En los 12
años de kirchnerismo que culminan con la jura del nuevo presidente, los
gobiernos de Néstor Kichner primero y de Cristina de Kirchner luego,
marcaron una profusa agenda parlamentaria en la que impulsaron la sanción de
leyes sustanciales, abriendo el camino de la profundización de derechos
sociales y civiles, además de sentar las bases de funcionamiento de sectores claves
como la educación, la salud, la industria y la ciencia.
Un racconto cronológico permite seguir la línea conductora de la gestión
kirchnerista. Como marca indeleble de la década K, quizás uno de los puntos más
salientes fue la reivindicación de los derechos humanos. Senda que comenzó en
2003, cuando por impulso del Ejecutivo, se declararon la nulidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Así, fue el Congreso, a través
de una sesión histórica, quien declaró nulas las denominadas "leyes del perdón".
Ya en 2004, el año comenzó con la derogación de la ley de flexibilización
laboral, conocida como ley Banelco, símbolo de la hecatombe a la que sumió al
país el gobierno aliancista de Fernando de la Rúa.
En el 2005, el Congreso aprobó la unificación de las elecciones
legislativas, en lo que fue una reforma electoral para ponerle fin a la
discrecionalidad de los gobernadores en el armado de las listas de candidatos.
Además, a 11 años de su creación en la Constitución del '94, se avanzó en la
reforma al Consejo de la Magistratura. La reforma fue impulsada por la
entonces senadora Cristina de Kirchner que redujo de veinte a trece
el número de consejeros y otorgó mayoría de siete miembros a los representantes
políticos, con seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo.
También, se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, promovida por el
entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, para garantizar un
aumento progresivo de la inversión total en educación, ciencia y tecnología
hasta alcanzar el 6% del Producto Bruto Interno en el año 2010. Además,Además,
apuntó a recuperar la escuela técnica y prorrogó hasta 2009 el Fondo Nacional
de Incentivo Docente (FONID).
Un año más tarde, en el 2006, luego de 12 años de incumplimiento del mandato de
la Constitución de 1994, el Congreso sancionó la ley para reglamentar los
Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Tras un arduo debate, la mayoría
oficialista resolvió que los decretos deben ser aceptados o rechazados por
mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero continuarán vigentes
mientras no reciban tratamiento parlamentario.
Aquel año en materia educativa, se aprobaron la Ley de Educación Sexual,
que establece que todos los estudiantes tienen derechos a recibir educación
sexual integral en los establecimientos educativos públicos y privados de todo
el país, y la Ley de Educación Nacional, que reemplazó la Ley Federal de
Educación del menemismo y entre otras cosas, fijó la obligatoriedad de la sala
de cinco años, subió las exigencias para la carrera docente, estableció una
escuela primaria de jornada completa, un segundo idioma obligatorio, el acceso
a la informática y nuevos contenidos, como la educación sexual.
También, tras una ardua polémica que incluyó a los gobernadores de las
provincias del norte argentino, se sancionó la Ley de Bosques que
estableció que las provincias debían completar el ordenamiento de sus bosques
nativos, fijó mecanismos de consulta y participación para autorizar desmontes y
declaró la emergencia forestal en todo el país.
En el 2008, se produce otros de los hitos que marcaron la era kirchnerista. Por
impulso del Ejecutivo, el Congreso sanciona la estatización de las AFJP,
administradoras de jubilaciones privadas que quedaban como resabio de las
políticas neoliberales aplicadas por el menemismo. A partir se fortaleció el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para estimular el desarrollo sustentable
de la economía nacional.
Otro sello que quedaba de la década del '90 eran las empresas que habían sido
privatizadas para financiar la convertibilidad. Así, en 2008, 18 años después
de su privatización, el Congreso ratificó el acuerdo firmado entre el Gobierno
nacional y los accionistas del grupo Marsans para el traspaso de
Aerolíneas Argentinas otra vez a la esfera estatal.
También se sancionó
la Ley
de Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que
tipifica a la trata de personas como delito federal. Los delitos considerados
en la reciente normativa no sólo contemplan la explotación sexual; también
están aludidas las prácticas esclavistas, como los trabajos forzados y la
reducción a la servidumbre; las privaciones de la libertad y la extracción
ilegal de órganos.
Además, siguiendo con el fortalecimiento de la
política de DDHH, se sancionó la Ley de Banco de datos genéticos,
impulsada por las Abuelas de Plaza de Mayo que garantizó la obtención,
almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como
prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se
haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de
1983.
Otra de las leyes más valoradas, por las que el
Gobierno K insistió varias veces hasta su sanción en 2009, fue la Ley
de movilidad jubilatoria, que asegura la actualización dos veces al año de
los haberes jubilatorios.
También en 2009, poniendo fin a la norma que
provenía de la Dictadura, se sancionó la nueva Ley de Medios. La
nueva ley para los medios audiovisuales fue impulsada por CFK mediante un
proyecto que se presentó en marzo de 2009, se debatió en 24 foros por todo el
país, en audiencias públicas en el Congreso y logró sumar amplio respaldo
popular. En septiembre el kirchnerismo presentó más de 200 modificaciones a la
versión original, algunas para garantizarse el apoyo de la centroizquierda en
Diputados y finalmente fue aprobada.
En cuanto a la reforma política, ese mismo año, el
Frente para la Victoria avanzó en la aprobación de una ley destinada a reducir
la fragmentación del sistema partidario -elevando los umbrales para constituir
partidos-, lograr una mayor apertura de los partidos en la selección de
candidatos mediante las Primarias Abiertas, Simultáneas y
Obligatorias (PASO), y una mayor transparencia y equidad en las
campañas electorales -garantizando a todos los partidos espacios de publicidad
en los medios y prohibiendo el financiamiento de empresas.
Ya en el 2010, en otra muestra de vanguardismo en
cuanto a los derechos civiles para las mayorías y las minorías, el Gobierno
impulsó la sanción de Ley Matrimonio Igualitario,
habilitando así el matrimonio entre personas del mismo sexo, viejo reclamo de
numerosas agrupaciones sociales. Aquella, fue la única ley que votó Néstor Kirchner
como diputado, el mismo año de su posterior fallecimiento.
En 2011, las normas
más relevantes fueron la Ley Antitabaco y
el Marco Regulatorio de la Medicina Prepaga,
considerada una de las iniciativas más sobresalientes de un año con pocas
sesiones. La ley obliga a las empresas a cubrir las prácticas médicas
obligatorias, fijadas en el PMO, así como otras complementarias, que requieran
tratamientos específicos.
El 2012, llegó con una de las leyes que más
marcaron al kirchnerismo: la expropiación de YPF. La
ley impulsada por el Poder Ejecutivo dispuso la reestatización del 51% de las
acciones de Repsol y fue sancionada con amplio apoyo de la oposición (a
excepción del machismo) en el marco de una jornada histórica que tuvo lugar
entre el 2 y 3 de mayo en el recinto de la Cámara de Diputados.
Aquel año además, se
sancionó la norma de identidad de género, que supuso otro
de los logros en materia de la ampliación de derechos y la igualdad social. El
Congreso convirtió en ley el proyecto que garantiza la adecuación del DNI a la
identidad de género autopercibida, entre otras cuestiones.
En 2012, también se aprobó el texto que estableció
el femicidio como figura legal y agravó las penas por homicidios cometidos por
"odio de género o a la orientación sexual". Este
fue uno de los grandes pasos que dio el Congreso en materia de lucha contra la
violencia de género.
En 2013, se creó el Régimen
de empleadas domésticas, que reconoce a las empleadas domésticas derechos y
beneficios amparados por la Ley de Contrato de Trabajo en relación a las
jornadas, indemnizaciones, licencias y protección del trabajo de menores.
En 2014, tras más de tres años de trabajo, se
sancionó el
nuevo Código Civil y Comercial, que reemplazó al texto de Dalmacio Vélez
Sarsfield..
Y este año, el
15 de julio se estableció por ley que la Asignación Universal por Hijo (AUH) se
actualizará de manera automática cada seis meses. Hay
que recordar que la AUH, es un seguro social de Argentina que otorga a personas
desocupadas, que trabajan empleados en negro o que ganan menos del salario
mínimo, vital y móvil un beneficio por cada hijo menor de 18 años o hijo
discapacitado. Entró en vigor el 29 de octubre de 2009 por el decreto 1602/09
del Poder Ejecutivo de la Nación. A partir de mayo de 2011, las prestaciones se
complementaron con en lanzamiento de la asignación universal por embarazo
(AUE), que se otorga a las futuras madres que se encuentren en las doce o más
semanas de gestación.
Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=819040
