El Ministerio de Justicia avanza con la reforma del Código
Procesal Penal y busca que el proyecto sea debatido este año en el Congreso. La
implementación llevará de cinco a siete años y se empezará por los extremos al
centro del país.
El Ministerio de Justicia avanza en la aplicación del nuevo
Código Procesal Penal. Para ello, el ministro Germán Garavano mantuvo una
reunión con autoridades para consensuar la futura implementación.
El proyecto será presentado el 2 de marzo, incluirá
leyes ya sancionadas -flagrancia,
proyección de las víctimas y unipersonalidad del juzgamiento- y comenzará a
debatirse en la Comisión Asuntos Penales.
El texto, entre otras cuestiones, le otorga mayor
protagonismo a los fiscales, establece la toma de decisiones en audiencias
orales y permite que los jueces que condenen en primera instancia puedan
determinar la prisión inmediata de los acusados, sin la necesidad de que el
fallo quede firme.
Participaron en la reunión el presidente de la Comisión
Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal
Penal de la Nación, Rodolfo Urtubey, el
presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; en representación
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el juez Julián Ercolini, el
titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal y la defensora general de la Nación, Stella
Maris Martínez.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos
que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados
o liberados”, destacó la defensora general de la Nación.
“La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal
supone un profundo cambio en el sistema
judicial, que implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa
penal, es por ello que se hace imprescindible contar con la puesta en común de
un criterio federal para la elaboración del plan de implementación”, resaltó el
ministro de Justicia.
El senador Urtubey destacó que “el proyecto de 2015 se ha
enriquecido con propuestas del Gobierno, como la figura de flagrancia, los
juicios unipersonales y la Ley de Víctimas”, y añadió: “Ahora también
trabajaremos por un recurso de casación pleno”.
“Para las personas detenidas, las angustias y sufrimientos
que provoca no saber qué pasa con ellos es fundamental. Quieren ser condenados
o liberados”, destacó la defensora general de la Nación.
La cartera prevé una instrumentación que tomará de cinco a
siete años. Se aplicará progresivamente y se empezará por los extremos al
centro del país. “Estamos planificando una implementación que llegue en última
instancia a las provincias con estructuras más complejas y mayor cantidad de
casos”, advirtió Garavano.
Fuente: Abogados Tucumán
