Luego de un extenso debate en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, se aprobó el dictamen del proyecto de reforma judicial. La iniciativa tuvo modificaciones y será tratada en el recinto del Senado.

Uno de los puntos principales de la reforma consiste en la creación de la Justicia Penal Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, en la que se unifica el fuero Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal con el Penal Económico. Asimismo, se crean 23 Juzgados nuevos, lo que da un total de 46 Juzgados. Además, se forma una Cámara de Apelaciones con cuatro salas y habrá un total de 17 Tribunales Orales.

Sin embargo, el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo Nacional tuvo algunos cambios. Entre los principales se destaca que finalmente no se unificará el fuero Contencioso Administrativo Federal con el Civil y Comercial Federal.En cambio, se propone la creación de un tribunal de resolución de conflictos de competencia que decidirá al respecto en instancia única y con carácter inapelable. Estará integrado por un total de tres magistrados titulares, dos designados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal entre sus miembros y uno por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal. Asimismo, se desempeñarán durante un año en ese tribunal y no tendrán derecho a una remuneración adicional.

Por otra parte, se prevén modificaciones con respecto al sorteo de las causas para dotarlos de más transparencia. En consecuencia, establece que deberán ser grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. Incluso, podrán presenciar los sorteos aquellas personas que tengan un interés concreto y demostrable. Al igual que en la propuesta original, establece que  las causas que ya estén en trámite ante Tribunales Orales hoy existentes, continuarán hasta su conclusión esa misma sede.

Con respecto a los concursos para cubrir los nuevos cargos que se generan, el dictamen prevé que el Consejo de la Magistratura deberá convocar a concurso dentro de los 30 días de la entrada en vigencia de la norma. Los jurados estarán integrados por magistrados, representantes de la academia y abogados de la matrícula. A diferencia de lo previsto en la iniciativa que envió el Ejecutivo, el examen será escrito y tendrán carácter anónimo hasta el momento de la develación de claves. La evaluación versará sobre la resolución de casos conforme al Código Procesal Penal Federal y deberá valorarse la perspectiva de género. También, establece que todo el procedimiento deberá ser registrado en soporte de imagen y sonido al que se le otorgará difusión pública.

También, prevé que el Presidente tendrá un plazo de 30 días para elegir a un candidato o candidata de la terna y enviar su pliego al Senado.

Por otra parte, se hizo lugar al pedido de los organismos de derechos humanos y en los juzgados federales a crearse con asiento en las provincias, las secretarías que tengan competencia específica en Derechos Humanos o en leyes especiales conservarán su competencia exclusiva en las causas por delitos de lesa humanidad. Asimismo, el personal asignado para su tratamiento mantendrá sus funciones inalteradas.

Otro de los aspectos a destacar, reside en que el proyecto establece que para acceder a los cargos letrados, de empleadas o empleados y personal de maestranza y oficios creados, se aplicará la Ley N°26.861 de Ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación, garantizando la paridad de género.