Cómo informó este medio, la semana pasada la Asociación de Magistrados de La Plata envió una carta a la Suprema Corte solicitando la suspensión por quince días de la presencialidad ante el aumento de casos de COVID-19 en la región.

Entre los fundamentos del pedido, el Presidente de la asociación Enrique Catani manifestó que el Poder Judicial provincial "ha adquirido muchas herramientas telemáticas, y se ha adaptado a ellas, y tiene una muy buena perfomance en materia de trabajo remoto".

Un informe presentado por la AJB refleja que entre mayo del año pasado y abril del corriente se registraron 2993 casos totales. Un 20,75% del total de casos desde iniciada la pandemia se produjo en lo que va del mes de abril 2021 y el 53,5% durante 2021.

Sin embargo, pese a la evidente propagación de la pandemia en los tribunales, la SCBA se reunió con integrantes de la AJB y decidió no receptar el reclamo gremial. Horas después de la reunión publicó la Resolución 597/21, donde se mantiene el esquema de funcionamiento previo.

Asimismo, de mantenerse el esquema actual el gremio judicial anunciará en los próximos días medidas de acción gremial para garantizar el cuidado de la vida y la integridad física de las y los trabajadores judiciales.

Ante la negativa, la AJB decidió proponer al Colegio de Magistrados una instancia de diálogo para consensuar restricciones efectivas a la presencialidad, asumiendo la responsabilidad institucional que la Suprema Corte decidió declinar.

Asimismo, de mantenerse el esquema actual el gremio judicial anunciará en los próximos días medidas de acción gremial para garantizar el cuidado de la vida y la integridad física de las y los trabajadores judiciales.

Pablo Abramovich, Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), opinó en diálogo con este medio que “en 2020 hubo un abordaje por parte de la Corte donde no se priorizó la salud de los trabajadores y las trabajadoras del poder judicial”.

Abramovich consideró que esta negativa por parte de la SCBA “este es un episodio más donde a nuestro entender no se vislumbra la complejidad de la situación que se atraviesa, con un contexto donde cada infectado de nuestro personal no tiene garantizada la atención médica efectiva. La sociedad tiene que restringir al máximo las actividades que no representen un daño al colectivo, y es por eso que nosotros venimos planteando que esas restricciones de presencialidad en el poder judicial no tienen serias consecuencias en la prestación del servicio, porque gran parte de esas tareas se pueden hacer de manera remota”.