En la reunión de la Comisión de Administración y Financiera,
el Administrador General del Poder Judicial, Agustín Cinto, confirmó que todos
los magistrados, empleados y funcionarios judiciales que ingresen a partir de
este año deberán pagar Impuesto a las Ganancias. El Cuerpo aún no determinó
cuáles rubros quedan incluidos dentro del tributo.
A pesar de la resistencia de algunos sectores, el Impuesto a
las Ganancias para los nuevos magistrados, funcionarios y empleados del Poder
Judicial es una realidad y llegó para quedarse. Así lo confirmó el
Administrador General, Agustín Cinto, durante su informe de rutina ante la
Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura de la
Nación.
“Todos los jueces o funcionarios judiciales que ingresen en
2017 pagan Impuesto a las Ganancias”, dijo Cinto, quien integra la lista de los
primeros funcionarios que comenzó a tributar, ya que fue designado en febrero
último en reemplazo de Juan Carlos Cubría.
Ante la consulta del consejero-juez Leónidas Moldes sobre el
criterio que se está aplicando en relación a los ascensos, el Administrador
explicó que se está considerando sólo los magistrado y funcionarios que
“ingresaron en 2017”, pero aclaró que “la interpretación que haga el Poder
Ejecutivo y la Corte Suprema determinará si también aplica en un cambio de
categoría o un traslado de la Justicia provincial al nacional".
El Cuerpo, además, se encuentra a la espera de la
reglamentación del nuevo régimen, aprobado por el Congreso en diciembre pasado,
pero, mientras tanto, solicitó al Máximo Tribunal su opinión sobre el alcance
del impuesto, es decir si incluirá algunos rubros como la antigüedad o la
compensación funcional por su dedicación exclusiva.
Cinto se comprometió a informar a los consejeros el
“criterio objetivo que se va implementando” en todos los casos. La normativa
establece que tributarán “los magistrados, funcionarios y empleados del Poder
Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación
cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive”.
La postura del Consejo coincide con el criterio adoptado por
la Corte, que consideró que “todos los empleados, funcionarios, fiscales,
defensores, magistrados que están en funciones no pagarán el impuesto”;
mientras que “quienes ingresen a partir de 2017 estarán obligados a pagarlo”.
Fuente: Abogados Tucumán
