La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ledesma, confirmó la sentencia de la anterior instancia que dictó la absolución de una mujer que ejerció como "mula" con el objetivo de juntar dinero para pagar la cirugía que necesitaba su hijo menor.

Según los detalles de la causa, la mujer era quien estaba a cargo de la manutención, cuidado y contención emocional de sus dos hijos menores de edad, en un contexto de violencia de género, sin trabajo formal ni obra social y sin estudios secundarios completos, contexto que influyó en su decisión de traficar droga.

El fallo destacó que se debe priorizar el contexto de violencia y vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer, quién "eligió" un mal menor para salvar la integridad psicofísica de su hija".

Ledesma compartió los argumentos del Tribunal de primera instancia que consideró que no se puede desconocer la situación de necesidad que primó sobre la imputada, que "se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia".

Al respecto, la jueza agregó que fallar en contra "implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal".

A pesar de las impugnaciones interpuestas por el Ministerio Público Fiscal, la magistrada entendió que la causa requería ser analizada desde "un enfoque integrador que incluya la perspectiva de género en virtud de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer".

"No me queda más que coincidir con los argumentos expuestos en el Amicus Curiae por los defensores públicos Julieta Di Corleto y Gabriel Ignacio Anitua, que razonablemente ponen foco en los condicionamientos por género, pobreza y violencia que afectaron a M.C.R. y condicionaron sus posibilidades de actuar conforme a derecho", expresó la jurista.

El fallo destacó que se debe priorizar el contexto de violencia y vulnerabilidad en el que se encontraba la mujer, quién "eligió" un mal menor para salvar la integridad psicofísica de su hija".

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