El fiscal de Instrucción, que recibió la denuncia por el uso de fondos
legislativos, evaluará si hubo delitos contra el erario.
Entre enero y septiembre pasado, empleados de Tesorería de la
Legislatura retiraron cerca de $ 490 millones en efectivo de un banco y los
llevaron en una camioneta oficial hasta el edificio de calle Muñecas 951. El
movimiento de la plata destinada a la partida “ayudas sociales a personas”
generó un revuelo en el cuerpo colegiado: los nuevos legisladores no cobraron
aún los recursos conocidos como gastos sociales, y tampoco pudieron nombrar
hasta el momento los asesores para sus equipos.
Más allá
de estas repercusiones, el fiscal de Instrucción a cargo del caso, Washington Navarro Dávila, aclaró que ante todo debe determinar si hubo
alguna anomalía, para luego solicitar la apertura de una investigación
jurisdiccional al juez de Instrucción que corresponda.
El
representante del Ministerio Público explicó ayer en rueda de prensa que está
esperando la ratificación de la demanda por parte del abogado y ex candidato a
legislador por el peronismo disidente, Oscar
López. “Hay que analizar el tema, porque trasladar el
dinero en valijas será un riesgo, pero no es delito. Habrá que ver qué entidad
tiene cada uno de los puntos (de la denuncia de López). También se mencionan
supuestos delitos electorales y se hace referencia a fallos del fuero
contencioso administrativo y de la Corte Suprema. Pero no dice el día, la hora
y cuál es el hecho (reprochado). Entiendo además que en la Junta Electoral no
hubo denuncias por delitos. Hay que delimitar bien qué puede probarse o no”,
apuntó Navarro Dávila, a la puerta de su despacho de la sede penal de
Tribunales. Tras esto, un periodista le recordó que se trataba “de fondos
públicos”. “Claro. ¿Pero cuál es la ley que se viola trasladando dinero en
valijas?”, le replicó el fiscal.
Fotos y documentación
La denuncia de López fue realizada hace nueve días, a partir de una
serie de notas que había publicado LA GACETA. Mediante fotos, registros
bancarios, testimonios y otros documentos se evidenció cómo era el sistema -hoy
paralizado- de traslado del efectivo de la Cámara.
Todas las
semanas, un empleado de Tesorería se presentaba en la sede de calle San Martín
al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. Allí entregaba cheques, retiraba dinero
de la cuenta N° 20098043/8, denominada Honorable Legislatura, y llevaba la
plata en una o más valijas. En cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes
de $ 100. En junio fueron extraídos $ 47,8 millones de esa cuenta; en julio, $
53 millones; y en agosto, mes de las PASO y de las elecciones provinciales, $
91,7 millones. Esos fondos eran trasladados al edificio del cuerpo colegiado en
una camioneta Toyota Hilux gris, dominio LWT-252, que pertenece a ese poder.
¿A qué se
destinó el dinero? Sólo los gastos sociales son abonados en efectivo en la
Cámara. Sin embargo, actuales y ex legisladores afirman que no percibieron más
de $ 80.000 por mes en ese concepto. Más allá de estas versiones, este año la
Legislatura cuenta con una partida de $ 505,6 millones para “ayudas sociales a
personas”. A fines de septiembre, en esa “caja” quedaban $ 15,5 millones.
Ayer el
fiscal Navarro Dávila relató en rueda de prensa que aguardaba la ratificación
de la demanda por parte de López. “Faltaban algunas firmas para certificar los
ejemplares (del diario) que aportó con la denuncia”, relató el investigador
judicial. Y agregó que aún no ha dispuesto medidas de prueba. “La denuncia es
muy genérica y está acompañada por publicaciones del diario (LA GACETA). En su
momento vamos a analizar si pedimos informes”, anticipó Navarro Dávila. Luego,
se le consultó si había evaluado la chance de abrir de oficio la pesquisa
penal. “Lo que pasa es que la publicación (inicial) fue el 1 de noviembre, y yo
no estaba de turno (N. de la R.: en esa fecha actuaba la Fiscalía de
Instrucción de la IV° Nominación, a cargo de Diego
López Ávila)”, dijo. Y agregó: “López hizo la presentación
estando esta Fiscalía de turno. Yo podría haber aducido una cuestión de
competencia, pero me pareció que, por una cuestión de complejidad del caso,
debía abocarme inmediatamente”, señaló Navarro Dávila.
El
fiscal, que regresó el lunes tras un congreso en Santa Fe, consideró que aún no
hay indicios para sospechar que hubo malversación de fondos. “No -respondió,
estirando la vocal-, la figura de malversación requiere muchos elementos y no
hay por ahora suficientes antecedentes como para decirlo”.
Se le recordó a continuación que los cerca de $ 490 millones retirados del banco este año estaban bajo la partida “ayudas sociales a personas”. “Habrá que ver qué dice la imputación de cada partida, cuál es el destino, cuál es el respaldo contable, la intervención del Tribunal de Cuentas y de los organismos de contralor”, afirmó Navarro Dávila. ¿Le interesa acceder al registro del respaldo de esos gastos para saber en qué se ha gastado ese dinero?, le preguntó este diario. “A mí, como interesarme o no... Tengo que ver si es útil para la investigación. Lo que sea de utilidad, se recabarán informes”, explicó el fiscal. Y aclaró que la citación a testigos depende del avance de la pesquisa. “Tengo que ver ante todo si corresponde la apertura de la investigación jurisdiccional. No olviden que no investigo yo, sino que analizo la posibilidad de que el juez abra una investigación jurisdiccional. Esta es una figura muy específica y tengo que ser prudente en cuanto a las medidas, que no deben ser probatorias en mi caso porque están vedadas para mí”, indicó Navarro Dávila.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/660696/politica/navarro-davila-que-ley-se-viola-trasladando-dinero-valijas.html
