Un abogado
"farandulero" buscó que la Justicia disponga un “bozal legal” contra
un cliente que lo difamaba través de su cuenta de Twitter, pero la Justicia
rechazó su pedido. El Tribunal consideró que el abogado no es “persona pública”,
pero que al ofrecer “un servicio profesional, que tiene carácter oneroso”,
puede existir “ cierto interés público comprometido en la difusión de
noticias”.
Un conflicto entre un abogado y su cliente pasó
de los Tribunales a las redes sociales y luego volvió a Tribunales. El letrado,
quien señala que desde hace años mantiene “una solitaria lucha contra la
corrupción del sistema argentino”, solicitó ante la Justicia un “bozal legal”
contra “twitts” ofensivos de su ex cliente, que lo define como “korrupto”.
El profesional explicó que “se
desempeña en diversas causas, muchas de ellas con gran difusión mediática por
tener como clientes personas públicas del espectáculo deporte, entre otras;
brindando entrevistas en diferentes medios de comunicación por lo que se define
como una persona pública”,
El abogado A.S.K. pidió ante los
estrados judiciales que su ex cliente – (a quien identificó en su cuenta de
Twitter) que ordene que este “se abstenga de nombrar, aludir, referir o de
cualquier modo mencionar en forma directa o indirecta en cualquier medio de
comunicación masivo (televisivo, radial, gráfico o Internet) y redes sociales,
todo comentario, noticia, dato, imagen y/o circunstancia que resulte ofensiva
y/o difamatoria de su persona”.
No sólo eso, solicitó además que
se borren los “twitts” y, si la red social del pajarito no cumplía, que también
se le imponga una multa diaria. Para el letrado “dada la proyección de Twitter,
dichos comentarios perjudican palmariamente su actividad profesional “La causa
tramitó ante la Justicia Civil y Comercial Federal, que calificó ese pedido
como cercano a la censura previa y rechazó la pretensión. Además, le dijo al
abogado que tiene la vía abierta para querellar por injurias a aquél.
El conflicto tramitó en el
expediente “S.K.A. c/ H.C.P. s/ Medidas Cautelares”, que concluyó con la
decisión de los jueces de la Sala II de la Cámara Civil y Comercial Federal
Alfredo Gusmán, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina. Los camaristas rechazaron
la apelación del abogado que dijo que con la decisión se estaba aceptando en
“todo vale” y que incluso se llegaba a “proponer una solución de ‘justicia por
mano propia’ inaceptable en nuestro ordenamiento jurídico
Para la Cámara, contrariamente,
ello no era así. Tras recordar que las declaraciones mediante redes sociales
estaban reguardadas bajo la garantía que protege la libertad de expresión, los
jueces señalaron que en este caso particular, pese a que el abogado no es
técnicamente una “persona pública”, las particularidades del caso los hacía inclinarse
a la misma solución adoptada en Primera Instancia.
“No se trata de un conflicto
entre intereses puramente privados, sino que se enfrentan exigencias que hacen
al interés general de la comunidad”, detallaron los integrantes de la Sala. Es
que el “twittero” denunció que su ex representante legal “sería una persona
corrupta a la que deberían sacarle la matrícula y que estaría vinculado con
numerosas causas penales”.
“De ello – asumieron los
magistrados- resulta que los comentarios efectuados por el accionado no están
estrictamente relacionados con la vida privada o la esfera de intimidad del
actor, sino con críticas (fundadas o no, es inoportuno abordar ese análisis a
título cautelar) hacia su actuación profesional”.
Para los jueces “si bien el actor
no aplica en la definición clásica de ‘persona pública’, la realidad es que
ofrece al público un servicio profesional, que tiene carácter oneroso”. A su
entender “puede existir, entonces, cierto interés público comprometido en la
difusión de noticias, informes o incluso relatos de experiencias personales de
quienes han experimentado el servicio ofrecido”.
Por último, la Cámara le recordó
al abogado que “no puede perderse de vista que internet es un medio que permite
al actor comunicar su postura frente a los hechos imputados en la cuenta de
Twitter en forma prácticamente ilimitada, a través de los mismos canales que
utilizó la persona que los habría difamado, sin costo alguno”.
Fuente: http://www.diariojudicial.com/nota/76999/civil-y-comercial/bozal-legal-twittero.html
