En los últimos días asaltaron y maniataron a la jueza platense Claudia Greco por un ajuste de cuentas. El caso se suma a otros hechos que sufrieron diferentes magistrados a raíz de sus resoluciones y pone bajo la lupa la seguridad de los judiciales y cómo eso repercute en su trabajo.
Opinanan a Diario Judicial el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, Rodrigo Cataldo, y el juez penal de Necochea, Mario Juliano.
Esto es un ajuste de cuentas. Vos metiste en cana a mi
hermano y necesitamos plata para pagar al abogado", fueron las palabras de
los delincuentes que sorprendieron en su domicilio a Claudia Greco, titular del
Juzgado Correccional Nº 4 de La Plata, donde la maniataron y se llevaron una
importante suma de dinero y objetos de valor.
Greco no es la primera magistrada en sufrir un hecho de
violencia por sus resoluciones. En agosto del año pasado, la jueza Martina
Forns, titular del juzgado federal en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo N° 2 de San Martín, fue amenazada con una granada luego de
emitir un fallo que suspendió los aumentos de la luz en todo el país.
Lo mismo sucedió con el Fiscal Fernando Cartasegna, al
frente de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Plata que
apareció golpeado en su despacho con una leyenda que decía "Nisman"
por investigar una causa que se desprende del pago de coimas de la policía
bonaerese.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Provincia de Buenos Aires hizo público su rechazo a quienes pretenden
impunidad por la vía de la violencia y expresaron que "no puede
minimizarse el creciente número de agresiones que sufren funcionarios y
magistrados, originados en el cumplimiento de las responsabilidades que les
fueran confiadas por los ciudadanos".
Rodrigo Cataldo, presidente de dicha institución dialogó en
exclusiva con Diario Judicial y sostuvo que cualquier ataque a un funcionario
por su desempeño es un hecho de suma gravedad institucional y que, si bien no
existe una legislación que así lo exprese, se debe poner foco en la custodia de
los magistrados que atienden causas complicadas.
Cataldo agregó que se deben implementar protocolos para
asegurar el bienestar de los funcionarios y que la custodia o diferentes
medidas de seguridad, a cargo del Ministerio de Seguridad, debería llegar antes
que el hecho de violencia este consumado. Afirmó que hoy todos los magistrados
están expuestos y que los altos niveles de inseguridad de la sociedad se
trasladan también a los tribunales.
Jueces sin tanta compañía
En contra de esa mirada, Mario Juliano, juez del Tribunal en
lo Criminal Nº1 de Necochea y director de la Asociación de Pensamiento Penal,
sostuvo que los judiciales no deberían tener un tipo de seguridad especial,
salvo situaciones excepcionales que se desprendan del propio ejercicio de la
profesión.
Juliano resaltó que los jueces deberían evitar tener
cualquier tipo de privilegios frente a los ciudadanos, a pesar que ya lo tienen
como, por ejemplo, no pagar impuestos a las ganancias. Una custodia permanente
solo ayudaría a "ahondar las diferencias que ya existe entre el Poder
Judicial y el resto de la sociedad".
El juez nechocense añadió que la custodia sólo se justifica
ante un riesgo real y concreto por el ejercicio de las funciones y que debe ser
"acotada, proporcional y justificada".
Por el momento, la Corte Suprema de Justicia de la provincia
de Buenos Aires no se pronunció sobre los hechos de violencia que viven los
funcionarios judiciales.
Fuente: Diario Judicial
