La Secretaría de Riesgos del Trabajo informó que entre 2003 y 2015 la litigiosidad laboral creció 2.300%, cuando en el período se redujeron los accidentes y el número de empleados cubiertos por ART se multiplicó por dos.
Mientras el Gobierno estudia un proyecto de ley
para reducir la litigiosidad laboral, desde la Unión de Aseguradoras de Riesgo
del Trabajo (UART) aseguran que el incremento de los pleitos judiciales
compromete a un sistema que hoy brinda cobertura a cerca de 10 millones de
trabajadores.
Un reciente informe del Ministerio de Trabajo al
que accedió Infobae destacó el notorio crecimiento del personal cubierto y las
empresas aseguradas a partir de 2003, junto la reducción de los accidentes y
fallecimientos ligados al mercado laboral. Pero, a la par, los pleitos judiciales
se multiplicaron por 24 en doce años.
Es decir que en los últimos años se observó un
ritmo creciente en la cantidad de juicios laborales, a una tasa superior que la
del incremento de la cobertura, aún cuando la siniestralidad laboral se redujo
año tras año.
En ese aspecto, la cartera a cargo de Jorge Triaca
señaló que el índice de litigiosidad del sistema trepó entre 2003 y 2015 de 7,3
a 173 juicios por cada 10.000 empleados (+2.369%), mientras que los
fallecimientos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (ATEP) se
redujeron a la mitad, de 94,3 a 47 por cada millón trabajadores. En términos generales,
el índice de incidencia por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
también retrocedió, de 61 a 43,3 por cada mil trabajadores cubiertos.
En el mismo período, el número de trabajadores
cubiertos por ART aumentó por dos, desde poco menos de cinco millones a los
casi 10 millones hoy.
El economista Jorge Colina, investigador del
Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), advirtió a Infobae que
"la litigiosidad por riesgos laborales muestra un crecimiento que no se
puede justificar considerando que el sistema viene reduciendo sostenidamente la
tasa de accidentes y enfermedades en los lugares de trabajo. Se sabe que gran
parte de esa litigiosidad es espuria, es decir, son demandas contra las ART por
dolencias de dudosa procedencia laboral, como las lumbalgias y la hipoacusia".
Un informe de la Unión Argentina de la Unión de
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) proyecta que en 2016 ingresarán a
tribunales unas 113 mil demandas laborales, un 10% más que en 2015, cuando el
número de trabajadores cubiertos se mantiene estabilizado por el estancamiento
del empleo formal. Entre enero y julio de este año se habían asentado 61.547
demandas judiciales por cuestiones laborales.
"A pesar las reformas normativas, es decir el
ingreso de juicios, no dejó de crecer", dijo a Infobae Mara Bettiol,
presidente de la UART. "Este sistema permitió bajar la siniestralidad,
aumentar las prestaciones y los servicios, dar certidumbres a empresas y
trabajadores y todo eso empieza de a poco a peligrar por el crecimiento
exacerbado de la litigiosidad, que no guarda relación con lo que es el
funcionamiento del sistema en sí en materia de servicios", explicó.
El abogado laboralista y diputado nacional Héctor
Recalde afirmó que "es cierto que aumentó la litigiosidad, pero hay que
ver cuántas sentencias condenatorias hubo, cuántas conciliaciones y cuál es el
origen de la causa de los pleitos".
El diputado del Frente para la Victoria expresó que
"hay abogados que tienen información de las mismas ART de quiénes son los
trabajadores que han sufrido accidentes o enfermedades y los buscan para hacer
juicio. Pero para inventar un juicio se tiene que contar con la complicidad de
abogados de ambas partes, de trabajadores, de los peritos, de los jueces de
primera instancia y de los camaristas. Muchas complicidades ¿No es
cierto?"
"El mal abogado laboralista, que es la
minoría, aprovecha la circunstancia de que si hay pericias, aunque el empleador
gane el juicio igual tiene que pagar las costas de los peritos, pues el perito
le cobra al patrón que es solvente y no al empleado que es insolvente",
comentó Recalde. El diputado señaló que presentó un proyecto de ley revertir
esta imposición sobre el empleador. "El mal abogado laboralista coacciona
al empleador al decirle: 'Usted, por más que gane el juicio va a tener que pagar
un 10 ó un 20 por ciento. Arreglemos el juicio en esa cantidad y listo",
graficó.
Jorge Colina puntualizó que "contribuye a la
exacerbación de la judicialidad el hecho de que los peritajes judiciales en
muchos casos son hechos con poca profesionalidad y además los peritos cobran
porcentajes de los montos que ellos mismos deciden otorgar a favor de las
personas que demandan contra las ART. El sistema está funcionando mal y debe
ser remediado. Definitivamente pone en riesgo el financiamiento no tanto del sistema
sino del sector productivo argentino que es quién sostiene el sistema con los
pagos de las alícuotas".
El estudio de la Secretaría de Riesgos del Trabajo
detalló que "las empresas más grandes son las que mayores medidas de
seguridad implementan, sin embargo, es donde mayor cantidad de juicios se
produce". La estadística oficial mostró que dos de cada tres empresas con
juicios tiene un tamaño mayor a 100 trabajadores.
AMPLIA
COBERTURA
El informe oficial especificó que el sistema de
riesgos del trabajo atiende 659.000 casos de accidentes y enfermedades
profesionales al año, lo que representa que anualmente se pierden 18 millones
de jornales en forma directa, con un promedio de recuperación del trabajador de
33 días.
El informe realizado por la Secretaría de Riesgos
del Trabajo (SRT), que depende de la cartera laboral, indicó que hacia
diciembre de 2015 el sistema ofrecía cobertura a 9.869.790 trabajadores,
incluido el personal de casas particulares, mientras que el número de
empleadores asegurados ascendía a 978.677.
Los datos más recientes brindados por la SRT
refirieron que hasta mayo de 2016 los trabajadores cubiertos ascendían a
9.742.328, con un aumento de 1% respecto de mayo de 2015, y los empleadores
asegurados sumaban 1.513.900, un 10% más que en el mismo período del año
pasado. En el fuerte aumento del número de empleadores incidió la
regularización del personal doméstico a partir de la sanción en 2013 de la Ley
del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas
Particulares.
La última reforma legal importante en el sistema de
ART se hizo en octubre de 2012, para dar respuesta a los principales
cuestionamientos de la cobertura. Por eso es que se incrementaron notablemente
las prestaciones, se llevó a un índice semestral de actualización automática de
las mismas y se incorporó un esquema de opción entre la acción civil en materia
de riesgos del trabajo.
"Después de cuatro años de esa reforma se
pueden ver, por un lado, un esquema que funcionó, que fue el de la opción
civil: se despejó la problemática de demandas que iban en cabeza de los
empleadores, pero se redireccionaron las demandas hacia las ART. Entonces,
mayoritariamente los trabajadores optaban por el sistema de ART, pero una vez
adentro del sistema cuestionaban la aplicación de algunos aspectos de la
ley", comentó Mara Bettiol, de la UART.
Hécor Recalde recordó que "la reforma de la
Ley de Riesgos del Trabajo fue consensuada entre el Gobierno nacional, la UART
y la UIA" y que si bien puede existir una "patología" en el
sistema que deriva en litigiosidad, "lo importante es determinar cuál es
la patología y combatirla" con un trabajo de campo antes de emprender
reformas en la legislación.
ESTUDIAN
CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN
El Gobierno adelantó que evalúa un proyecto para
reformar la actual Ley 26.773 de Riesgos del Trabajo de 2012, que incluirá la
modificación del sistema sin alterar el mecanismo de aseguradoras ART, con el
objetivo de reducir los costos para los empleadores, debido a que según la
visión oficial el aumento sostenido de la litigiosidad obstruye la reducción
del empleo no registrado y la generación de nuevos puestos laborales.
En julio pasado, en el marco de la Jornada Nacional
de Justicia Laboral por el Desarrollo Industrial, el ministro Jorge Triaca
afirmó que el Gobierno "está buscando mecanismos que permitan dinamizar el
empleo en la Argentina".
"Vamos a trabajar con todos los sectores
porque este sistema requiere de revisiones que permitan reducir la litigiosidad
que afecta el costo empresario", agregó Triaca.
n el mismo sentido, el jefe de Gabinete Marcos Peña
responsabilizó a la Justicia laboral y a la "litigiosidad" como la
causa del estancamiento en la creación de puestos de trabajo, en sintonía con
el presidente Mauricio Macri, quien aseguró que "no hay una Justicia
laboral equitativa".
El diputado Recalde, no obstante, cuestionó este
análisis del oficialismo: "No es cierto que la Justicia del Trabajo, como
dijo el Presidente de la Nación, tenga una inclinación absoluta a favor de los
trabajadores. Investigué cuántos fallos plenarios dictó en los últimos diez
años la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal, con consenso de
las diez cámaras y de cumplimiento obligatorio: hubo diez a favor del empleado
y diez a favor del empleador, aún cuando el Derecho del Trabajo es un derecho
que tutela al más débil".
El documento "El estado del Estado",
elaborado por el Gobierno, indicó que "la cantidad de juicios laborales
notificados a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo se duplicó entre 2010
y 2015, de 53.000 a más de 100.000. Este aumento en la litigiosidad no se
correspondió con un aumento en los incidentes en el lugar de trabajo, que de
hecho bajaron casi a la mitad entre 2003 y 2015. La litigiosidad, sin embargo,
aumentó un 2.300%".
Aquella reforma de 2012, que buscaba reducir los
juicios terminó incrementándolos, porque estableció una aplicación retroactiva
de la ley bajo el nuevo esquema prestacional a contingencias anteriores.
Otro aspecto que se cuestionó era la utilización
del baremo y el listado de enfermedades. "El baremo es una tabla que tiene
porcentajes de discapacidad para cada daño. Los peritos de distintas
jurisdicciones aplicaban cualquier otro criterio: las ART y las comisiones
médicas ponían un porcentaje de discapacidad y los peritos ponían otro",
expresó Mara Bettiol, de la UART.
En consecuencia, el Gobierno evalúa una nueva norma
que estipule la no retroactividad de la ley y que especifique la forma en que
se aplica el índice RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores
estable). También contempla la unificación del criterio de utilización del
baremo como herramienta de equidad.
Entre otros aspectos están el de precisar el
esquema de procedimientos para determinar las incapacidades, de modo que las
comisiones médicas sean la autoridad administrativa previa al inicio de
cualquier juicio, en calidad de cosa juzgada. Otro punto a definir es el de la
regulación de todo el funcionamiento pericial en materia de honorarios y de
utilización del baremo y el listado de enfermedades.
Jorge Colina, de IDESA, consideró que el costo por
juicios laborales es un obstáculo para la creación de empleo y recordó que
"en algunas ramas de industria manufacturera las alícuotas que las ART le
cotizan a las empresas son de dos dígitos. Eso es un costo laboral muy
elevado". Añadió que "lo que se busca es ordenar procurando desmontar
este estructura perversa de incentivos en donde el aventurerismo judicial
remunera a abogados, peritos e intermediarios de manera espuria".
Un informe de IDELAS, el Instituto de Estudios
Laborales y Sociales de la UCES, identificó numerosos costos laborales,
particularmente por las cargas fiscales, que también son un escollo a la
expansión del empleo: "Uno de los beneficios de un cambio de régimen sería
el incentivo a la disminución del empleo precario, tanto de modo contratado,
como principalmente en negro, amén que contribuiría al aumento del salario
promedio y de la productividad laboral, pero también que el costo inicial es
elevado para el Estado y los sindicatos, porque verán disminuidos en una etapa
inicial sus ingresos, hasta que aumente más que proporcionalmente la totalidad
de aportantes".
El estudio de IDELAS indicó que "una de las razones que se esgrimen a menudo como impulsor del empleo contratado o a tiempo parcial de prueba extendida vía agencias de empleo es la resistencia de gran parte de la sociedad (…) a plantear un cambio de las normas laborales, en particular en lo vinculado con la eliminación del denominado impuesto al trabajo que constituyen las elevadas cargas patronales para el Sistema de Seguridad Social, el PAMI, ART, Obras Sociales sindicales y en algunos casos cuota sindical, porque no pueden ser tomadas a cuenta de pago de otros impuestos, como principalmente el IVA".
Fuente: http://www.infobae.com/economia/2016/09/12/durante-el-kirchnerismo-se-multiplico-por-24-la-cantidad-de-juicios-laborales/
