El Ministerio de Desarrollo Social y el Poder Judicial de la
provincia firmaron un convenio de colaboración recíproca para reforzar el
abordaje de los grupos más vulnerables de la población. Luego de la firma del
convenio, se llevó a cabo la presentación del Protocolo Interinstitucional de
Aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes
El protocolo es un esfuerzo conjunto entre los dos Poderes
del Estado, con el objetivo de dar mayor y mejor respuesta a niñas, niños y
adolescentes que vean sus derechos vulnerados y procurar su restablecimiento en
el marco de la Convención de los derechos del Niño, la Ley provincial 8293 y
demás normas vigentes.
Al respecto, el titular de la cartera social, Gabriel Yedlin
calificó la iniciativa de una “reivindicación” en el rol del Estado “como
protector de los derechos de la gente. El Protocolo viene a comprometer de acá
en adelante a todos los gobiernos para que participen en el cuidado de las
personas más vulnerables”.
Sobre la aplicación del instrumento, el ministro
ejemplificó: “Con este Protocolo, el Estado, ante cierta situación de
vulnerabilidad, debe intervenir y hacerse cargo, por ejemplo, del pago de
acompañantes terapéuticos para quienes no tengan obra social y además, se prevé
el acortamiento de los procesos de vínculos entre el Ministerio y la Justicia
en los pedidos de adopción, como así también la inversión para el mantenimiento
de los institutos. Así, se generan responsabilidades hacia el futuro”.
El Protocolo es la concreción de una política estatal
vinculada al funcionamiento efectivo del sistema de protección integral de
niños, niñas y adolescentes en el marco de un proyecto interinstitucional que
busca optimizar el acceso a la Justicia en cuestiones relacionadas a la
protección de la infancia. Tiene como finalidad que los niños, niñas y
adolescentes puedan gozar y ejercer plenamente sus derechos, ya que el Estado
tiene la obligación de intervenir a través de su sistema de protección cuando
alguno de ellos ha sido afectado, y en este sentido se ordena la intervención,
según corresponda, al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, Sandra Tirado entendió que “agilizará los tiempos y
organizará el sistema de protección integral con las distintas áreas”, en este
caso específico, con niñas, niños y adolescentes que “no tengan cuidados
parentales o por algún motivo deban ser separados de sus padres o familias;
asimismo trabajar con el grupo Andamiaje en lo que hace al vínculo de algunas
mamás y sus hijos”. En ese sentido indicó que “es un protocolo amplio en lo que
hace a los derechos pero que estipula tiempos, tanto desde nuestro rol como
órgano de aplicación o como desde el Poder Judicial”.
A su turno, Hernán Monath, representante de Unicef inidicó
que la iniciativa tiene una importancia “fundamental para ponerle forma a la
articulación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, para llevar adelante las
acciones que permitan cubrir las garantías de los derechos de niñas, niños y
adolescentes y abrir así un camino de coordinación de acciones”.
De la rúbrica del instrumento participaron además de Yedlin,
Tirado y Monath, el presidente de la Corte Suprema, Antonio Gandur, quien
estuvo junto a los vocales René Mario Goane y Claudia Beatriz Sbdar.
También formaron parte del acto el secretario de
Articulación Territorial, Ramiro González Navarro, la jueza de Familia de la VI
Nominación, Claudia López, el secretario de Gestión Administrativa, José
Gandur, el subsecretario de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Sociales, Francisco Navarro y de la directora de Niñez, Adolescencia y Familia,
Myriam Martini, entre otras autoridades.
Fuente: Abogados Tucumàn
