El presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), Ariel Ariza, expresó la postura de la entidad que contiene a magistradas, magistrados y funcionarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Pidió pluralidad en la Reforma Judicial y que se escuche al “85 por ciento de los órganos judiciales” del país.

Las justicias provinciales atienden el 85% del total de las causas del país. La parte más grande de las justicias provinciales es la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) que representa los magistrados y funcionarios de todo el territorio nacional través de sus más de 15.700 operadores judiciales, según números que proporcionó la entidad.

Su presidente y juez santafesino expresó que “la omisión de incorporarnos de manera permanente a los foros que tratan modificaciones al sistema judicial refleja la persistencia de una concepción, extendida e inaceptable que queda reflejada en los medios de comunicación y en la conversación pública, que asume que 'la justicia' es el 5% de los órganos judiciales, que residen en la Capital Federal”.

Se mostró a favor del traspaso de las competencias penales a la C.A.B.A. porque desde FAM creen que la transferencia plena de competencias a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “debe ser realizada independientemente de la suerte del resto de los puntos del proyecto ya que hace 26 años que la Constitución Nacional de 1994 así lo manda, la CSJN ha señalado en reiteradas oportunidades que no existe impedimento alguno para que sea concretada; y el sistema de justicia de la CABA ha dado sobradas muestras de su capacidad para asumirlas”.

"Solamente quedarán 2 sistemas, en 24 jurisdicciones. No es razonable que continúen las enormes diferencias salariales en la misma provincia entre el juez o jueza Federal y el juez o jueza provincial, ni que sigan existiendo asimetrías salariales entre jurisdicciones", expresó la FAM presidida por Ariza. Aunque agregó que “no es sensato reformar el sistema de justicia sin escuchar a quienes deben decidir en el territorio y conocen cómo se complementan la justicia provincial y federal en cada lugar”.