El encuentro fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla y la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional, Andrea Pochak; así como por el lado de Amnistía Internacional estuvieron su directora ejecutiva, Mariela Belski, y Paola García Rey, directora adjunta de la entidad internacional. El gobernador Gildo Infrán envió al vicegobernador de Formosa, Eber Solís, quien llegó acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Jorge González; y Claudia Rodríguez, funcionaria de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Desarrollo Humano provincial.

En declaraciones recientes a Radio Continental, Amnistía coincidió con el Gobierno nacional sobre Formosa en que no hay semejanzas entre lo que ocurre en los centros de aislamiento en la provincia mencionada con lo ocurrido en la última dictadura militar. “Ellos sostienen que no hay una política sistemática de violación de derechos humanos, que también lo sostenemos nosotros”, explicó Paola García Rey dirigente de Amnistía Internacional presente en el encuentro.

"Fue una reunión cordial, hablamos en buenos términos, recibimos un poco más de información. La reunión sirvió para ajustar y coincidir en algunas cuestiones vinculadas con la situación actual. Tanto el Gobierno nacional como Amnistía conoce la situación ocurrida en territorio, sabe que hay personas alojadas en condiciones preocupantes, sin saber cuándo van a salir”, explicó tras la reunión la directora ajunta luego de semanas de conflicto.

"Nos contaron con detalle la experiencia de la visita, qué vieron, nos comentaron su mirada respecto de Formosa y de la reunión que tuvieron ayer con las autoridades de la provincia. Nos dijeron que van a seguir monitoreando la situación y no van a sacar los ojos de ahí", añadió la representante de Amnistía.

“Ellos sostienen que no hay una política sistemática de violación de derechos humanos, que también lo sostenemos nosotros. Coincidimos en que no tiene que ver con lo que ocurría en la última dictadura. Trabajan con la provincia en un documento con recomendaciones tanto en derechos humanos como en política sanitaria", agregó García Rey.

En tanto, Belski explicó a Télam que "la provincia aceptó la colaboración del Gobierno nacional para trabajar de manera conjunta" y que la entidad de derechos humanos pudo exponer su posición sobre casos que consideran "contundentes". "Quedamos en estar en contacto, cada vez que tengamos alguna denuncia se las vamos a acercar. Lo que más nos importa es tener acceso a las autoridades para que eso se revierta", destacó.

¿Cómo empezó el conflicto en Formosa?

El 26 de enero pasado, Amnistía Internacional había mostrado su preocupación sobre la situación sanitaria en la provincia de Formosa, gobernada por Gildo Insfrán, a través de un comunicado en el que enumeró las diversas denuncias que les llegaron por intermedio de abogados y ciudadanos tuvieron hechos de aislamiento obligatorio, falta de controles sanitarios o el impedimento de ingreso a la provincia.

En el texto resaltaron que se obligaría a permanecer en los centros de aislamiento a personas con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19 expuestas al contagio. No se les brindaría información de su situación de salud, o se lo hace de palabra sin tener acceso a los resultados de sus test COVID-19.

En diálogo con este medio, Noelia Garone, quien es directora de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del organismo, afirmó que “se sigue a la provincia desde hace meses por la situación de las personas varadas, y también en todo el país, porque la emergencia sanitaria pone un poco en jaque algunos derechos humanos”.

“Están mezclando a todos, y además se denuncian malas condiciones de aislamiento y precauciones sanitarias de por sí”, lamentó la directora quien agregó que se presentarán en la Comisión Interamericana con medidas cautelares y, por considerar que hay detenciones arbitrarias, se presentarán en las Naciones Unidas. "Entendemos la preocupación de las autoridades para frenar el contagio, evitar la propagación, pero eso no puede ser excusa para actuar y recibir las denuncias que hemos señalado”, concluyó Garone.