La
posible paralización –total o parcial- de la actividad judicial dividió a los
integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación. Los representantes del
estamento de los abogados manifestaron su preocupación y afirmaron: "La
imposición de una nueva feria judicial no haría más que agravar el actual
estado de situación con un profundo menoscabo de los derechos constitucionales
de los ciudadanos en general y de los profesionales del derecho en particular”.
En
concreto, los consejeros Diego Marias y Carlos Matterson enviaron una nota al
presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, rechazando el pedido
del juez Alberto Lugones, quien planteó la necesidad de volver a la feria
judicial “por razones de salud”, tal como sucedió hace apenas un año cuando la
Corte Suprema decretó la feria por la emergencia sanitaria.
La
propuesta de Lugones causó gran malestar entre los profesionales de la
matrícula, ya que la adopción de medidas que restrinjan o disminuyan la
prestación del servicio causaría una grave “afección de los ingresos familiares
de miles de abogados y abogadas” de todo el país, según argumentaron. La
profesión es una de las más afectada por la pandemia y consideran
"inviable" soportar una nueva feria.
Marias
y Matterson destacaron, asimismo, los avances tecnológicos que se dieron en el
último año y que permitieron que una parte sustancial del trabajo que se
realizaba en forma presencial “pudiere realizarse a través de medios
telemáticos, reduciendo significativamente la concurrencia a los tribunales”,
lo que previene los contagios por coronavirus.
Desde
el gremio de los judiciales ya solicitaron a la Corte Suprema que se establezca
un “estricto sistema de guardias mínimas y restringir toda otra presencialidad,
especificando concretamente e número total de personas –cualquiera sea su
jerarquía laboral- que puede concurrir a cada dependencia”.
“Dicho
esquema de trabajo ha permitido garantizar la prestación del servicio de
justicia, aunque con las limitaciones derivadas del contexto sanitario causando
notarios perjuicios particularmente a los justiciables y a los integrantes del
estamento que representamos, toda vez que aquellas limitaciones implican
importantes retrasos en la resolución de causas judiciales o, incluso, la
paralización total de las mismas”, señalaron.
Como
alternativa, los consejeros propusieron llevar adelante una convocatoria para
recabar opiniones y propuestas de todos los actores involucrados e instaron a
continuar profundizando los esfuerzos para avanzar en la modernización y
digitalización del servicio de justicia.
Desde el gremio de los judiciales ya solicitaron a la Corte Suprema que se establezca un “estricto sistema de guardias mínimas y restringir toda otra presencialidad, especificando concretamente e número total de personas –cualquiera sea su jerarquía laboral- que puede concurrir a cada dependencia”.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/88995/noticias/abogados-en-pie-de-guerra.html