Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya fallado en contra del Estado nacional por considerar que los derechos de los detenidos eran vulnerados en los traslados de cárceles federales, se ordenó un cambio en el protocolo. Esto compete al ámbito del Servicio Penitenciario Federal.

El nuevo protocolo fue aprobado el 8 de febrero. En este caso, los demandantes tuvieron como patrocinadores a los abogados Gustavo Vitale y Fernando Diez. Además, se sumó como “perita experta” la directora del Observatorio de Cárceles Marta Monclús.

El fallo, llamado "Néstor Rolando López y otros. vs Argentina", determinó que el Estado debe “adoptar las medidas necesarias de orden legislativo, administrativo y judicial para reglamentar los traslados de personas privadas de su libertad condenadas”. Este cambio, según la resolución, busca mejorar la vida penitenciaria y concluir con prácticas que atentan con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En principio, entre varios ítems, se aclara que “el alojamiento de las personas privadas de la libertad será dispuesto, en la medida de lo posible, en establecimientos cercanos a su familia, comunidad y a quienes ejerzan su defensa”, y que toda medida de traslado debe ser justificada y se tendrán en cuenta como objetivo principal la reinserción de la persona a la sociedad.

Además, se deberá observar que el detenido no tenga una causa pendiente de resolución, que la persona no esté próxima, al menos en 90 días, a su libertad. Se deben garantizar los protocolos de cuidados en los detenidos que lo requieran, que en el momento del traslado no estén cursando estudios universitarios y en el caso de autopercibirse distinto a su género de nacimiento, debe ser trasladada a una unidad de iguales características.

Este cambio, se debió a que la CIDH consideró que no se cumplían con los derechos básicos de los detenidos, además de los traslados arbitrarios. Se busca, por sobre todo, que el recluso tenga el máximo contacto con el mundo exterior, ya sea su familia, lugar de pertenencia y oportunidades de defensa. En esa sintonía, se procura que los que comenzaron estudios universitarios puedan continuar hasta terminarlos o terminar su sentencia.