Se siguen ampliando las facultades de la Dirección de
Captación de Comunicaciones (DICOM) que se encarga de las intervenciones
telefónicas en el marco de los procesos judiciales: mayor acceso a bases de
datos de organismos públicos y entrecruzamiento de información son sólo algunas
de las nuevas funciones. Fuerte inserción de aspectos tecnológicos en la
gestión investigativa. Esto abre el camino hacia la tan necesaria Policía
Judicial.
La idea de conformar un símil al Federal Boureau of
Investigation (FBI) el organismo estadounidense dependiente del Departamento de
Justicia que se encarga de llevar adelante las investigaciones de los delitos
federales siempre estuvo entre las autoridades argentinas, incluso se han presentado
en el Congreso diversos proyectos de ley en ese sentido.
Actualmente, y con el objetivo de combatir el Crimen
Organizado y los Delitos Complejos, crece la idea de sumarle facultades a la
Dirección especializada que funciona en el ámbito del Poder Judicial de la
Nación, federalizarla, con sede en las distintas provincias e incorporar
tecnología.
Hay contactos entre diversos sectores políticos y jueces
federales para ampliar las facultades de la Dirección de Captación de
Comunicaciones (DICOM), que desde 2016 depende de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
De hecho, el próximo martes 6 de junio se llevará adelante
una reunión en el ámbito del Senado de la Nación, en la que jefes de bloques
parlamentarios y magistrados debatirán sobre el funcionamiento del organismo.
Se incorporan fuertes avances tecnológicos en un tema en el
que los tribunales siempre estuvieron rezagados y dependían de la colaboración
de otros organismos del Estado para investigar. Este paso impulsado desde la
Corte, pretende poner las cosas en su lugar: las investigaciones judiciales se
desarrollan en el Poder Judicial.
Fuentes consultadas le adelantaron a Diario Judicial que en
la reunión se tratarán políticas tendientes a su federalización, con el
objetivo de acelerar aún más los procesos en pos de combatir este tipo de
delitos complejos. La implementación de "pequeñas sedes" de la DICOM
en cada provincia, pero todas ellas dependientes de la oficina central que
seguirá en la Ciudad de Buenos Aires, parece será el próximo paso en materia
procedimental.
Actualmente, en una investigación realizada por jueces con
jurisdicción en las provincias, el procedimiento se inicia con la remisión, por
parte de un magistrado actuante de una solicitud para intervenir determinado
número a la Dirección de Captación de Comunicaciones, tras lo cual se procede a
la escucha.De implementarse la iniciativa, la cercanía entre los organismos
jurisdiccionales y las futuras "direcciones de captación" haría más
expedita la ejecución de estos procesos, que muchas veces pueden salvar la vida
de personas, por ejemplo en casos de secuestros extorsivos.
De la “Ojota” a la DICOM
La Oficina pasó de una mano a otra en los últimos años.
Hasta el año 2014 era manejada por la Secretaría de Inteligencia, pero tras la
reforma efectuada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la
creación de la Agencia Federal de Inteligencia, la Dirección de Observaciones
Judiciales (la famosa “Ojota”) pasó a la órbita de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo
Tecnológico a la Investigación Penal de la de la Procuración General de la
Nación, donde adoptó el nombre de “Departamento de Interceptación y Captación
de las Comunicaciones (DICOM)”.
Pero a fines de 2015 y con el cambio de color político en el
Poder Ejecutivo, el control de las escuchas judiciales pasó de la Procuración
General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. La decisión se hizo
oficial con la rúbrica del Decreto 256/2015 del 24 de diciembre de 2015,
mediante el cual el Poder Ejecutivo dispone la transferencia del DICOM del
Máximo Tribunal de Justicia. El Decreto se encarga de aclarar que el DICOM
“será el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o
captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial
competente”.
El fundamento para quitarle las escuchas a la Procuración,
comandada por Alejandra Gil Carbó, una “enemiga pública” del oficialismo, fue
para que “la ejecución de una orden de intervención de una comunicación sea
llevada a cabo por un organismo distinto al que es parte en la investigación”.
En ese diciembre caliente, que incluyó la tacha de
inconstitucionalidad del decreto del Ejecutivo por parte de Gils Carbó por
entender que “elude el debate parlamentario sin justificación válida", la
Corte paró la pelota y abrió un compás de espera para recibir a la DICOM. “Es
necesario crear y organizar una estructura apropiada con responsables
jerárquicos idóneos destinada controlar la tarea del personal el funcionamiento
del área que se pretende transferir así como para autorizar, firmar suscribir
los oficios las empresas responsables de ejecutar las derivaciones de las
comunicaciones”, aseguraron en ese momento los supremos Ricardo Lorenzetti,
Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
La creación de la DICOM
En uno de sus primeros acuerdos de 2016 y aún sin la
renovación en su integración con las llegadas de los ministros Horacio Rosatti
y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema aceptó
la transferencia "del"
DICOM y lo rebautizó como “Dirección de Captación de Comunicaciones del
Poder Judicial de la Nación”, manteniendo la misma sigla, siendo ahora "la
DICOM"
La Acordada 2/2016, suscripta por los ministros Ricardo
Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, dispone que la
DICOM “tendrá autonomía de gestión” respecto de la Corte y sus autoridades
tendrán “facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las
decisiones conducentes al cumplimiento de los objetivos dispuestos en esta
acordada”.
En ese mismo acto y tras un sorteo, se designaron a las
autoridades del órgano, que esta a cargo de un juez penal con rango de
camarista y también cuenta con un director y cuatro subdirectores, más un
organismo de auditoría, que depende de la Corte. El titular de la Cámara
Federal porteña, Martín Irurzun, acompañado por el presidente de Ia Cámara
Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, fueron los
nombres designados al frente de la DICOM.
Con relación a ese punto, en su acordada la Corte dejó en
claro que iba a mantener facultades para modificar la estructura del organismo
mediante acordadas, y que podía revocar el mandato de sus autoridades “si se
detectaran incumplimientos graves basados en informes de auditoría”.
Asímismo, un día después de la suscripción de la Acordada,
la Corte dictó la Resolución 123/16 donde designa al actual Director de la
DICOM Juan Tomás Rodríguez Ponte, un funcionario de acreditada trayectoria en
los tribunales federales.
Conforme dice el texto de la Acordada que la crea, la DICOM
tiene como objetivo dar trámite al cumplimiento de las medidas “referentes la
interceptación y captación de comunicaciones privadas de cualquier tipo, que
fueran requeridas por los magistrados judiciales los del Ministerio Publico Fiscal”,
y para ello deberá cumplir con principios como transparencia y
confidencialidad, minería de datos -“la cual consiste en extraer información de
un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso
procesal posterior”- y nuevas tecnologías de investigación.
Luego del traspaso de competencias, la Corte continuó con
las modificaciones internas del organismo. Una de ellas se materializó mediante
la Acordada 30/16, que crea la "Dirección de Asistencia Judicial en
Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación",
organismo del cual dependerá posteriormente la DICOM.
Según el texto, dentro de esta Dirección funcionará la
"Oficina de Captación de Comunicaciones", con las funciones que
fueron transferidas por decreto 256/2015, a cuyos efectos asume las
competencias específicas de la "Dirección de Captación de Comunicaciones
del Poder Judicial de la Nación". Un nuevo bautismo para la ex Ojota. El
fundamento del nuevo cambio, esta vez, obedeció a la necesidad de “reforzar y
ampliar” sus competencias “mediante la transformación de su estructura,
manteniendo el marco de la autonomía de gestión que le ha sido conferida”.
El objetivo de la nueva Dirección es el de auxiliar a las
autoridades judiciales en causas complejas de crimen organizado, “tomando como punto de partida inicial los
instrumentos de análisis criminal en materia de telecomunicaciones” ya
desarrollados por la DICOM. Esta Dirección especial intervendrá en casos de
tráfico ilegal de estupefacientes, precursores químicos, trata explotación de
personas, secuestros extorsivos, criminalidad económica, lavado de activos en
el marco de delitos complejos, crimen organizado de carácter transnacional,
financiamiento del terrorismo y delitos ambientales.
Llegó 2017 y con ello una nueva modificación de la
estructura interna del organismo. Tras un decreto del Poder Ejecutivo – el
102/2017- se reformó el Decreto que
transfirió la DICOM de la Procuración General a la Corte Suprema en lo que hace
a las autoridades de la Dirección de Asistencia Judicial, que pasa a tener a
cargo a dos jueces penales con rango de Juez de Cámara, que actuarán como
Director General y Subdirector General, respectivamente, y durarán en sus
funciones por el plazo de tres años. Además, transcurridos los tres años, el
Subdirector General pasará a ejercer el cargo de Director General y se deberá
sortear un nuevo Subdirector. En los hechos, significa para el juez Leal de
Ibarra un virtual mandato por seis años.
Tras la sanción del decreto, llegó la respuesta de la Corte
acatando la disposición del Ejecutivo. El Tribunal, mediante Acordada 13/17,
del último 23 de mayo, resolvió prorrogar los mandatos de Irurzun y Leal de
Ibarra por tres años, a contar desde la fecha de publicación del decreto
presidencial – el último 14 de febrero-. En otros términos, el juez Irurzun
estará al frente de la Dirección hasta febrero de 2020, cuando le cederá su
lugar a su colega Leal de Ibarra, quien pasará al frente de la misma hasta
2023.
Fuente: Diario Judicial
