El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires reúne a jueces, fiscales y defensores de las 19 departamentales y cuenta con más de 7.600 asociadas y asociados. Presidido por el juez marplatense Rodrigo Cataldo presentaron una acción colectiva pidiendo cobrar los mismos salarios que los jueces nacionales.

En la justicia bonaerense, desde la entidad presentaron una acción colectiva que impulsa la equiparación salarial de la justicia bonaerense con las jurisdicciones mejor remuneradas del país, es decir los salarios de los magistrados nacionales y federales.

Ayer, en plena feria judicial, el juzgado de Garantías 1 de Lomas de Zamora dictó sentencia en el amparo donde ordenó al Poder Ejecutivo bonaerense a cargo de Axel Kicillof que “proceda a la recomposición salarial de magistrados y funcionarios, con un tope equivalente al 80 por ciento de la remuneración de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional”.

La decisión fue firmada por un conjuez de Lomas de Zamora, Juan Manuel Álvarez Acuña, y está contemplada en la Constitución provincial y en varias resoluciones de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y se fundó en el hecho de que ningún magistrado puede resolver en una causa en la que resultara afectado sobre sí mismo.

La equiparación salarial de jueces bonaerenses y nacionales, expresa el fallo de primera instancia, deberá “completarse en un plazo de 5 años como máximo” y “reconoce” que los jueces bonaerenses sufrieron un severo y sostenido deterioro de sus salarios en los últimos años lo que “constituye una violación al principio de intangibilidad de las remuneraciones”.

Así las cosas, Juan Manuel Álvarez Echagüe resolvió hacer lugar a la acción de amparo ordenando en consecuencia “al Poder Ejecutivo provincial para que, conforme las pautas que se detallan en el apartado D) de los Considerandos de esta resolución, proceda a realizar la recomposición salarial de los Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, a cuyos efectos deberá incluir las partidas necesarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022”.

El magistrado entendió que la recomposición salarial debe ser del 10 % anual a lo largo de los 5 años subsiguientes. Y argumentó también que su decisión no implica, de modo alguno, fijar las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la PBA, ni desplazar las funciones del Poder Legislativo provincial que le otorga el art. 103 inciso 2º de la Constitución provincial, sino establecer un esquema de recomposición salarial al haber el Estado Provincial incumplido con la obligación asumida en el acta acuerdo de mayo de 2016. Por ende, no se afecta de ningún modo la división de poderes”.

Desde la entidad expresaron a este medio que el fallo “constituye un reconocimiento del derecho de las y los bonaerenses a contar con un Poder Judicial jerarquizado y con las condiciones necesarias para garantizar su independencia”.