Frente al avance del proyecto que endurece el régimen de
progresividad de la ejecución penal, la Procuración Penitenciaria salió
advertir sobre su “ineficacia” y los “graves problemas” que traería su
aplicación. "Tras un largo período de encierro carcelario, los condenados
serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y
supervisión", alertó.
Ante el avance en el Congreso del proyecto que busca limitar
las salidas transitorias y la libertad condicional a autores de delitos graves,
la Procuración Penitenciaria de la Nación expresó nuevamente su postura acerca
de la “ineficacia” de la iniciativa y los posibles “graves problemas” que su
aplicación traería aparejada.
La iniciativa no es nueva y cuenta con media sanción de
Diputados, pero los legisladores apuraron su debate tras el asesinato de la
joven Micaela García a manos de Sebastián Wagner, quien había sido excarcelado
a pesar de haber cometido previamente otros dos abusos sexuales. Luego de una
ronda de debate y exposiciones, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de
Senado está en condiciones de emitir un dictamen para elevar su tratamiento al
recinto.
En este escenario, la institución, a cargo de la protección
de los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, explicó que la propuesta legislativa “elimina
el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los
condenados y lo reduce a su mínima expresión para el resto”, y también plantea
la “imposibilidad para determinados delitos del acceso a salidas transitorias,
semilibertad, libertad condicional y libertad asistida”.
“El proyecto contraviene los estándares constitucionales de
resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual
ley, los cuales fueron reconocidos tanto por nuestra Corte Suprema de Justicia
como por la CIDH, y están previstos como finalidad de las penas de prisión en
las ‘Reglas Mandela’, que constituyen la normativa de Naciones Unidas para el
tratamiento de los reclusos”, señaló el organismo presidido por Francisco
Mugnolo.
La Procuración advirtió que la “reinserción social se
instrumenta mediante un régimen de progresividad de las penas que tiende a la
progresiva reincorporación del condenado a la sociedad”, por lo que el proyecto
“impediría este retorno progresivo del condenado al medio libre”.
La iniciativa, además, establece un cumplimiento íntegro de
la pena para la mayoría de los condenados. “Tras un largo período de encierro
carcelario, serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y
supervisión del Patronato de Liberados previsto en la actualidad para el
instituto de la libertad condicional”, indicó la institución.
Para la Procuración, la eliminación de la progresividad de
la pena “no hará más que agravar esta situación”, al entender que “los
problemas que se intentan resolver (…) se resuelven con una justicia
fortalecida y no fortaleciendo la administración penitenciaria en desmedro del
principio legalidad de la pena”.
En este sentido, sostuvo que poner foco en "ampliar las
facultades de intervención de la administración penitenciaria" es un
“error irreparable”, y concluyó: “La clave no es retroceder en este punto sino
fortalecer a la justicia con procesos de ejecución orales, ágiles, que cuenten
con equipos interdisciplinarios que den apoyo a las decisiones judiciales”.
Fuente: AT
