El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejó atrás el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y avanzó hacia la nueva fase denominada Distanciamiento Social Obligatorio (DISPO).

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, determina que el "distanciamiento" supone contener el impacto de la epidemia y “facilitar la habilitación de actividades económicas y sociales en forma paulatina en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar y en tanto posean un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad sanitaria provincial que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional”.

En la nueva fase ya no será necesario el "certificado único habilitante para la circulación", pero se mantienen las previsiones de protección para los trabajadores mayores de 60 años, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo. Este cambio se da tras una disminución en el número de casos y una estabilización de la velocidad de aumento en los principales centros urbanos del país.

En este contexto, ¿cuál será el impacto en el Poder Judicial? Aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se expidió sobre la nueva fase, dentro de los pasillos de tribunales se rumorea que los supremos podrían ordenar, entre otras cuestiones, una mayor concurrencia de funcionarios y empleados.

Ante los transcendidos, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó que se encuentran plenamente vigentes las acordadas 14/2020 y 27/2020, así como también los protocolos de actuación.

En el ámbito bonaerense, la Suprema Corte de Justicia prorrogó las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria vigente, hasta contar con “mayores precisiones que pudieren disponer las autoridades competentes provinciales y su potencial impacto en el servicio de justicia”.

El gremio sostuvo que “independientemente de la transportación del ASPO en DISPO no están garantizadas las condiciones de salubridad”, y advirtieron: "Mientras dure la pandemia y se hallen vigentes las acordadas aludidas, los/as trabajadores/as judiciales continuaremos trabajando -como hasta ahora- manteniendo el distanciamiento social establecido por las autoridades sanitarias, la concurrencia mínima de personal a las dependencias y priorizando el teletrabajo".

En el ámbito bonaerense, la Suprema Corte de Justicia prorrogó las medidas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria vigente, hasta contar con “mayores precisiones que pudieren disponer las autoridades competentes provinciales y su potencial impacto en el servicio de justicia”.

Asimismo, encomendó a las Secretarías de Personal, Servicios Jurisdiccionales y Planificación la “elaboración y programación de las medidas necesarias para readecuar el servicio en función de los cambios que se produjeren respecto de la situación sanitaria”.

A estos cambios se suma el nuevo protocolo para el ejercicio de la abogacía y para el funcionamiento del Colegio Público de Abogados de la Capital (CPACF), que permite a los profesionales concurrir a sus estudios jurídicos sin restricciones de día, franja horaria y de circulación en el ámbito porteño. Sin embargo, el trasporte público -colectivos, subtes y trenes- seguirá limitado y reservado a las personas que deban desplazarse para realizar actividades calificadas de esenciales.