El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -CMCABA- informó que la Juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas Carla Cavaliere dispuso la creación de una mesa interestatal para abordar la problemática de las personas privadas de libertad en el marco de la pandemia COVID-19.
Noticiasjudiciales.info
reproduce texto difundido por el CMCABA:
La titular
del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n.° 3 de la Ciudad de
Buenos Aires, Carla Cavaliere, dispuso la conformación de una «Mesa de
Aproximación de los actores del sistema«, integrada por el secretario de
Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro; la subsecretaria de Asuntos
Penitenciarios, María Laura Garrigós; el Jefe del Departamento de Alcaidía
Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad, Comisario Inspector
Luis Varas; o por quienes ellos dispongan; con el objeto de que «siguiendo
estrictas recomendaciones elaboradas por los funcionarios de los Ministerios de
Salud de la Nación y de la Ciudad que designen los Señores Ministros, Dres.
Ginés González García y Fernán Quiróz, bajo el monitoreo de este Juzgado y con
la participación de las organizaciones que han actuado como amicus curiae,
elabore e implemente protocolos de acción que permitan: a) desalojar de las
Comisarías de la Ciudad, a las personas detenidas en cualquier situación; y b)
que la detención en las Alcaidías se cumpla en la forma en la que venía
realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas
privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva».
Además,
estableció que «la Mesa (…), presente cada 15 días, un informe del estado del
avance de las medidas implementadas, con el objeto de que, en el plazo de 60
días hábiles, que podrán ser prorrogados -de presentarse circunstancias
atendibles- cumpla con los fines establecidos»; y que «en la primera reunión
que se formalice, determine un cronograma de trabajo que será informado a este
Juzgado». También dispuso que «el Departamento de Alcaidía Central y Traslado
de Detenidos de la Policía de la Ciudad informe, de forma semanal, a este
Juzgado el número de detenidos alojados en Comisarías y Alcaidías de la Policía
de la Ciudad y los cupos asignados por el Servicio Penitenciario Federal».
A su vez,
invitó en el resolutorio a los titulares tanto del Ministerio Público Fiscal
como de la Defensa, para que designen un representante. Y encomendó a la
Secretaría de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en caso de que ello no haya sido realizado, que «a través de los mecanismos
establecidos legalmente, peticione ante quien corresponda, todos los requerimientos
necesarios a los efectos de brindar a las personas privadas de la libertad,
tanto en Comisarías como en Alcaidías de la Policía de la Ciudad, con especial
atención en las que deban pernoctar, los elementos necesarios de higiene,
sanidad, alimentación, colchón, abrigo y que puedan tener comunicación con su
familia y su defensa. Asimismo, para que se implementen las medidas necesarias
para la higiene y sanitización de los lugares de alojamiento con fines de
detención». Todo ello en el marco de los autos caratulados «Ministerio Público
de la Defensa sobre Habeas Corpus», Expediente n.° 11260/2020-0.
La acción
presentada por el Ministerio Público de la Defensa menciona que «tiene por
objeto garantizar condiciones dignas de detención de las personas privadas de
su libertad, en flagrancia, a disposición del Poder Judicial de esta Ciudad, en
las dependencias policiales, y que por ello presenta carácter colectivo y
correctivo»; sostienen que «la aparición del COVID-19 trajo cambios en el
protocolo de detención respecto de las personas privadas de libertad por
situaciones de flagrancia, que redunda en una violación sistemática de sus
derechos». Precisamente, solicitan que «se aloje adecuadamente a estas personas
en establecimientos autorizados, desestimando toda posibilidad de alojamiento
temporario -aunque sean unas horas- en dependencias policiales interventoras,
con los cupos correspondientes para evitar hacinamiento. En caso de falta de
cupo se ordene a las autoridades correspondientes que remitan un cronograma que
fije los días que exige la paulatina resolución de la situación descripta. Y
que, en el entretanto, se ordene a las autoridades el cumplimiento de los
protocolos de emergencia sanitaria y evitación de contagios proveyendo
elementos de higiene y limpieza, acceso a sanitarios y el resto de medidas que
lucen en la presentación de referencia».
Frente a
ello, la magistrada indicó que «decisiones como las que se peticionan en este
caso, deben intentar ser adoptadas en el marco de un proceso de diálogo y consenso
entre diversos actores». En este sentido, agregó que «la actuación judicial
tiene sus límites y, en materias tales como la presente, no puede imponer
estrategias específicas, sino sólo exigir que se tengan en cuenta ciertas
medidas. Para el caso, no se trata de que quien suscribe defina de qué modo
debe subsanarse el problema, pues ésta es una competencia de quienes tiene a su
cargo la custodia, el traslado, el alojamiento y la seguridad de los detenidos,
sino de fijar, si el caso lo requiere, pautas y estándares a partir de los
cuales pueda diseñarse la política que el caso necesita y sus recomendaciones y
protocolos».
La jueza
convocó a una primera audiencia que se celebró el 20 de junio a las 18, con la
presencia de titulares e integrantes de todos los estamentos públicos
convocados. Posteriormente se celebró una audiencia el 24 de junio, también de
manera presencial, donde se sumó la asistencia de funcionarios de las carteras
de Salud, tanto nacional como del GCBA. Luego, solicitó al subsecretario de
Justicia porteño que «incorpore a esa mesa de trabajo a la persona que se
encarga de compras y contrataciones de insumos para los detenidos, por si
hiciera falta disponibilidad de recursos de algún tipo y, por último, que se
extremen los recaudos para que no falten las viandas de comida, ni el agua, ni
elementos sanitizantes en las alcaidías y comisarías, y se vea la posibilidad
de comprar colchones y frazadas, a la brevedad, en caso de que esto hiciera
falta».
La titular
del Juzgado n.° 3 resaltó que «en virtud de sendas presentaciones efectuadas
por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Mecanismo Local para la
prevención de la tortura, en la audiencia celebrada el 24 de junio de 2020, se
aceptó su participación como amicus curiae y se agregaron los informes
presentados, por lo que fueron convocados a participar en el marco de la
diligencia celebrada el 29 de ese mismo mes y año».
Cavaliere
concluyó al subrayar que «el proceso de diálogo ya ha evidenciado resultados,
porque: a) el SPF ha comenzado a otorgar cupos para el alojamiento de detenidos
en las unidades carcelarias; b) ha asumido el compromiso de extremar los
recaudos para tender al número necesario propuesto por la Subsecretaría de
Justicia de la Ciudad; c) se han reubicado personas que se hallaban alojadas en
Comisarías con prisiones preventivas y condenas dictadas en las Alcaidías; d)
al 1 de julio de este año no había detenidos en esas circunstancias en las
Comisarías (…); y e) a esa fecha, se ha reducido el número de alojados en dichos
sitios, totalizando 101, cuando a la fecha de inicio de este proceso, era de
166».-
Fuente: http://www.noticiasjudiciales.info/Nota_Principal/Crean_mesa_interestatal_para_abordar_la_problematica_de_las_personas_privadas_de_libertad