El gobierno provincial junto al arco representativo del
azúcar realizó hoy una presentación judicial ante la Justicia Federal de
Tucumán para que “se deje sin efecto la ordenanza” de la Municipalidad de la
ciudad de Córdoba que restringe el uso del dulce producto en los lugares
gastronómicos cordobeses.
“Acompañamos a los factores azucareros promoviendo ante la
Justicia Federal local una acción de inconstitucionalidad y un pedido de medida
cautelar para defender los intereses de la actividad azucarera en plano”,
indicó el Fiscal de Estado, Daniel Leiva.
A su vez, el presidente del Centro Azuceraro Regional
Tucumán (Cart), Julio Colombres, comentó que desde otros sectores también se
promoverán acciones judiciales ante el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba,
“con la misma lógica de proteger al sector azucarero ante esta norma dañina e
inconstitucional”.
El azúcar es trabajo, salud, fuerza, una economía regional y
todos tenemos que defenderla porque lo que están haciendo (con la vigencia de
la ordenanza cordobesa) es político”, sentenció Mario Teseira, representante de
cooperativas cañeras.
El titular del grupo Los Balcanes, Jorge Rocchia Ferro,
elogió la gestión del gobierno de la Provincia y su “invalorable
acompañamiento” de lo que llamó la “demonización” del azúcar al aplicar esta
ordenanza.
“Queremos educar y usar el azúcar de forma responsable por
eso no nos vamos a quedar quieto y agradezco al gobierno de Juan Manzur que
este en igual línea”, indicó.
“Perjudica a la actividad y nos quita la libre elección,
además de ser discriminatoria e inconstitucional”, opinó a su turno José García
de la Federación de Defensa al Consumidor (Fedecus), José García. En ese
sentido se preguntó “¿porque el cigarrillo que es perjudicial para la salud se
exhibe y el azúcar ahora no?”.
Por su parte, Sergio Fara, titular de la Unión Cañeros
Independientes de Tucumán (Ucit), entendió que el producto “está dentro del
Código Alimentario” y “una ordenanza no puede ir contra una ley” agregó: “vamos
a acompañar con la fuerza que sea necesaria y recurrir a las más altas esferas
para que sea derogada porque se nota que detrás de esto hay intereses políticos
y económicos”.
Fuente: AT
