Como en la Municipalidad no les dieron los papeles necesarios para
circular, es imposible que salgan a la calle.
Pablo Zurita, de 38 años y 8 hijos, ganaba unos $150 por día recogiendo
y luego vendiendo papel y cartón en un motocarro. A ese monto a veces tenía que
restarle unos $100, porque inspectores viales o municipales -no sabe
reconocerlos- le pedían ese dinero para seguir circulando por las calles o
avenidas de la ciudad debido a la falta de papeles. Ante esto, ahora trabaja de
albañil. Zurita, como las otras siete personas que recibieron vehículos del
municipio capitalino por el programa “Primera sustitución de tracción a sangre”,
apagaron los motores hace meses, ya que nunca recibieron una autorización para
circular con los motocarros que son propiedad de la Municipalidad.
El 16 de diciembre de 2014 el entonces intendente Domingo Amaya inauguró
el programa con la entrega de las llaves a ocho familias de La Costanera que
accedieron a dejar de usar carros tirados por caballos. Los animales fueron
insertados en el programa gratuito de equinoterapia que se ejecuta en la sede
del Cenara o donados a escuelas de alta montaña. “La nafta correrá por cuenta
de ellos. Pero primero recibirán una capacitación sobre manejo y Educación Vial
en la Dirección de Tránsito. Una vez que estén listos y que tengan el carnet de
manejo en la mano podrán salir a la calle”, había dicho Jorge Pérez
Musacchia, ex titular del Cenara. Esa fue otra de las promesas que, según los
beneficiarios, no se cumplió.
Dominga Ledesma, esposa de Zurita, fue quien golpeó diferentes puertas del
municipio para gestionar los papeles que faltaban, como la cédula verde y los
carnets de manejo para los conductores (“nos habían prometido que nos los
gestionarían de manera rápida”), pero no consiguió respuestas a casi un año
desde que se lanzó el programa. “Sentimos que hemos salido perdiendo al
entregar el carro y el caballo. A los tres meses de que nos entregaran las
llaves vinieron a vernos, pero después no aparecieron. De las ocho familias,
ninguna los usa. No hemos recibido clases de manejo, no tenemos cédula verde.
Están casi nuevos por falta de uso”, explica Ledesma, mientras le saca el toldo
con el que tapaba al vehículo, que está estacionado en su patio repleto de
barro. Al costado del motocarro blanco se lee “Programa de sustitución de
Tracción a Sangre. Secretaría de Servicios Públicos. Cenara”.
Ramona Zurita, también vecina de La Costanera, cuenta que el suyo se rompió y
que repararlo o ponerle nafta sale caro. Por ello, para mostrarlo para esta
nota varios vecinos tuvieron que empujarlo desde su fondo hasta la avenida que
está justo a un costado del río Salí. “Mirá, casi nuevo”, se ríe la mujer, pero
se pone seria cuando decide hacer un pedido de ayuda a las autoridades
municipales y provinciales: “acá no vinieron ni a hacer campaña. Quiero pedir
en nombre de los vecinos que aunque sea nos ayuden para comprar zapatillas para
los chicos del barrio. No tenemos nada y no sabemos qué vamos a darles de comer
mañana”, se lamenta Ramona, que desde hace unos 20 años vive en la zona.
Pablo Ledesma, joven de 21 años, aclara que él es el único que usa el vehículo.
Pero resalta que sólo lo mueve para hacer algunos trabajos cerca de su casa, o
ir al Mercofrut, y evitando a toda costa los controles.
Gestionando el permiso
En el municipio confiesan que “Primera sustitución de tracción a sangre”
es un programa de la anterior gestión que tiene que seguir perfeccionándose y
que se lo ampliará el año que viene. A su vez, indican que se realizarán
estrictos controles dentro de las cuatro avenidas para evitar la circulación de
carros de tracción a sangre.
“Queremos dejar en claro que los motocarros son propiedad del estado municipal.
Y para que los trabajadores puedan evitar contratiempos, como el secuestro de
los vehículos, en los próximos días vamos a regularizar esa situación. Estamos
tramitando los permisos de libre circulación. Como son bienes en comodato, no
se pueden transferir. Y para que los trabajadores de la actividad no tengan
inconvenientes con los inspectores municipales vamos a proceder a entregar un
permiso, equivalente a una cédula azul. Con esta medida estamos convencidos que
el inconveniente podrá ser subsanado en el corto plazo”, asegura el secretario
de Gobierno de la municipalidad de esta capital, Walter Berarducci.
Ordenanza trunca
En marzo de 2013, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó
un proyecto de ordenanza del concejal alperovichista Ignacio Golobisky,
que se proponía erradicar la presencia de los carros, a cambio de motocarros.
Pero como primer paso -según se describió en ese entonces- se proponía realizar
un censo de los vehículos, los animales y las personas que trabajan con ellos.
El segundo paso era el de formación de cooperativas de trabajo para organizar a
los carreros o integrarlos al monotributo social, entre otros puntos (como el
de organizar talleres de mecánica para que ellos mismos pudieran arreglar sus
vehículos). Y como objetivo a largo plazo, proponían reemplazar los carros
tirados por caballos por motocarros entre otras ideas. A pesar de haber sido
aprobada por unanimidad por el cuerpo de concejales, en abril de ese año Amaya
vetó la ordenanza. “La entrega de los ocho vehículos fue una pantomima montada
por Amaya y Alfaro. No tenía ningún tipo de relación con lo que fue la
ordenanza aprobada por unanimidad. Era previsible que el proyecto de ellos iba
a fracasar porque no se hicieron bien las cosas, no hubo un acompañamiento,
entre muchos otros aspectos”, opinó el ex edil, sobre la situación de los
carreros que son parte del programa “Primera sustitución de tracción a sangre”.
Trueque en la Costanera
Un día antes de la entrega de los vehículos
El 15 de diciembre de 2014 LA GACETA publicó la historia de las ocho
familias (en su mayoría familiares entre sí) que estaban por cambiar sus carros
y caballos por motocarros. Fue el Centro de Adaptación y Reubicación Animal
(Cenara) el que ejecutó ese programa municipal; y su titular en ese tiempo,
Jorge Pérez Musacchia, indicó que tenían que controlar que ese objetivo se
lograra y que fuera claro. “Por ello, los beneficiarios recibirán
acompañamiento después de la entrega del vehículo”, dijo entonces. Y añadió que
los adjudicatarios iban a recibir clases de manejo y Educación Vial. Desde el
municipio se dijo que la Dirección de Familia y Desarrollo Comunitario había
elegido esos beneficiarios “por la cantidad de hijos y porque dependen
exclusivamente del trabajo que consiguen con sus carros”.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/661554/sociedad/les-canjearon-carro-motocarro-pero-no-pueden-usarlo.html
