Desde 2002 la cadena reclama ingresar a la provincia de Buenos Aires, pero este pedido fue denegado en varias instancias judiciales ya que el artículo 14 de la Ley 10.606 prohíbe el ingreso de farmacias como sociedades anónimas. Esta normativa había permitido proteger a las farmacias de barrio contra el arribo de una gran cadena comercial. El Colegio de Farmacéuticos bonaerense rechaza el ingreso de la cadena a Buenos Aires con el apoyo de un sector político afín al peronismo bonaerense.

La acción fue iniciada por Farmacity en 2010 cuando el ministerio de Salud bonaerense le negó abrir una sucursal en Pilar. El gobierno provincial de Scioli le denegó tanto la solicitud genérica para operar dentro del ámbito provincial como la habilitación de dicho local.

El reclamo del ex vicejefe de Gabinete de Macri busca que se declare la inconstitucionalidad de la normativa. En abril de 2018, la fiscal Laura Monti avaló con su dictamen la posición de la empresa para desembarcar en territorio bonaerense. En su escrito, Monti señaló que "la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley provincial 10.606 aparece indudablemente configurada, pues la provincia demandada al legislar sobre la propiedad o titularidad de los establecimientos farmacéuticos, avanzó indebidamente sobre un tema -la capacidad de las personas- cuya regulación corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación".

El gobierno de la provincia de Buenos Aires argumentó en el causa que en el artículo 14 de la ley provincial 10.606 al enumerar las personas que pueden ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas, en pos de contemplar a la actividad como un servicio público. Y pone en jaque a miles de farmacias “medianas y chicas” según denunciaron desde los colegio de farmacéuticos bonaerenses en la audiencia pública hace dos años en la Corte Suprema.

¿Cómo funcionó el voto de la Corte para esta causa particular?

En una escueta resolución a fines de febrero en el expediente “Farmacity S.A. contra el Fisco de la provincia de Buenos Aires y otros” el Máximo Tribunal de Justicia dispuso que por la “excusación” de los dos ministros de la CSJN, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, deba sortearse la intervención en esta causa particular de dos “conjueces” o jueces de otros tribunales.

Esta medida así lo estipula el artículo 22 del DECRETO-LEY N° 1285 del 4 de febrero de 1958 (actual art 1 de la ley 23.498) que explica que “en los casos de recusación, excusación, vacancia o licencia de alguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal se integrará, hasta el número legal para fallar, mediante sorteo entre los presidentes de las cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias”.

El actual presidente de la CSJN se excusó porque antes de ser ministro de la Corte fue socio del estudio jurídico Bouzat que representa hoy en día a la empresa ante el tribunal por lo tanto se “excuso de intervenir desde el inicio del expediente”, detallaron fuentes judiciales. Rosatti también porque tuvo como asesora a la directora de Asuntos Jurídicos de la compañía. Y también se excusó de intervenir en la causa invocando normas del código de procedimientos.

Dos años después de las audiencias públicas, el 22 de febrero de 2021 en un auto publicado por los colegas de “Palabras del Derecho”, la Corte determinó realizar el sorteo de 2 jueces de 21 posibles para integrar el voto del tribunal en la causa Farmacity. Estos dos jueces ayer resolvieron junto a los ministros Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. Y los dos "outsiders" que votaron en contra de Farmacity fueron el camarista federal de Comodoro Py, Martín Irurzun y la camarista del TSJ de Corrientes, Mirta Sotelo de Andreau.

El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, salió a respaldar el fallo del Máximo Tribunal de Justicia que falló en contra de la empresa fundada por el exvicejefe de gabinete de Mauricio Macri, Mario Quintana, que inició una causa judicial para poder instalar sus negocios en territorio bonaerense. Un poco de la historia del expediente que puso en jaque a las farmacias bonaerense, a dos ministros de la CSJN, y que se resolvió con ministros outsiders.