La Secretaría de Derechos Humanos recibió a un grupo de
personas para interiorizarse de la situación que afrontan en relación a
presuntas estafas cometidas por empresas constructoras. Se solicitarán informes
a los organismos correspondientes para realizar los reclamos.
Erica Brunotto, titular área, contó que hay más de 1.000
familias que fueron engañadas. “Muchos de ellos usaron sus ahorros para acceder
a una vivienda y se quedaron sin dinero y la posibilidad de tener una casa
propia”.
La funcionaria sostuvo que “se les está negando la Justicia”
ya que las causas no siguieron su trámite. “En las mediaciones las empresas no
se presentan e incluso hay situaciones que tienen que ver con los órganos de
control, que vienen de la Municipalidad capitalina, para verificar estas
construcciones y no se cumplieron,
resultando muchas de ellas sin el certificado de final de obra”,
advirtió.
En una primera instancia, la titular de Derechos Humanos
dijo que se pedirán informes a la Municipalidad, Catastro del municipio
capitalino y al Ministerio Público Fiscal. “Una vez que tengamos la información
y analicemos con las denuncias recibidas haremos los reclamos que correspondan.
Incluso si es necesario, llegaremos a la Nación”, anticipó.
Oscar Magariño, arquitecto y damnificado en la compra de un
inmueble, indicó: “vamos a buscar todas
las posibilidades que hagan falta para poder llegar a buen puerto. Queremos
apoyo y solución”.
Brunotto, finalizó: “es una situación que se hizo común en
el negocio inmobiliario. Es necesario la intervención de Estado y que estas
personas, que fueron estafadas, tenga su vivienda”.
Fuente: Abogados Tucumàn
