La Corte Suprema recibió los
informes que le solicitó la Dirección de Escuchas Judiciales y al Juzgado de
Ariel Lijo para tratar de establecer responsabilidades por la difusión de las
escuchas telefónicas que involucran a Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.
Mientras la ex “OJ” dijo que entregó el
material al personal autorizado, Lijo aclaró que hizo la pertinente denuncia
penal.
Un día después de que la Corte Suprema, en un
intento por despegarse del escándalo que significó la filtración de los audios
de conversaciones entre la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y el ex
jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, en el marco
de la causa en la que este último se encuentra procesado por el presunto
encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, solicitara informes para establecer
responsabilidades administrativas internas, el Máximo Tribunal tuvo por
cumplido su pedido.
Este jueves se dio a conocer que
la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y
el Juzgado Criminal y Correccional n° 4, encabezado por Ariel Lijo, acataron la
orden y remitieron a los supremos sus informes de gestión. La Oficina de
Escuchas realizó un detalle de todas sus funciones y su accionar, mientras que
Lijo reseñó parte de la causa que lleva adelante, por la cual se ordenaron las
“pinchaduras” telefónicas.
Suscripto por su director, el
camarista federal Martín Irurzun, y por su suplente, el también camarista de Comodoro Rivadavia
Javier Leal de Ibarra, la ex “OJ” dio detalles de todos su accionar, además de
adelantar que abrió el expediente administrativo interno. Para no pisarse entre
unos y otros, la Dirección aclaró que le solicitó “la correspondiente
autorización” a Lijo.
Cómo se realizan las escuchas
Tras detallar los aspectos
normativos, las funciones del organismo y sus parámetros de actuación, la
oficina de escuchas explicó cómo es el procedimiento para interceptar los
teléfonos. El mismo comienza con las solicitudes de los jueces, que son
recibidas por la Dirección, que las procesa y envía la orden de intervención a
las empresa de telecomunicaciones que corresponda –mediante oficio judicial-.
Irurzun y Leal de Ibarra
detallaron que, con el objeto de promover “el orden y la transparencia en la
gestión” se elaboran informes estadísticos mensuales “de la totalidad de tareas
llevadas a cabo” por la dirección. Para ponerlo en numerosos: todos los meses
se reciben 2362 oficios en promedio, lo que duplica los procesos de trabajo, ya
que también se deben dar de alta o de baja los procedimientos.
El informe da cuenta de que las
fonolas graban automáticamente las comunicaciones, y luego, e1 soporte óptico
“se ensobra en un envoltorio que lo resguarda de posibles deterioros, e1 cual
se cierra con una etiqueta que contiene e1 mismo código de identificación de1
CD” que contiene nombre, numero de causa y abonado interferido, generada
automáticamente por e1 sistema informático “para garantizar la inviolabilidad
de la cadena de custodia”. El grabado de los discos es automático, señalaron
desde la Dirección para “reducir al mínimo la injerencia manual de los
operadores” de la dependencia.
El informe presentado ante la
Corte también detalla cuáles son las medidas de seguridad de cada Cd, “La
responsabilidad de la Dirección en cuanto al resguardo del material culmina con
la entrega de los CDs a la autoridad judicial requirente o a quien esta
designare”, explican ambos camaristas, también aclarando que, no obstante ello,
existen “medidas de seguridad propias del CD entregado que permiten conocer si
el contenido del soporte óptico fue adulterado, a través de la creación del
código HASH, el cual modifica su composición cuando la información que contiene
el CD se altera”.
El CD, una vez ensobrado y
etiquetado, queda a disposición de la autoridad judicial requirente “o bien del
personal que esta designare”. El material puede ser entregado en Av. Los Incas
– donde funciona la Dirección – o en cada una de las delegaciones del interior,
su retiro siempre es tras exhibición del DNI.
Escuchas “en tiempo real”
El informe presentado ante la
Corte también indica que existen escuchas “directas” que implican el acceso a
los audios “en el momento” – online – o con una demora de hasa tres minutos
–“offline”-. Bajo esta modalidad se realizaron la mayoría de las intervenciones
en la causa de encubrimiento a Pérez Corradi
Para estos casos, el Juzgado
requierente deberá designar una fuerza de seguridad que llevará a cabo la
escucha en el sector locutorios, ubicado en la sede central de la Dirección.
Este proceso estaba bajo la guarda de la Subdirección de Escucha Directa, que
es la que indica cuál de los “boxes” deben ocupar los escuchas. Los
funcionarios designados no tienen acceso a la sede Central, sino que entran por
otro acceso a los boxes. A su vez, los funcionarios de la oficina están
impedidos de acceder a esas escuchas en tiempo real.
“No hubo irregularidades”
Tras brindar esos detalles, la
Dirección concluyó que, tras analizar los pasos seguidos en el marco de la
causa que involucra a Parrilli, la intervención ordenada en la causa “se ajusta
a los procedimientos habituales establecidos en los reglamentos y protocolos de
actuación correspondientes”.
“En este sentido, corresponde
dejar asentado que el material en cuestión fue entregado a personal que cumplió
las tareas propias de escucha directa, autorizado en la nómina enviada por la
Agencia Federal de Inteligencia para cumplir ambas labores (acceder a los
audios en locutorio y hacerse del material físico de manera periódica)”,
indicaron desde la Dirección.
El resumen de la causa
El juez federal resumió los
detalles de la causa que instruye contra Parrilli, que tuvo como punto saliente
el procesamiento que dictó el último lunes sobre el ex jefe de la AFI, por
ocultar información que hubiera dado con el paradero de Pérez Corradi. Lijo
aclaró en su informe que la copia del material de las escuchas fue realizada en
las máquinas del Juzgado “por un Secretario y un Prosecretario de este Tribunal
quienes, al momento en que terminaban las copias de cada disco, procedían a la
reserva del material en cuestión en la caja fuerte de este Tribunal”.
El magistrado defendió la legalidad
del proceso al afirmar que, hasta la fecha “no existe en el expediente ningún
planteo de las partes respecto de la validez de las intervenciones telefónicas
practicadas”, y también dejó asentado que el último miércoles realizó la denuncia ante la Cámara Federal –
presidida por Irurzun –“para que se investigue la filtración de los audios con
las escuchas que fueran ordenadas en el presente expediente”.
Fuente: http://www.diariojudicial.com/nota/77386/noticias/el-que-quiero-oir-que-oiga.html
