Los principales ejes de los proyectos de ley de Reforma Judicial que se debatirá primero en el Senado tienen que ver con la justicia federal: la implementación total del sistema acusatorio con el Código Procesal Federal Penal sancionado en el gobierno de CFK (no el nuevo que impulsó Garavano y Borinsky), la continuidad de los juicios en trámite y la ampliación de los juzgados federales en la Capital Federal, y también en el interior del país.

Hay dos aspectos importantes que generan "dudas" como las vacantes que producirá la ampliación de Comodoro Py y su fusión con el fuero Penal Económico así como los trámites de los juicios orales hoy en curso a ex funcionarios kirchneristas, entre ellos la actual vicepresidenta.

Sobre esta cuestión el artículo 13 explicita que "las causas actualmente en trámite y radicadas ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, los Tribunales Orales Nacionales en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, los Juzgados en lo Criminal y Correccional Federal y los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión, según las competencias establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación. Ello sin perjuicio de los cambios de denominación previstos en esta ley". 

Las subrogancias son un punto que ya genera polémica por el modo en que se cubrirán eventualmente estos cargos en una justicia que tiene un 30 % de vacantes de 9 mil jueces en todo el país. Con la reforma que crea 23 juzgados y 28 Fiscalías Federales Penales y 11 Defensorías Públicas en lo Penal Federal, y en el interior del país aspira a crear 94 Juzgados y 85 Fiscalías Federales en lo Penal con asiento en las Provincias Fuero Federal Penal, se generaría un cuello de botella a tener en cuenta en el Consejo con mucho trabajo por hacer con respecto a reducir las vacantes existentes.

El Consejo de la Magistratura de la Nación, expresa el proyecto en su artículo 15, procederá a elegir de la lista referida a los 23 jueces y juezas nuevos y subrogantes dentro del plazo máximo de 30 días de su recepción. Una vez aprobada la nómina esta será remitida al Poder Ejecutivo Nacional, quien los designará previo acuerdo del Honorable Senado de la Nación. Un detalle: los nuevos jueces deberán rendir examen de oposición con entrevista oral que será pública para darle transparencia.

El proyecto anunciado también tiene "certezas" que responden a demandas impostergables como lo son el impulso a la implementación del sistema penal acusatorio consagrado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, la transferencia de competencias penales ordinarias a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que lleva de 26 años y aún no concluyó, y la creación de juzgados penales con competencia exclusiva en esta materia en todo el país con el propósito de fortalecer capacidades en el combate a delitos complejos como el narcotráfico y la trata de personas.

Voces críticas y suspicacias

“La reforma judicial tiene que partir de un plan estratégico, no se puede improvisar cambiando unas cosas y otras no”, sentenció el líder de los empleados judiciales, Julio Piumato que entiende que hay otras prioridades en una reforma como la emergencia judicial que involucra presupuesto para edificios de juzgados y cámaras.

Desde los voceros de los ministros de la Corte Suprema ven “prematuro” salir a hacer declaraciones cuando sólo hay un anuncio del proyecto en medio de una cuarentena in eternum que lleva 150 días. Desde la AMFJN, a cargo del juez civil nacional Marcelo Gallo Tagle, expresaron a este medio que “resulta inoportuno el anuncio la refirma judicial en sí misma y la creación de la comisión para evaluar el incremento de la Corte”. "La reforma debe ser plural y consensuada con los jueces y esperamos que nos convoquen", agregó.

Las voces críticas de abogados mediáticos se oyeron en los medios de comunicación masivos como Daniel Sabsay o Félix Lonigro, constitucionalistas que cuestionaron la reforma que “busca impunidad” y también Jorge Rizzo, ex titular del CPACF, quien espera que haya menos penalistas y más reformas a otro sector de la justicia.

Las críticas fueron antes que se conozcan los detalles del proyecto y al conocer los nombres de los integrantes del "Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público" donde están el actual abogado de la vicepresidenta en juicios por corrupción así como algunos afines al peronismo/kirchnerismo pero al fin y al cabo prestigiosos juristas en su materia. También algunos fiscales federales criticaron las medidas en Infobae.

Sus integrantes serán Carlos Beraldi, León Arslanian, Andrés Gil Domínguez, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Omar Palermo, Claudia Sbdar, Hilda Kogan, Gustavo Ferreyra, María del Carmen Battaini y Marisa Herrera. Empiezan a debatir a fines de agosto una amplia gama de posibles reformas pero es más una forma de mostrar consenso al anuncio que cambios. El problema es que Weinberg de Roca es la única outsider y no vinculada la peronismo de alguna u otra forma.

Más esperanzado fue el presidente de Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Lugones, con más de 40 años trabajando en la justicia quien expresó que “la reforma tiene puntos positivos y que el poder judicial funcione para que también funcione mejor el país”. Aunque dijo que “los fiscales están muy preocupados por las medidas” ya que se crean más juzgados en un sistema acusatorio que tiende a darle más presencia a los fiscales. Una contradicción del proyecto de ley anunciado y otra duda que podría saldarse en la discusión parlamentaria.

Más juzgados en CABA y en el interior del país

Una certeza es la creación de un nuevo Fuero Federal Penal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires será con la unificación del fuero Criminal y Correccional Federal y el Penal Económico: 23 existentes más 23 nuevos conformará un total de 46 Juzgados en lo Penal Federal que investigarán todo tipo de delitos denominados federales: desde narcotráfico y corrupción, hasta los nuevos del fuero penal económico como contrabando y delitos tributarios.

Aquí se conforma un gran fuero penal con poco poder para los actuales 12 jueces federales que administran causas sensibles para el poder político. La ampliación supone licuar ese poder cuadriplicando la cantidad de juzgados federales. El sentido común, expresa que: "el que mucho abarca, poco aprieta".

A nivel país, se retoma un proyecto de fortalecimiento de la justicia federal del interior del país en el cual ampliación de juzgados federales del interior de todo el país. El proyecto estipula reconvertir los juzgados “federales” multifueros en “penales”.

Esta idea es más ambiciosa y complicada por temas presupuestarios y de infraestructura de cada jurisdicción provincial. El proyecto de ley que ya tramita en el Senado crea un total de "94 juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en las Provincias".

A los juzgados existentes, se les “separa” la secretaría penal federal, por ejemplo: la Secretaría N° 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora, Provincia de BUENOS AIRES, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 4 con asiento en la misma ciudad; y la Secretaría N° 4 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de Lomas de Zamora se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 5 con asiento en la misma ciudad. Igual en Salta donde el anexo del proyecto estipula “La Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 2 con asiento en la misma ciudad”.

Desde la AMFJN, a cargo del juez civil nacional Marcelo Gallo Tagle, expresaron a este medio que “es cierto que hay jurisdicciones que necesitan incrementar en uno o en dos Juzgados en algunas jurisdicciones.  Pero no en ese número”. “Hay comisiones en el Consejo de la Magistratura y en el mismo Congreso que se ocupan de evaluar las necesidades de la creación de nuevos juzgados.  Donde se valoran distintos parámetros. Ese proyecto demanda una inversión enorme, y quizás innecesaria en michos casos”, explicó el actual presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.

Desde el lado de la ONG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) expresó en un comunicado que “una porción significativa de la crisis que vive esta institución del Estado en nuestro país se debe a un perfil de juezas y jueces poco independientes, ajenos a una perspectiva de derechos humanos y cuyo desempeño no es controlado adecuadamente. Esta situación se ve con mayor claridad en la investigación penal, donde rige un modelo inquisitivo en el que jueces y juezas tienen la facultad de investigar e impulsar el proceso penal, al mismo tiempo que deben velar por las garantías de las y los imputados".

Más allá de las dudas o certezas, de las críticas o elogios que siempre trae aparejada una reforma ya es hora que todo los actores que integran la política judicial lleguen a acuerdos y consensos básicos para brindar un servicio de justicia eficaz, ágil y transparente.