La Asociación Civil por la Igualdad y
la Justicia (ACIJ) presentó un informe sobre los procesos disciplinarios en el
ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación y reveló demoras en gran
parte de los expedientes tramitados en los últimos años.
A lo largo de 31 páginas, el informe
analiza los diferentes datos sobre los expedientes culminados, desestimados o
resueltos, con el fin de conocer algunos aspectos de la forma en la cual el
Consejo de la Magistratura lleva adelante este tipo de procedimientos.
El documento advirtió que existen
“demoras significativas e injustificadas” en gran parte de los procedimientos,
sin que existan consecuencias sobre los consejeros a cargo de la tramitación.
El promedio total de duración de los procesos disciplinarios es de 361 días
corridos, y la mayor parte de la vida del expediente transcurre en la Comisión
de Disciplina y Acusación.
La demora promedio del plenario para
tratar los temas es de casi una sexta parte de la duración total, con 58 días
corridos. A su vez, el desagregado por año revela que los expedientes iniciados
en los años 2012, 2013 y 2014 fueron los que mayor cantidad de tiempo duraron;
mientras que se observa una caída pronunciada el 2017.
La asociación explicó que la “falta de
medidas realizadas en la mayoría de los expedientes disciplinarios no se
condice con el tiempo que insumieron para su resolución”. En el 19% de los
casos se desestimaron las denuncias in limine sin solicitar ni realizar ninguna
medida probatoria; mientras que en el 27% se desestimó la denuncia tras
correrle traslado al denunciado, pero sin ordenar ninguna medida de prueba.
Sólo en el 22% de los casos el Consejo
de la Magistratura realizó alguna medida probatoria, las cuales constituyeron
casi exclusivamente en solicitud de copias de expedientes judiciales, según los
datos analizados.
En cuanto a los expedientes terminados por caducidad,
el informe resaltó que aquellas denuncias que ingresaron el 2011 fueron las que
más caducidades registraron. Los jueces más beneficiados por casos de caducidad
fueron Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío, ambos con 9 casos que caducaron,
seguidos por Carlos Vicente Soto Dávila (5 casos), Carlos Alberto Rozanski y Alberto
Ize (4 casos cada uno).
El 2% se determinó la apertura del
procedimiento de remoción. El resto de casos fueron desestimados o archivados.
Sobre este último punto, la entidad destacó que la cantidad de casos en que se
arriban a sanciones “es sensiblemente baja respecto de la cantidad de
denuncias”.
En cuanto a los expedientes terminados por caducidad,
el informe resaltó que aquellas denuncias que ingresaron el 2011 fueron las que
más caducidades registraron. Los jueces más beneficiados por casos de caducidad
fueron Norberto Oyarbide y Claudio Bonadío, ambos con 9 casos que caducaron,
seguidos por Carlos Vicente Soto Dávila (5 casos), Carlos Alberto Rozanski y Alberto
Ize (4 casos cada uno).
La investigación también da cuenta de
que las denuncias son dirigidas en mayor medida a juezas y jueces de primera
instancia. En lo que respecta a las jurisdicciones, los datos arrojan que el
Nacional es el más denunciado y le sigue el fuero federal del interior, es
decir aquellos juzgados federales que se encuentran en las provincias, con
excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los tribunales federales con
sede en la Ciudad de Buenos Aires, el fuero federal penal demuestra ser el más
denunciado.
Archivos adjuntos: file_downloadAnálisis de los procesos
disciplinarios (Policy-Procesos-Disciplinarios.pdf)
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/88189/noticias/procesos-que-tardan-mas-de-la-cuenta.html