El plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación designó a Claudio Cholakian como nuevo Administrador General del Poder Judicial y aceptó la renuncia de Carlos Bedetta, quien ocupaba el cargo hasta la fecha.

También, se aprobó el desplazamiento de los secretarios de la Comisión de Selección y de Acusación, José Elorza y Andrés García, quienes quedarán a disposición de la Presidencia de ese cuerpo a cargo de Alberto Lugones.

Uno de los puntos en el orden día consistía en aprobar criterios para la conformación de las listas de conjueces y aprobar los listados para distintas jurisdicciones. Cabe resaltar que esta cuestión había generado cruces entre los representantes de los jueces, que expresaron sus diferencias con los criterios utilizados por la Comisión de Selección que preside la diputada Graciela Camaño.

Durante el plenario los consejeros debatieron sobre determinados puntos de la redacción de esas pautas interpretativas y las atribuciones del Consejo. En consecuencia, acordaron que el tema pase a la Comisión de Labor.

Por otra parte, también se aprobó el listado de docentes que estará a cargo del Programa de Capacitación en Materia de Perspectiva de Género. Sobre este punto, la consejera Camaño agregó que:  “Hay 2.118 inscriptos futuros concursantes a jueces van a hacer el curso de género del Consejo de la Magistratura de la Nación”.

En ese mismo sentido, Marina Sánchez Herrero observó: “Quien quiera ser juez en la República Argentina debe ser idóneo y para eso tiene que tener perspectiva de género”.

Por otra parte, el consejero Juan Manuel Cullota propuso que se trate sobre tablas un proyecto de resolución presentado en relación con los magistrados que, próximos a cumplir 75 años de edad, han solicitado al P.E.N. nuevo nombramiento (art. 99, inc. 4°, de la C.N.).” 

En el pedido dirigido a Alberto Lugones sostuvo que muchos magistrados han solicitado un pedido de nuevo acuerdo y no han obtenido respuesta por parte de la Administración Pública y que los trámites jubilatorios se encuentran demorados.

 “Lo que agrava la situación es que esos magistrados, de cumplir 75 años sin lograr un nuevo acuerdo, quedarían en situación de indigencia absoluta y sin cobertura médica alguna ya que tampoco pueden percibir sus haberes previsionales en tanto que ANSES también tiene suspendido el curso de los trámites jubilatorios”, expresó el escrito.

A modo de ejemplo, citó el caso de Oscar Ameal, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que el próximo 10 de julio cumplirá 75 años y “no solo no ha recibido respuesta al pedido de nuevo acuerdo oportunamente formulado , sino tampoco han resuelto el trámite previsional que oportunamente iniciara”.

A raíz de la expresión utilizada, el representante de los académicos, Diego Molea, enfatizó:  “Entiendo que es un tema para resolver lo de los 75 años, pero el término de indigencia absoluta me parece excesivo”. Sobre este mismo punto coincidió Alberto Lugones, que adhirió a que ese término no era el adecuado.

En consecuencia, Cullota aclaró:  “Con la palabra indigencia que alguno no les gustó quiero decir que lo que vivimos de nuestro sueldo quedarse 8 meses sin ingreso ni obra social es una situación de apremio económico”.

Por su parte, el consejero Pablo Tonelli adelantó que no comparte la propuesta de Cullota y explicó: “La Constitución Nacional dice que los jueces cesan el día que cumplen los 75 años y eso no puede ser objeto de prórroga por parte del Consejo que no tiene atribuciones reglamentarias. De acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo la Administración no  tiene pedido de formularse de manera expresa ante el pedido formulado por el interesado, el silencio es una respuesta”.

“Si podamos instar avances a que agilice los trámites jubilatorios que estén pendientes para evitar que haya una discontinuidad entre la percepción del haber y el retiro”, completó.