A través de una carta enviada al Ministerio de Justicia provincial, a cargo de Julián López, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba reclamó la inoculación de 47 magistrados y funcionarios judiciales en el acuerdo firmado por Ignacio Vélez Funes, Abel Sánchez Torres, Eduardo Ávalos, Graciela Montessi y Liliana Navarro el 21 de abril, pidiendo la “pronta inclusión” de lo jueces federales, magistrados de Cámara, secretarios y funcionarios jerárquicos a la inoculación contra el Covid-19.

Entre ellos se encuentran algunos con comorbilidades y con algunas dosis de Covid-19 ya inoculadas. Según el diario La Voz, los que pidieron la vacunación al gobernador son cinco jueces de Cámara de Apelaciones de Córdoba: Abel Sánchez Torres, Luis Rueda, Eduardo Ávalos, Graciela Montesi y Liliana Navarro. También los jueces federales cordobeses Miguel Hugo Vaca Narvaja (Capital), Carlos Arturo Ochoa (Río Cuarto), Roque Ramón Rebak (Villa María) y Sergio Aníbal Pinto (Bell Ville). Los demás son, en su mayoría, secretarios de Cámara o de los distintos juzgados.

El reclamo generó la crítica del gremio de los empleados judiciales, UEJN, encabezado por Julio Piumato quien consideró “discriminatorio” el pedido de los magistrados cordobeses. “Vergüenza nacional”, dice el cartel de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en la sede los tribunales federales que generó la aclaración de la Cámara.

En este sentido, el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Córdoba, Ignacio Vélez Funes, explicó que “de ninguna manera es un trato discriminatorio a los empleados judiciales ni es el pedido de un trato privilegiado para la Cámara Federal de Córdoba o a los jueces, lo que se priorizó es la inmunización de los funcionarios que tienen mayor responsabilidad en el funcionamiento del Poder Judicial”, indicó negando la “discriminación” esgrimida por el gremio.

“Entendemos que se hizo lugar al reclamo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en cuanto a revocar el pedido administrativo y entablar una nueva gestión para obtener la vacunación de todo el personal”, expresó delegado de la regional Córdoba de la UEJN, Gabriel Álvarez.

La decisión final sería incluir a todos los empleados judiciales, funcionarios y magistrados mayores de 50 años aunque todo depende de la cantidad de vacunas que reciba la provincia en los sucesivos envíos que le realiza el Gobierno Nacional.

Además, Vélez Funes explicó que el pedido de la Cámara no tuvo hasta el momento respuesta favorable del Gobierno provincial. “El Ministerio de Justicia de la Provincia receptó el pedido y nos solicitó información sobre la edad de los funcionarios que integran la nómina de personas a ser vacunadas. Por supuesto que la Provincia es la que tiene la potestad de definir las prioridades”, indicó el magistrado a diarios provinciales.