El legislador porteño y ex ministro de Justicia, Martín Ocampo, sigueal tanto la demanda por la quita de puntos de coparticipación de Nación a Ciudad. Es abogado radical especialista en Derecho Administrativo y de las Telecomunicaciones, su padrino político es Daniel “El tano” Angelici con quien lidera la agrupación “Radicales por Argentina” y tuvo roles importantes en la gestión judicial del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Hoy es legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue Ministro de Justicia y Seguridad porteño, y también legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2014. Su espada de Damocles fue el frustrado operativo Boca-River en el Monumental con el ataque de barras bravas al micro de Boca que terminó con su eyección del cargo en el cual reconoció “su responsabilidad política”.

En diálogo con Tiempo Judicial sobrevoló todos los temas judiciales de la actualidad con especial hincapié en el conflicto de coparticipación federal entre el gobierno de Alberto Fernández y el de Rodríguez Larreta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la presentación de una demanda por inconstitucionalidad tras la modificación del porcentaje que recibirá la C.A.B.A.

En detalle, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promovió una acción judicial contra el Estado Nacional para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 735/20 y que se recomponga la integralidad de los fondos del Tesoro Local que dejen de ingresar en el futuro por aplicación del Decreto cuestionado que serían 52 mil millones de pesos menos para el gobierno de Larreta.Empecemos con el tema del momento sobre la coparticipación y el conflicto entre Nación y Ciudad: ¿Cómo está hoy el reclamo del gobierno porteño ante la Corte Suprema de Justicia ante la sanción de otra ley que restringe aun más los fondos?

El reclamo continúa y se amplió la demanda porque lo que no puede hacer el Estado federal es intervenir y modificar la coparticipación porque tiene que ser con el acuerdo de todas las provincias. La Corte Suprema en el caso de Santa Fe y San Luis ya sentó antecedentes por eso planteamos que es inconstitucional lo que hizo el Gobierno nacional. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que la transferencia de competencias, misiones y funciones se deben transferir con los respectivos recursos (artículo 75 inciso 2).

¿Es un ataque a la autonomía y el federalismo de la CABA?

Es un regreso a la filosofía del menemismo. Es la misma política, porque esa claúsula que se agregó a la Constitución fue porque el menemismo había transferido los colegios y los hospitales a las provincias sin los recursos, y en la reforma de 1994 se agregó esta claúsula que dice que todas las transferencias de las competencias tienen que venir acompañadas de sus respectivos recursos.

Cuando ahora hablan de la transferencia de la Policía de la Ciudad, no es así sino que es la transferencia de las competencias en materia de seguridad, y en parte es por la Policía de la Ciudad. Esto lo planteamos en la demanda porque volvieron a realizar una transferencia sin recursos.

¿Cuál fue el objetivo final?

El objetivo es desfinanciar a la Ciudad y hacerle daño político a Larreta, es una mirada sobre el estado apropiándoselo para hacerle daño a un contrincante político.

De 4 pesos que tiene el presupuesto de la C.A.B.A., 2 pesos son para gastos corrientes que no se pueden modificar y 2 pesos son de inversión. Con el recorte que hizo el Gobierno nacional, de estos 2 pesos, 1 peso le corresponde a la quita de coparticipación. Entonces, nos redujeron la capacidad de gestión en un 50 por ciento para hacerle daño a Larreta, le hacen daño a la Ciudad y a un contrincante político.

¿Hay posibilidad de acuerdo entre Nación y Ciudad o entre los legisladores porteños?

Con la  maniobra política que hicieron también en la Legislatura porteña, no veo que se puedan generar acuerdos ya que Frente de Todos avaló la desfinanciación del gobierno de la Ciudad

Y los legisladores tenemos el mandato de defender los recursos de los vecinos de la ciudad porque juramos la Constitución defendiendo su autonomía. El manoteo de la plata fue tan evidente y político porque los legisladores del FDT cerraron su maniobra política al no votar los impuestos que se pensaron para financiar ese saqueo, fue clarísima la maniobra.

¿Con este conflicto que escaló y está en la Corte Suprema, la idea es esperar el fallo del Máximo Tribunal de Justicia o hay algún canal de diálogo entre Alberto y Horacio?

Nunca descarto un canal de diálogo, pero es difícil con un gobierno que te dice que es su amigo y luego te clava un puñal por la espalda. Sino, esperaremos a que resuelva la Corte en línea con el planteo constitucional que hicimos.

¿En este sentido, es real la autonomía porteña en materia de Justicia o todavía faltan algunos traspasos de competencias penales?

Muy pocas transferencias están pasadas, ya que el convenio que firmaron Macri como presidente y Larreta como jefe de Gobierno aún no está implementado y continúa en el Congreso con trámite parlamentario. 

¿Y esta gestión inconclusa de qué forma como complica el funcionamiento del Poder Judicial porteño?

Complica mucho el diseño de la política criminal sino hay un correcto funcionamiento de la justicia porteña con todas las competencias. Todas las provincias tienen la potestad de definir su política criminal y debes tener todas las herramientas para tener un sistema judicial integrado con la problemática de seguridad.

Lo mejor es que la C.A.B.A. tenga las mismas competencias penales que las provincias, pero también desde el punto de vista penal y también civil porque para el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner es más importante un divorcio de un vecino porteño que el de un vecino de la provincia de Chaco.

No puede ser que el Estado federal se ocupe de los divorcios o de un conflicto laboral de la Ciudad cuando el resto de las provincias tratan estos temas. Es un problema de federalización desacertado como política judicial. 

¿Por qué el problema de la autonomía incompleta de la C.A.B.A. no se resolvió aún luego de haber pasado 26 años de la reforma constitucional de 1994?

Creo que los sucesivos gobiernos peronistas comparten la filosofía del menemismo y siempre pusieron límites a la C.A.B.A. porque entienden que esta autonomía fue un arrebato del radicalismo al peronismo en la negociación de la reforma constitucional. Desde ahí buscaron artilugios para ponerle límites a la autonomía porteña como la ley Cafiero por ejemplo.

En otros gobiernos no peronistas no pasó eso, en el gobierno de Fernando De la Rúa y en el de Mauricio Macri hubo transferencia de competencias. Nosotros transferimos la policía de la ciudad y fue uno de los desafíos más importantes de mi carrera. Un Estado se completa teniendo su propia policía y fue un paso importante pero no el último. El PJ siempre se opone en todas sus versiones, menemista o kirchnerista.

¿Cómo ves hoy el funcionamiento de la justicia porteña siendo ex ministro y especialista en esta temática además de las duras críticas del legislador Leandro Santoro?

La justicia porteña en general es un modelo de justicia a seguir en el resto del país, por eso me llamó mucho la atención el desconocimiento de los procesos que tenia Santoro cuando habló de justicia contravencional cuando hace muchos años que tenemos competencias penales en la ciudad.

La diferencia con el sistema de organización de la justicia nacional es que al no ser un sistema acusatorio es absolutamente ineficiente y lejano. En la Ciudad, el problema es que necesitamos que el Congreso nacional legisle sobre los Códigos de Procedimientos para los delitos nacionales de la C.A.B.A. lo cual es insólito.

Por último, creo que la justicia porteño es un modelo a seguir. Hace poco se desfederalizó el narcomenudeo que comenzó a regir en la C.A.B.A. y se logró una condena por este tipo de delitos en cuatro días. Es un sistema eficiente y ágil con respecto a otros modelos de justicia en el país. Así como las usurpaciones hoy se atienden en la justicia porteña y se resuelven en un promedio de 3 meses cuando en Nación tardaban años.