Las investigaciones sobre las complicidades empresarias
durante la última dictadura cívico militar avanzan no sólo en la Justicia.
Distintos organismos del Estado comenzaron con la apertura de sus archivos. Uno
de ellos es el Banco Central, que a partir de la llegada de Alejandro Vanoli
abrió una oficina de Derechos Humanos, integrada por cinco investigadores.
Hasta el momento, la entidad aportó correspondencia y actas secretas, legajos,
y versiones taquigráficas de las reuniones de directorio en las causas que
investigan el rol de Acindar en la desaparición de obreros, la liquidación del
Banco de Hurlingham (David Graiver), la causa Papel Prensa, el caso Iacarino y
el robo de la empresa Makentor, dedicada a la obra pública en Córdoba. El BCRA
también está aportando información sobre la deuda externa.
La información de la entidad será de utilidad tanto para la
Comisión Bicameral de la deuda externa, como para la recientemente creada para
investigar las complicidades civiles en los crímenes de lesa humanidad.
El rechazo de la Bicameral por parte de la Unión Industrial
Argentina (UIA) y la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) puede
explicarse porque gran parte de la información encontrada en el Ministerio de
Defensa o en el BCRA fue aportada a las causas judiciales que investigan a
empresas que integran esas asociaciones empresarias.
Tenaris-Siderca y Acindar forman parte de la UIA. En
relación con la empresa del Grupo Techint, el primero de octubre fue allanada
su planta de Campana a pedido del juez de Zárate-Campana y San Martín en el
marco de la causa 4012 (Campo de Mayo) en donde se investiga la desaparición de
obreros de la siderúrgica. El allanamiento duró tres días y también abarcó
oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. En relación con Acindar, la Justicia
también está investigando el rol de la empresa en la desaparición de varios
obreros. En este caso, el BCRA aportó los expedientes internos hallados en la
entidad, información desclasificada que había sido solicitada en 2011 por la
Secretaría de Derechos Humanos y un sumario sobre la compañía.
“Se puede afirmar que concurren numerosos rasgos comunes en
los casos de Acindar y Techint: una organización represiva facilitada y
ejecutada por los empleadores junto con las fuerzas militares y policiales, con
el objetivo de disciplinar a los trabajadores”, puede leerse en el libro Cuentas
Pendientes, editado por Horacio Verbitsky y Juan Pablo Bohoslavsky. Este texto
sirvió de base documental y teórica para la creación de la Bicameral
parlamentaria.
El Banco Central también entregó información sobre la causa
Mackentor, que tramita en Córdoba, como parte del mega juicio de La Perla. El
25 de abril de 1977 el comandante Luciano Benjamín Menéndez supervisó varios
operativos secuenciados y simultáneos en donde detuvieron a personal jerárquico
de la empresa, tanto en sus sedes de Córdoba como de Buenos Aires. Mackentor
era un grupo empresario de capitales nacionales especialista en la construcción
vial e hidráulica. Tenía cerca de 400 empleados y realizó obras por casi 50
millones de dólares entre 1970 y 1975. Su presidente, Natalio Kejner, había decidido
dividir el paquete accionario con el personal jerárquico, que tenían
participación en las ganancias, además de abogar por una burguesía nacional.
También había denunciado a la Cámara Argentina de la Construcción. Tras su
exilio y el secuestro de varios directivos, la empresa fue liquidada.
Otro de los ejes de la investigación del Central es la deuda
externa. Uno de los principales aportes será la publicación de un trabajo
realizado por un grupo de peritos contadores que comenzaron a estudiar la legitimidad
de la deuda en 1984. Otro de los capítulos vinculados con la deuda son los
Bonos de Absorción Monetaria (BAM). La entidad está analizando cómo el grupo
Gotelli y Antuña, dueños del ex Banco de Crédito Rural, adquirían préstamos del
Central para financiar exportaciones nunca realizadas, además de hacerse
acreedores de bonos entregados por el BCRA. En la actualidad, la compañía
Snowy, con sede en Uruguay, es “propietaria” de esos bonos entregados al grupo
Gotelli y en 2008 abrió una sucursal en la provincia de Buenos Aires, para
demandar el cobro en el país. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador
General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor
Moreno Crotto. Esa dirección corresponde al domicilio particular de Mercedes
Moreno Kapplenbach, familiar del abogado, militante del PRO y muy cercana a
Cornelia Schmidt Liermann, actual diputada macrista, ya que juntas integran la
Asociación de Mujeres Argentinas (AMA).
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-283673-2015-10-13.html
