No
pretenden estas líneas explicarles lo que todos ya saben de sobra: la tremenda
crisis económica, sanitaria y social generada a escala global por la pandemia
de Covid 19, que tomó de sorpresa a la humanidad en febrero de este año.
Y
cuando lo inesperado ocurre, y es de una importancia lo suficientemente grande
como la crisis generada por el coronavirus, las personas se dividen en dos
clases: las que se inmovilizan y son incapaces de reaccionar, y las que
reaccionan rápidamente ante la magnitud del desafío y lo toman como una amenaza
real y actual que pretenden convertir en una oportunidad de mejora.
No
existen garantías de éxito, claro, pero se elige afrontar el grave problema con
mucha decisión, en base a realizar un análisis de riesgo con elevado componente
intuitivo y en tiempo récord.
Con
ese escenario como punto de partida, en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán
analizamos básicamente 3 factores de riesgo en nuestro Poder Judicial:
infraestructura, equipamiento tecnológico y
Recursos Humanos; y decidimos avanzar hacia una justicia digital
integral, en plena pandemia y con un plan de acción con tiempos de ejecución
sumamente exigentes.
Y
hoy podemos decir, con orgullo compartido por todos nuestros magistrados,
funcionarios y empleados, que estuvimos a la altura de tamaño desafío. Que, sin
pretender incurrir en comparaciones odiosas con otros Poderes Judiciales del
país, Tucumán hoy se ubica a la vanguardia de la Gestión Judicial Digital en
Argentina.
Si
bien tuvimos una inicial resistencia al cambio de un importante sector de los
abogados que reclamaba mantener el sistema presencial con mayoría de trámites
escriturales, a las pocas semanas de ponerse en marcha el sistema (y
solucionándose los lógicos primeros inconvenientes suscitados) una notoria
mayoría de abogados comenzó a advertir las bondades del expediente digital
¿Y
por qué lo digo? Porque creamos nuestro propio Sistema de Administración de
Expedientes (SAE) con presentación de escritos digitales, casillero digital,
notificación a la oficina y comparendo digital, oficios digitales a organismos,
consulta digital de expedientes, consulta digital a Unidades Judiciales y mesas
de atención virtual en distintos puntos de la provincia.
Para
ello, previamente tuvimos que:
implementar
la firma digital y electrónica de magistrados y profesionales, e
implementar,
en forma coordinada con la institución bancaria que presta servicios a nuestro
Poder Judicial, el pago digital.
Pero
eso no es todo, ya que para completar el cuadro de digitalización integral
avanzamos instrumentando las audiencias virtuales y semipresenciales.
Y todo
ello, es decir cada uno de esos nuevos pasos digitales que nos imponía nuestro
plan de acción, estuvo acompañado de un protocolo, de un manual o una circular
de la Corte Suprema de actualización del expediente digital. Una tarea
realmente titánica de nuestras Direcciones y Oficinas Judiciales: de Sistemas,
de Gestión, de Coordinación estratégica y de todos nuestros magistrados,
funcionarios y empleados que estuvieron a la altura de los tiempos y se
pusieron al hombro el desafío de la digitalización en plena pandemia.
No
pretendo desconocer que un cambio de tamaña magnitud siempre trae aparejadas
resistencias: sobre todo de las personas de mayor edad que están lejos de ser
nativos digitales. Es más, yo mismo me incluyo en esa franja etaria que tuvo
que poner todas sus energías y amplitud mental al servicio del objetivo que
como Corte nos impusimos.
Así,
si bien tuvimos una inicial resistencia al cambio de un importante sector de
los abogados que reclamaba mantener el sistema presencial con mayoría de trámites
escriturales, a las pocas semanas de ponerse en marcha el sistema (y
solucionándose los lógicos primeros inconvenientes suscitados) una notoria
mayoría de abogados comenzó a advertir las bondades del expediente digital:
ingreso de escritos las 24 horas del día los siete días de la semana, eliminar
gastos y trastornos de traslados a las Unidades Jurisdiccionales y, por
supuesto: cuidado de su salud y de sus familiares en plena pandemia.
Los
datos estadísticos que manejamos, desde la puesta en marcha del expediente
digital en las unidades jurisdiccionales (desde el 27 de abril al 15 de
noviembre de 2020), son reveladores del éxito de su implementación:
Actividad
Jurisdiccional:
27.941
Expedientes Ingresados
155.523
Expedientes Trabajados
1.750.861
Actuaciones Trabajadas
40.637
Sentencia Dictadas
2.496
audiencias remotas agendadas
1.167.602
notificaciones a la oficina
226.370
cédulas digitales
68.709
oficios con firma digital
65.714
boletas de pago generadas
Presentaciones
digitales ingresadas:
548.780
presentaciones ingresadas desde el 27 de abril.
Los
ingresantes fueron en paulatino aumento: desde los 447 iniciales la primera
semana hasta los 5.345 ingresantes de la última semana (82 % de ellos
abogados).
A
pesar de todo el esfuerzo realizado durante este año, somos conscientes que
cuando se ponen en marcha estos procesos, sólo cabe la mejora continua. Así, ya
está en marcha la compra de nuevos servidores, mejorar la interconectividad
entre edificios del Poder Judicial y certificar normas de calidad para los
procedimientos de seguridad en la Dirección de Sistemas: para ello, ya estamos
documentando los procedimientos, realizando análisis de riesgos y elaborando el
plan de acción.
Entramos
en la etapa de consolidar este gran cambio de paradigma que implicó la
implementación del expediente digital. Con esta herramienta fundamental, el
paso gigante para mejorar la administración de justicia está dado. Pero ahora
tenemos, además, mayor capacidad de planificar y diseñar políticas de gestión
judicial que posibiliten cambios profundos de la realidad de justiciables y
operadores de justicia en general, para beneficio de la comunidad tucumana en
su conjunto.
Daniel Leiva es Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/87945/articulos/la-pandemia-y-el-desafio-en-la-gestion-judicial.html