El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) solicitó al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un protocolo que permita a los letrados la utilización del transporte público de pasajeros, a los efectos de circular y concurrir periódicamente a sus estudios y a los tribunales de justicia.

Recientemente los letrados quedaron habilitados para concurrir a sus estudios y oficinas sin restricciones de día, franja horaria y de circulación dentro del ámbito porteño. Sin embargo, sigue vedado para los profesionales el uso del transporte público de pasajeros.

Desde la entidad señalaron que “resulta imperioso” que se incluya a los letrados y a los estudios jurídicos dentro de las actividades que “deben ser exceptuadas de la prohibición de utilizar el servicio público de transporte de pasajeros de colectivos, trenes o subterráneos, como autorizadas no esenciales”. Este es uno de los principales reclamos por parte de los profesionales  del derecho por los costos que conlleva la limitación.

“De lo contrario, se estaría vulnerando en forma flagrante el derecho constitucional a trabajar y ejercer industria lícita de los profesionales que representamos, ya que la onerosidad del transporte privado o particular y la dramática realidad económica que la gran mayoría de los matriculados se encuentra viviendo redunda en una barrera infranqueable para poder ejercer libremente la profesión”, señala la nota firmada por el presidente del Colegio, Eduardo Awad.

“Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2, con el fin de minimizar ese riesgo, se podrá recomendar que solo sea empleado por aquellos profesionales que no cuenten con medios alternativos y al sólo efecto de concurrir al estudio jurídico o a los tribunales, en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 259/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación”, añadió el CPACF.

El Colegio advirtió que, “con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades autorizadas no esenciales, como la de los abogados, resulta necesario exceptuar de la prohibición del uso del servicio público de transporte de pasajeros”, y se permita el “desplazamiento en transporte terrestre, ferroviario o subterráneo, mediante un protocolo acorde a las recomendaciones sanitarias emanadas de la autoridad correspondiente”.

“Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que criterios epidemiológicos indican que la utilización del transporte público de pasajeros facilita la transmisión del virus SARS-CoV-2, con el fin de minimizar ese riesgo, se podrá recomendar que solo sea empleado por aquellos profesionales que no cuenten con medios alternativos y al sólo efecto de concurrir al estudio jurídico o a los tribunales, en estricto cumplimiento de los parámetros establecidos en la Resolución 259/2020 del Ministerio de Transporte de la Nación”, añadió el CPACF.

Archivos adjuntos

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file_downloadNota del CPACF (2020-11-20 NOTA JGMN.pdf)