
los individuos para este fin”.
La causa recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n° 10, a cargo de Liliana Heiland. En su presentación, los diputados solicitaron también que se habilite la feria judicial.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/75746/noticias/habeas-anses.html
