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Guaymás Ocampo: “No hay una política de seguridad que vaya contra del delito”

Guaymás Ocampo: “No hay una política de seguridad que vaya contra del delito”

Al ser consultado por el caso Chocobar, en el que entró en el debate de la política nacional la figura de la legítima defensa, para cambiar la doctrina, el abogado penalista, Darío Santiago Guaymás Ocampo, habló con un periodista de la redacción de Abogados Tucumán y dijo: “El Código Penal establece que hay excepciones y son causas de inimputabilidad cuando la persona actúa en determinadas circunstancia, con excepciones, cuando se trate de un agente policial”.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quiere invertir la carga probatoria, en el que se presume que la acción policial es legal hasta que se demuestre lo contrario, eso implica una modificación del artículo 34.

Surge un problema, según Guaymás Ocampo, en el que la Ministra necesita buscar soluciones porque no hay una política de seguridad determinada que vaya en contra del delito. “Nosotros tenemos una Provincia destruida por la inseguridad, la fuerza policial tiene vicios a nivel institucional y está muy cuestionada en todos sus ciclos históricos que vienen del excesivo rigorismo de la época de la represión, en el que la policía tenía demasiado poder y con el tiempo su autoridad se fue degradando por lo que la sociedad le perdió respeto”

Y dijo que el gobierno nacional no tiene alternativa, seguramente será aprobado el proyecto, porque hay un clamor popular que pide que haya mano dura. “Esto tiene varios problemas, porque la delincuencia y la policía tienen un mismo origen, no hay una policía profesionalizada, es solo una solución laboral con sueldo fijo. El delincuente y el policía  viven en el mismo barrio y tienen el mismo origen. La policía no va a cambiar. Tiene que haber una nueva política criminal para que se jerarquice esta labor. La sociedad es una especie de conejo de indias porque no hay una reglamentación clara”.

Ejemplificó, por último, que en Tucumán el 70% de las motociclistas circula sin patentes y no hay una decisión política de secuestrar las unidades, ni se aplica la ley por cuestiones electorales. “Cuando se hace justicia por mano propia, la gente responde ante la ausencia del Estado. La sociedad pide soluciones al poder político”, declaró.

Estudio Jurídico del Dr. Darío Santiago Guaymás Ocampo

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Fuente: Abogados Tucumán