Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital,
dijo que el nuevo Código debe ser prorrogado por ley
El Colegio de Abogados de la Capital dijo que la correcta
administración de justicia siempre había estado en el centro de sus preocupaciones
y que, por ello, entendía que no valía de nada legislar si esa actividad no iba
acompañada de recursos capaces de hacer realidad los cambios legislativos. “El
voluntarismo no alcanza para reformar la Justicia”, expresó Marcelo Billone,
presidente de la entidad, en un comunicado emitido a propósito de las marchas y
contramarchas relativas a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de
2016 en Concepción y Monteros, y de las consideraciones del legislador
oficialista Marcelo Caponio.
El dirigente profesional rechazó el desinterés que le había
endilgado Caponio y añadió que le llamaba la atención que el “abanderado” de
una ley con graves falencias ahora se “rasgara las vestiduras”. Además, Billone
exigió explicaciones a Caponio por medio de una carta documento (se informa por
separado). “Entendemos, al igual que lo hace la Corte Suprema de Justicia de
Tucumán, que debe suspenderse la puesta en marcha del nuevo código hasta que
sean subsanadas las falencias de infraestructura que hacen imposible su
aplicación. Pero consideramos que la vía más apta para dar un adecuado contexto
legal a la cuestión sería la sanción de una ley que así lo dispusiera y que,
además, adoptara las previsiones para dotar de los fondos necesarios al Poder
Judicial para poder avanzar en la tarea de preparación del cambio de sistema”,
manifestó Billone. La Legislatura discute si dictará una nueva prórroga (ver
“Nuevo proceso…”). El vocal decano del alto tribunal, René Goane, ayer pidió al
vicegobernador Osvaldo Jaldo que los legisladores ratifiquen el aplazamiento
hasta 2019 dispuesto por la Corte por medio de la Acordada 275/2018 (ver “Goane
pide a Jaldo…”).
Billone advirtió que no era la primera vez que el Gobierno
impulsaba modificaciones procesales sustanciales sin dotarlas de los medios
para implementarlas con la seriedad debida. Y recordó el caso de la
remodelación del fuero laboral aplicada a comienzos del año pasado con la
oposición del Colegio, que incluso promovió infructuosamente un juicio ante la
Corte Suprema. “De manera alguna ha de lograrse una recta administración de
justicia con la mera sanción irresponsable de nuevas leyes procedimentales que
no pueden en los hechos ser puestas en funcionamiento y que trasuntan que en
realidad quienes no se interesan por los problemas tanto ya existentes como los
que se desencadenan a partir de la sanción de estas normas inviables son
precisamente los legisladores que las prohijaron”, cuestionó.
“Impresentable”
Billone dijo que también despertaba su curiosidad que sea el
legislador Caponio, autor en su momento de “un desgraciado proyecto de ley de
subrogancia”, quien objetara al Colegio su preocupación por este tema. “Es
cierto que nos preocupamos y lo seguiremos haciendo. Tuvimos que extremar
esfuerzos para evitar que la impresentable propuesta mencionada, que se
apartaba de todas las pautas constitucionales sobre la materia, prosperara (en
la Legislatura). Evidentemente, cuando la cuestión dejó de interesarle
personalmente, Caponio la considera reprochable”, contestó.
El martes, el legislador oficialista había responsabilizado
al presidente de la Corte, Daniel Posse, por el vencimiento del plazo para
implementar el nuevo proceso penal en Concepción y Monteros. Según Caponio, el
código de 2016 estaba en vigor desde el 1 de abril y su aplicación era
obligatoria para los jueces. Caponio añadió que advertía un desinterés
generalizado por el funcionamiento correcto de la Justicia penal que partía de
algunos jueces “cómodos” y comprendía a los propios actores de la abogacía.
Fuente: La Gaceta
