El Gobierno derogó hoy el decreto 795/2019 que elevaba al rango de
Agencia al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, al
considerar que no existieron circunstancias excepcionales que justificaran
un decreto de necesidad y urgencia.
“Cuando llegamos a la gestión, junto a la ministra Marcela Losardo,
advertimos que el decreto firmado en noviembre por Mauricio Macri, no tenía
ningún requisito ni de necesidad ni de urgencia. No había fundamentación
técnica ni jurídica que ameritara la medida. La nueva configuración que había
previsto el DNU afectaba la operatividad y la confidencialidad que tiene que
tener este Programa", explicó Juan Martín Mena, secretario de
Justicia, al tiempo que aclaró que se hará “una profunda auditoría y cualquier
irregularidad será inmediatamente denunciada”.
La citada norma, publicada el 29 de noviembre pasado en el Boletín
Oficial, impulsó modificaciones a la Ley n° 25.764 creando la Agencia Nacional
de Protección a Testigos e Imputados como un ente dotado de autonomía
funcional, y un Consejo Consultivo presidido por la Cámara Federal de Casación
Penal.
Mediante el decreto 168/2020, el Gobierno restablece el diseño
institucional del Programa, tal como fue creado por ley. Desde su creación en
2003, funcionó en el ámbito de la Subsecretaría de Política Criminal del
Ministerio de Justicia
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/decreto-del-programa-nacional-de-proteccion-testigos-e-imputados