El domingo se publicó una solicitada para pedir por la liberación de Amado Boudou que cuenta con la firma de ex presidentes de Latinoamérica, legisladores nacionales, intendentes, funcionarios del gobierno nacional, periodistas y actores.

“La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones”, sostiene el escrito. Asimismo, agrega que estamos en presencia de “una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población”.

En ese contexto, Graciana Peñafort, abogada del ex vicepresidente, sostuvo: "En Argentina muchas personas creemos que hay presos políticos. Alberto Fernández no puede salir a hablar porque es el Presidente y cuestiona hasta donde puede". Si no fuera Presidente hubiera firmado la solicitud".

“Cuando se habla del caso de Amado Boudou muchos hacen una simplificación diciendo que es el Poder Ejecutivo el que tiene la responsabilidad y la verdad que la prisión de Amado Boudou no es una decisión del Poder Ejecutivo. Es una cuestión que vincula directamente al Poder Judicial y los medios de comunicación”, sostuvo en diálogo con radio La Red.

Además, enfatizó que “Amado Boudou fue espiado por el Estado, por gente de la AFI" y dijo que harán una presentación ante la una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revise la condena.

“Nosotros creemos que la sentencia que condena a Boudou es una sentencia que omitió respetar el debido proceso y vamos a solicitar que la Corte Interamericana revise la condena”, explicó.

Por otra parte, Peñafort señaló distintas irregularidades que hubo durante el juicio y sostuvo que el presidente de ese tribunal estaba negociando con el Poder Ejecutivo su llegada a la Cámara Federal. “Durante todo el juicio fue notorio el tratamiento en manos de Leopoldo Bruglia", agregó.

En ese sentido, detalló que durante el juicio Bruglia estaba negociando con el Poder Ejecutivo su traslado a la Cámara Federal porteña. Cabe recordar sobre este punto que en el mes de noviembre la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo en que destacó que esos traslados no pueden considerarse como nombramientos definitvos.