Elías de Pérez acusa de defraudación al Estado al ex ministro de Economía Jiménez Nuevo capítulo de la polémica por la estación eléctrica Ayacucho. “No tengo nada que ocultar”, se defendió el funcionario.
La senadora
Silvia Elías de Pérez acudió a la Justicia por la suspendida obra de la
Estación Transformadora Ayacucho. La radical denunció a dos funcionarios
alperovichistas por defraudación a la Provincia: Jorge Jiménez, ex ministro de
Economía; y Sergio Sánchez, ex director de Industria y Energía. La demanda es
por el pago de casi $ 20 millones para obras civiles ejecutadas y materiales
comprados para la planta de energía trunca. Aseguraron que el monto sería
mayor, debido a que toma valores de materiales importados cotizados con un
dólar a $ 3,95 y un euro a $ 5,30, correspondientes a 2010.
Tanto Jiménez
como Sánchez se enteraron de la presentación cuando LA GACETA les consultó por
las supuestas irregularidades que se les sindican. “Será la Justicia la que
dirá si hubo alguna irregularidad; me haré cargo pero no hay nada”, se defendió
el ex ministro de Economía durante las tres gobernaciones de José Alperovich
(2003-2015). “No conozco la denuncia. El lunes estaré en la Justicia y me
pondré a disposición de lo que requiera el fiscal”, acotó Sánchez, ahora
titular del Ersept (ente de control de servicios públicos).
El escrito,
presentado hace un mes a la Fiscalía de la IV nominación y a cargo de Diego
López Ávila, alerta sobre el presunto daño que sufrió la Provincia por el
convenio firmado entre el Gobierno y EDET, donde se acordó el pago de dinero
por trabajos y materiales aportados para llevar a cabo una obra pública que
“jamás se ejecutó”.
La Legislatura
sancionó el 4 de agosto un acta acuerdo que aprobaba la disolución del contrato
con la empresa EDET para la construcción de la estación transformadora. El
convenio, firmado por el gobernador Juan Manzur en noviembre de 2015,
consignaba que el Gobierno se hacía cargo de abonar la obra civil ejecutada,
proyectos de ingeniería, equipos y materiales adquiridos, entre otros.
“Desde la
sanción de la Ley de Emergencia Eléctrica 8.342 (sancionada en 2010),
funcionarios estatales en connivencia con empresarios locales habrían pergeñado
un plan sistemático tendiente a enriquecerse ilícitamente con fondos públicos,
llevando adelante una defraudación al estado mediante adulteración de
instrumentos públicos, sobrefacturación de materiales y adquisición de bienes
sin autorización (entre otras)”, consigna el escrito.
Obra inconclusa
La polémica
por la planta para reforzar la infraestructura de la red de transporte
eléctrico comenzó en 2012, cuando empezó a construirse una conexión de línea
subterránea (Cable Armado Subterráneo o CAS) entre la sede central de EDET (en
avenida Avellaneda al 200), hasta la dependencia ubicada en Ayacucho 266. Es
ese solar se había establecido que se construyera una Estación Transformadora
de Electricidad.
El Poder
Ejecutivo había encargado en mayo de 2006 un Plan de Obras de Transporte de
Energía Eléctrica para la provincia, proyectado entre 2006 y 2016. La
Legislatura sancionó en septiembre de 2010, en base a ese estudio, la ley N°
8.342 por la que declaraba la Emergencia del Sistema Eléctrico de Transporte
por distribución troncal hasta 2012 (fue prorrogada en dos ocasiones). Esa
norma aprobaba el plan de obras elaborado cuatro años atrás.
El Concejo
Deliberante aprobó, el 14 de septiembre del mismo año, la excepción del Código
de Planeamiento Urbano a la estación en construcción. El peronismo había
presentado sobre tablas (sin estudio previo de una comisión), un proyecto
solicitado por el Ente Provincial Regulador de Energía (Epret) -sustituido por
el Ersept- debido a que la obra proyectada tendría 14 metros de altura, cuando
el código permite hasta 10 metros a una edificación de esas características.
Las airadas
protestas vecinales y las quejas de legisladores opositores por el supuesto
daño a la sanidad derivaron en la posterior suspensión del complejo. Elías de
Pérez reclamó por supuestas irregularidades en el estudio de impacto ambiental,
por alteraciones de costos en los presupuestos.
“No tengo
dudas de que hay una motivación política tras de esto, porque la senadora lo
único que hace es denunciar. Como cuenta con fueros (legislativos) no tiene
consecuencias. Cuando la denuncia le sale mal el damnificado no puede pedir
resarcimiento por perjurio. Así es fácil”. El presidente del Tribunal Fiscal de
Apelaciones de la Provincia, Jorge Jiménez, se defendió de la denuncia penal
presentada en su contra por la senadora radical Silvia Elías de Pérez
(Cambiemos).
El ex ministro
de Economía durante gran parte de la gobernación de José Alperovich expresó que
aún no fue anoticiado de la denuncia formalmente. “El de la Estación
Transformadora Ayacucho ha sido un proceso largo, con mucha confrontación
social, con vecinos disgustados. Por ello se decidió que la obra no se hacía.
Hubo un control de organismos pertinentes y han sido aprobados los valores de
obras. Obviamente que no soy un experto en infraestructura eléctrica, tuve
colaboradores y confío en ellos. Me hago cargo de mis responsabilidades como
funcionario, espero que se aclare rápidamente en la Justicia”, afirmó Jiménez.
El funcionario
público explicó que gran parte de la prueba consignada en la denuncia es
documentación que aportó el mismo Ministerio de Economía, en respuesta a un
pedido de informes de la radical. Confió que no tiene nada que ocultar y que se
pondrá a disposición de la Justicia, dijo.
“Esperemos que
se resuelva y me gustaría que renuncie a los fueros, por este caso, así cuando
termine uno pueda resarcirse”, finalizó.
Fuente: http://m.lagaceta.com.ar/nota/703227/politica/no-se-hizo-estacion-pero-al-pe-le-costaria-20-millones.html
