En septiembre de 2017 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275), que estableció un conjunto de las instituciones públicas nacionales y determinó con precisión las formas en las que la ciudadanía puede ejercer un derecho fundamental para el adecuado funcionamiento de nuestra democracia.

La normativa previó la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) con un titular designado a propuesta del Poder Ejecutivo, a los fines de controlar el cumplimiento de la ley, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y ser autoridad de aplicación de la ley de Protección de Datos Personales.

Eduardo Bertoni fue primer director desde la creación de la Agencia y dejó el organismo a partir del 1 de enero del 2021, pero aún no se conoce una propuesta del Poder Ejecutivo para ocupar el cargo.

“Es necesario, entonces, que las autoridades de este poder del Estado inicien a la mayor brevedad el proceso de designación de su titular, de manera transparente y participativa, proponiendo a una persona idónea que demuestre una sólida trayectoria en la materia, otorgue garantías de imparcialidad y pueda dar cuenta de un claro compromiso en la protección del derecho de acceso a la información pública”, reclamaron las organizaciones ACIJ, CIPPEC, Directorio Legislativo, Infociudadana y Poder Ciudadano.

“El acceso a la información es un derecho humano que tiene un rol central en el monitoreo ciudadano de las políticas públicas y, por ende, impacta de forma directa en la protección del conjunto de los derechos. Resulta fundamental que todos los mecanismos diseñados para promover la defensa de los derechos, la transparencia y la rendición de cuentas del Estado se encuentren funcionando de forma plena”, concluye el comunicado de prensa.

Señalaron, asimismo, la necesidad de una autoridad que “muestre proactividad para asegurar el principio de máxima divulgación y apertura de la información en manos del Estado”, y añadieron: “Vale destacar, a su vez, que esta decisión debe darse en un marco en el que se encuentran aún pendientes la creación y puesta en funcionamiento de los órganos garantes del Poder Legislativo (en cuyo caso fue creado por la reglamentación pero aún no fue designada su autoridad) y de la Corte Suprema de Justicia (que decidió no crearlo, ignorando lo establecido por la normativa), una deuda que debe ser saldada en forma urgente”.

“El acceso a la información es un derecho humano que tiene un rol central en el monitoreo ciudadano de las políticas públicas y, por ende, impacta de forma directa en la protección del conjunto de los derechos. Resulta fundamental que todos los mecanismos diseñados para promover la defensa de los derechos, la transparencia y la rendición de cuentas del Estado se encuentren funcionando de forma plena”, concluye el comunicado de prensa.