La decisión del presidente se enmarca
en la causa de supuesto espionaje ilegal a políticos que tuvo conocimiento
público por los famosos audios privados de Cristina Kirchner hablando con Oscar
Parrilli, entre otros. Está causa la lleva adelante el juez federal de Lomas de
Zamora, Federico Villena, que allanó hoy el Complejo Penitenciario Federal de
Ezeiza.
La magistrada estuvo en la justicia por
más de 20 años cuando en abril de 2018 se jubiló del poder judicial de la
Nación pero siempre se mantuvo activa en la política judicial siendo una de las
fundadoras y referentes de la Asociación Justicia Legítima quien hoy está
presidida por otra interventora, y ex fiscal, en la AFI, Cristina Caamaño. Son
dos espadas judiciales que Alberto Fernández puso para terminar con las cloacas
del Estado.
“Yo no quiero que las cárceles sigan
funcionando como estuvieron funcionando hasta ahora. Con el sistema carcelario
actual, los que delinquen padecen los encierros mucho más de lo debido y al
salir la única oportunidad que encuentran es la de volver a delinquir. Si
nosotros eso no lo cambiamos vamos a ser una sociedad espantosa. Y siempre
vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo”, dijo el presidente anunciando la
intervención del SPF que funciona bajo la órbita del ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación a cargo de Marcela Losardo y en la subsecretaria
de Asuntos Penitenciarios.
En ese sentido, el presidente recordó
que Esteban Righi siempre decía que “a un gobierno se lo juzga por su cárceles,
porque según como se trate a los presos ese es un Gobierno que se preocupa o no
por los derechos de la gente”.
El Servicio Penitenciario Federal
estaba a cargo de Emiliano Blanco, un funcionario de larga trayectoria dentro
del SPF, desde 20007, que seguía en la gestión del peronismo pese al cambio de
gobierno en diciembre de 2019 y quien renunció el pasado 27 de mayo tras el
motín del penal de Devoto y la crisis de los presos por la pandemia.
La intervención del SPF es una decisión
de Fernández producto del avance de la causa federal por supuestas escuchas
ilegales en la causa la vicepresidenta Cristina Kirchner fue víctima y se
convirtió en querellante. Según fuentes judiciales, la nueva interventora sería
un ex camarista de la Cámara Nacional de Casación, María Laura Garrigós,
integrante y ex titular de la agrupación judicial "Justicia Legítima"
quien renunció al poder judicial en abril de 2018.
Esta causa tiene una denuncia aparte
ante la ONU del abogado Alejandro Rúa, quien representó al vicepresidente Amado
Boudou, quien estuvo detenido en Ezeiza, lugar donde hoy se realizó el
allanamiento por la causa de Lomas.
Rúa denunció en dos presentaciones ante
el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, que "en
el marco de una investigación judicial federal sobre presuntas cuestiones
vinculadas con el narcotráfico que involucran a una persona (Mario Segovia)
alojada en el Pabellón A del Módulo 6 del Complejo Penitenciario de Ezeiza, se
ordenó la interceptación de todas las comunicaciones, no sólo de los teléfonos
públicos de ese Pabellón A, sino además la de todos los teléfonos públicos que
existen en los otros Pabellones, C y D”.
“Con ello se concretó, por muchos
meses, la indiscriminada grabación de todas las conversaciones telefónicas de
toda esa población penitenciaria”, subrayó.
Alejandro Rúa
Asimismo, agregó que algunas de esas
grabaciones se comenzaron luego a divulgar por los medios de comunicación
masiva, aun cuando el juzgado que las había dispuesto informó que había
ordenado oportunamente la destrucción de los CD que contenían tales escuchas
debido a que eran ajenas al objeto procesal de la causa en investigación.
Es por eso que solicitó nuevamente la
intervención de esa Relatoría Especial con el objetivo de que “se concrete un
llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino respecto de las
intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios”.
Fuente: http://tiempojudicial.com/2020/06/10/escuchas-ilegales-allanamiento-en-ezeiza-e-intervencion-del-servicio-penitenciario-federal/