El procurador Penitenciario Adjunto interino, Ariel Cejas Meliare, dialogó con Tiempo Judicial sobre las políticas que se llevan adelante respecto al consumo de drogas en el país, las prisiones a consumidores y las estadísticas al cumplirse 30 años de la ley de drogas 23.737. "El 1 por ciento de las causas que tramitan en la justicia federal son por los delitos contra el narcotráfico a gran escala (Contrabando y Organización y financiación de estupefacientes) mientras que el 67 % de las causas son por tenencia simple para uso personal", explicó.

Con motivo del 30 aniversario de la sanción de la Ley 23.737 de tenencia y tráfico de estupefacientes, los actores del sistema penal desarrollaron varios encuentros virtuales donde hubo varios conceptos para destacar sobre las políticas de consumo de drogas en el país, el dilema del “falso” combate al narcotráfico que lo único que generó es consumidores presos y no a los verdaderos responsables del narcotráfico.

Ariel Cejas Meliare es abogado penalista de la UBA con un Posgrado en Derecho Penal de la Universidad de Palermo y fue Director del programa UBA XXII de educación universitaria en cárceles  y asesor letrado en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados.

Cejas Meliare señaló que el “modelo de políticas de drogas en América Latina afecta los derechos humanos de la población en general y en particular a las mujeres y al colectivo LGBT+”.  También sostuvo que “estas políticas producen más criminalización, mayor encarcelamiento, aumentó de la sobrepoblación y afectación de las familias de las personas encarceladas”.

Actualmente Cejas Meliare es docente de la Maestría en Ciencias Criminológicas Forenses en la UCES y explicó que “el fenómeno de la prisionalización como respuesta prioritaria a las políticas de drogas ha tenido un impacto negativo y desproporcionado en las mujeres de todo el mundo”.

“El Estado solo interviene para criminalizar y si ya tienen antecedentes por una causa por consumir drogas es peor. El problema mayor es que seguimos crimininalizando a los “mulos y mulas” que terminan en la cárcel como el caso de Claudia que estuvo detenida dos años y el destino de la plata para pagar la quimioterapia de su hijo”, ejemplificó.

En este sentido, Cejas analizó que se “termina criminalizando a los delitos más leves. En 2000, había 6500 presos federales. Hoy son 12 mil sin contar detenidos y detenidas en escuadrones de fuerzas federales, y por primera vez los detenidos por drogas son la mayoritaria en cárceles federales”, argumentó. 

Hoy 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encuentran encarceladas por infracción a la ley 23.737.

Asimismo, resaltó que 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encuentran encarceladas por infracción a la ley 23.737. También se refirió a la situación legal de las personas detenidas por drogas indicando que el 61% se encuentran procesadas y el 39 % condenadas. “Esta sobrerrepresentación de personas sin condena firme evidencia otra de las múltiples vulneraciones a los derechos que padecen por el delito de drogas”, agregó para dar más números.

Estadísticas

Sobre la Argentina indicó que los datos recientes publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de 2019, señalan que el solo el 1 % de las causas que tramitan en la justicia federal son por los delitos contra el narcotráfico a gran escala (Contrabando y Organización y financiación de estupefacientes) mientras que el 67 % de las causas son por tenencia simple para uso personal.

Cejas Meliare explicó que “hay que trabajar para que el último eslabón de la cadena no sea sólo el que termine en la cárcel porque el problema se agrava porque los consumidores no tienen la posibilidad de obtener la excarcelación”.

“En 2019, solo de tenencia de consumo personal para uso personal hubo 52 mil casos y 12 mil de tenencia de simple”, graficó el procurador adjunto de la Procuración Penitenciaria de la Nación que está a cargo de Francisco Mugnolo.

 La evolución de la persecución penal sobre estos delitos en los últimos dos años fue de “+147% para tenencia simple atenuada (uso personal)”, explicó Cejas Meliare quien agregó que “desde que se sancionó la ley 23.737 fue creciendo la criminalización al consumidor simple y bajaron las causas por contrabando un 60 % en los últimos años. En 2017, hubo 1400 y en 554 el año pasado”. 

En este sentido, y siguiendo con los números, la PPN detalló que aumentó un 48 % las causas por tenencia simple y casi un 400 (+396%) las calificadas como “tenencia o entrega atenuada”. En tanto,  se elevó un 46 % las referidas a “comercialización y entrega”; y disminuyó las que investigan a los jefes de los carteles de drogas. Las causas en trámite por contrabando cayeron un 60 % y aumentar un 110 % por organización y financiación.

Por último, otra preocupación es el aumento en el encarcelamiento de mujeres, que si bien el número de hombres presos es mayor, el de mujeres está creciendo a un ritmo más acelerado. A nivel mundial, la población carcelaria de mujeres aumentó en un 53.3 %, mientras que la de los hombres aumentó en un 19.7 %.