El defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, presentó un
recurso de amparo colectivo en la Justicia Federal para dejar inactivo el
decreto que suspende el pago de pensiones para discapacitados, adultos mayores
y madres de siete hijos.
Juri Debo explicó que la Defensoría emitió tres pedidos
anteriores ante el Ministerio de Desarrollo de la Nación para que se revea la
decisión pero no obtuvo respuestas. Afirmó no estar en contra de las revisiones
y controles administrativos, pero sí planteó su oposición a la suspensión de
pensiones sin otorgar plazos para informar y demostrar la condición de cada
titular. Explicó que el organismo ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito a
quienes resulten perjudicados.
“Presentamos un amparo colectivo ante la Justicia Federal de
acuerdo a lo previsto por la Constitución Nacional, para que se suspenda la
aplicación del decreto en todos los pensionados de Tucumán porque no respeta
ninguna norma”, y pidió que la medida sea aprobada por la Justicia hasta tanto
la Nación pueda notificar previamente y constatar si hay anormalidad. Explicó
que si la administración nacional suspende el beneficio, los afectados podrían
pasar hasta tres meses sin cobrar, hasta poder dar fe de su situación.
Las pensiones son un derecho
“Las pensiones por discapacidad no son un subsidio, sino un
derecho. El decreto es inconstitucional y va en contra de todos los tratados
internacionales. Tucumán es la primera provincia en presentar una cautelar
general porque la Defensoría del Pueblo está facultada en hacer colectivos los
amparos”, dijo.
Al ser consultado por la denuncia de irregularidades en el
trámite de algunas pensiones, Juri Debo explicó: “El Estado tiene toda la
potestad de controlar pero no puede cortar las pensiones para luego revisar”.
En cuanto a la suspensión que afecta a personas con Síndrome
de Down, pidió a los funcionarios nacionales reflexionar sobre esta cuestión:
“Hay una falta de sensibilidad social terrible. Quienes tienen familiares,
hermanos, hijos, amigos que recibieron a estos ángeles y pensamos con qué se
sostienen. En muchos casos no pueden trabajar y también es cierto que la
sociedad no termina de integrarlos. El Estado, antes de quitar esas pensiones,
debería generar fuentes de trabajo para personas con discapacidad”.
Si la presentación legal toma curso, la Justicia Federal
notificará a la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.
“Creo que será positiva la respuesta porque este es un derecho. Para el Estado
esto no es un gasto, es una inversión en derechos para la gente”, concluyó
Debo.
Fuente: Abogados Tucumàn
