La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Arbitraje Comercial Internacional. La normativa busca dotar de seguridad jurídica y brindar un marco legal para la cooperación y resolución de conflictos comerciales entre empresas argentinas y extranjeras.
La Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva a
la Ley de Arbitraje Comercial Internacional.
La norma busca brindar un marco legal para la “cooperación y resolución
de conflictos comerciales internacionales, controlando todas las etapas del
proceso arbitral y en consonancia con los principios mundiales de esta
práctica”.
“La aprobación de la ley de arbitraje es un hito fundamental
en el fortalecimiento de la institucionalidad, la previsibilidad y solución de
controversias rápidamente y con un bajo costo. Esto contribuye decididamente al
progreso de la sociedad y al desarrollo económico y social”, explicó el
ministro de Justicia, Germán Garavano.
El texto, que tuvo media sanción en el Senado en septiembre
de 2017, tiene como base a la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial
Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI). La nueva normativa prevé que las partes podrán resolver
sus potenciales conflictos ante un tribunal arbitral en la Argentina, además de
nombrar a los árbitros y la sede arbitral.
"Ubicará al país dentro de los países respetuosos de la
seguridad jurídica, lo que permitirá, a su vez, a los inversores extranjeros
contar con una herramienta fundamental (…)”, sostiene el texto impulsado por el
Gobierno nacional.
Según sus fundamentos, el proyecto “responde a la necesidad
de dotar de un marco normativo para el arbitraje comercial internacional”, al
cual se recurre “cuando las empresas han agotado sus posibilidades de
negociación respecto a una disputa comercial”.
La Argentina no contaba con una normativa de este tipo, que
rige en países como Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, Ecuador y España,
entre otros. "Ubicará al país dentro de los países respetuosos de la
seguridad jurídica, lo que permitirá, a su vez, a los inversores extranjeros
contar con una herramienta fundamental (…)”, sostiene el texto impulsado por el
Gobierno Nacional.
“La legislación sobre arbitraje, contenida de manera
fragmentada en el Código Civil y Comercial de la Nación y en los Códigos Procesales,
pensada para arbitrajes puramente domésticos, no responde a la realidad ni
satisface las expectativas de las partes en un arbitraje internacional, que
requiere reglas particulares y adaptadas a las que rigen en otras partes del
mundo”, agregó.
Fuente: Abogados Tucumán
