La decisión de la Corte Suprema de avalar el reclamo del Gobierno de la Ciudad, ocurrido el 4 de mayo pasado, para la continuidad de las clases presenciales aún es una hoguera que no termina de apagarse. Un grupo de juristas realizaron un pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema.

El pedido de juicio político a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti fue motorizado por Lucila Larrandart, Eduardo Barcesat, Luis Kon, Eduardo Tavani, Carlos Rozanski y el exsupremo y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni, entre otros. Más de 10.000 personas adhirieron a la presentación.

Al respecto, el ex juez Carlos Rozanski, que forma parte de solicitud, señaló en diálogo con Tiempo Judicial que “el pedido fue hecho porque consideramos que el fallo viola distintas normas y que merecía que se pidiera el juicio político y que respondieran los cuatro ministros denunciados”. 

En tanto, consideró: “Creo que tiene una fuerte vinculación con el reclamo social. Hay un reclamo de la sociedad muy marcado, los números lo dicen, hay más del 80 por ciento de la población descree de su justicia, un índice alarmante”.

Además, consideró que “la reacción frente a fallos injustos es lo mejor que nos puede pasar como sociedad, en este caso, por ejemplo, el pedido de juicio político que se hizo ayer, hace 24 horas, ya pasó las 14 mil adhesiones, no es un ‘me gusta’, sino con los datos correspondientes”, y subrayó que “no tiene precedentes”.

En tanto, el abogado Eduardo Salvador Barcesat, que también se adhirió a la causa, señaló que “hay dos temas centrales, uno es la salud pública y el otro es la cuestión de dictar un pronunciamiento en abstracto”.

“Lo más peligroso es lo que refiere a la salud pública y donde curiosamente la corte, después de reconocer que no tienen capacitación para determinar las medidas apropiadas, pasan a manifestar que no está suficientemente fundado el decreto del presidente y por eso hizo lugar al reclamo”, explicó.

Asimismo, destacó que “es impensable -la resolución- porque las medidas son las que recomendó la Organización Mundial de la Salud, el equipo de médicos epidemiológicos y demás autoridades”.

“La corte en marzo del 2020 determinó que la cuestión de política sanitaria era de incumbencia del Poder Ejecutivo Nacional”, recordó Barcesat, y precisó que en ese momento se dispuso una feria judicial por el tiempo de las restricciones, y subrayó que “ahora también se determinó un feriado judicial, esto hace un bache en su doctrina”. 

El letrado desatacó que la Corte “autorizó al Gobierno de la Cuidad a que siga con la presencialidad en los colegios con los resultados que ya tenemos a la vista y ese incremento en los números de contagiados y de muertes es el punto más doloroso”.

“No hubo un dolo directo, pero entendemos que hubo uno eventual al no prever los resultados de la decisión que tomó y el jefe de Gobierno llevó adelante”, concluyó.